Jorge Riani
Son trámites gratuitos, aunque engorrosos. El Programa de Inclusión Previsional y la Moratoria Previsional que ha lanzado el Estado Nacional constituyen la posibilidad real de que los trabajadores que no completaron los aportes puedan acceder a una jubilación. Pero la chance corre también para algunos abogados inescrupulosos que aprovechan el plan como negocio, con una rentabilidad extraordinaria. La denuncia de un grupo de jubiladas del interior de la provincia dejó al descubierto el modo de proceder de algunos estudios jurídicos. Cobran una suma elevada de honorarios, se quedan con la totalidad de los fondos por pagos de retroactivos y a veces hasta avanzan por sobre algún par de meses de pago de jubilaciones. El magnífico negocio no siempre es por el acuerdo de ambas partes. Según algunos de los perjudicados, sus representantes pudieron apropiarse del dinero valiéndose de amenazas. “Si no cumple, le puedo hacer perder el beneficio”, es la frase del asalto. A eso se le suma una cara más de la industria del juicio: las periódicas demandas al Estado Nacional por reajustes salariales. En la delegación entrerriana de Anses tienen 5.000 expedientes de demandas para despachar en los próximos días.
Las sonrisas de cartulina en nada se parecen a la tensión que la espera dibuja en los rostros reales. En la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confluyen esperanzas, urgencias, necesidades, broncas en dosis que se multiplican por las miles de almas que diariamente llegan allí para ajustar cuentas con su futuro. Y también confluye una situación de mucha espera. Como la esperanza, pero sin entusiasmo ni sueños.
Los afiches intentan imponer la sonrisa de campañas oficiales, pero casi nunca lo logran. La atención al público no merece mayores reproches que no sea el que corresponde a los lugares donde un grupo atiende y otro demanda. Hay -en términos generales- buena disposición, y la organización no está mal, con comodidades que ayudan a hacer menos áspera la espera.
Porque la cara real del sistema no está en la ventanilla de atención al cliente. Ni en las oficinas que deben despachar expedientes con velocidades imposibles. De hecho, es en el propio organismo donde saltó la indignación que sirvió de grieta para que trasciendan algunas historias de crueldad.
Una inobjetable fuente le dijo a ANALISIS que un grupo de jubiladas de un pueblo de Paraná Campaña estalló de bronca en las oficinas de calle España de la capital provincial. En el momento en el que la desesperación da lugar a la ira, las jubiladas denunciaron que un grupo de abogados se apropió del cobro de retroactivos a pesar de que por los servicios de gestiones habían cobrado por anticipado unos 1.000 pesos pactados. Mil pesos debieron pagar un considerable número de ancianas que pelean por ingresar al sistema de seguridad social.
Es que el programa de moratoria diseñado por el gobierno nacional para incluir en el beneficio de la jubilación a quienes adeudan años de aportes se ha convertido en territorio abonado para un grupo de abogados despiadados.
Una consulta formulada por este medio en la oficina que puede dar respuestas fundadas del caso permitió arribar a un panorama claro: “Por la ley nacional que rige en la materia, un abogado no puede cobrar más de dos haberes jubilatorios. Pero hay profesionales que exceden eso en sus honorarios. Los abogados serios y éticos cobran dos meses de pago, pero hay que admitir que otros hacen de esto un negocio”.
Al profundizar un poco más la mirada surge el modo en que algunos olfatean negocios allí donde hay un grupo de viejos que pretenden sus haberes para transitar con menos necesidades insatisfechas sus últimos años. “Para citar un caso: hay un abogado de la ciudad de Crespo que alquiló un lugar en varias localidades, y así se hizo de clientes. Aquí pudimos saber que algunas jubiladas de Valle María terminaron perdiendo lo que les correspondía por pagos retroactivos”. Ese es el dinero al que apuntan los abogados despiadados. “En algunos casos el monto a cobrar puede terminar siendo una jugosa suma: cinco mil pesos, por ejemplo, que para un jubilado serían una oportunidad extraordinaria de ver algún dinero que de otro modo no tendría”, confió la fuente a este semanario.
El testimonio causa cierto escalofrío: “No siempre el asunto se pacta de antemano. Según contaron algunas jubiladas, hay aprietes muy fuertes y amenazas de que les harán caer el beneficio si no pagan el dinero reclamado”. Una jubilada se plantó ante el estudio jurídico de Crespo y logró que le hicieran un recibo por el dinero. “Nos vino a ver una mujer con un recibo trucho, no oficial”, contó una trabajadora de Anses.
Hay que aceptar que no pueden faltar factores que abonan la posibilidad de que los despiadados puedan actuar. Los trámites son muy pesados, el Estado no atiende fuera de los bulevares capitalinos, los organismos de control y defensa de los derechos ciudadanos no siempre logran su cometido y las campañas de información se quedan cortas con el nivel de llegada. Sólo así se entiende que un grupo de impiadosos matriculados logre sacar una rentabilidad tan grande por trámites que son gratuitos.
Hay situaciones que no hacen más fáciles las cosas. Un trabajador que haya actuado en la esfera del Estado provincial y que deba buscar los certificados de aporte para el programa de ingreso al sistema jubilatorio deberá hacerse de algo más que de paciencia. Quizás sea necesario algo de resignación si el trámite no se completa a tiempo.
Una fuente ligada a la Caja de Jubilaciones de la provincia le confirmó a este semanario que hay casos de personas que pierden las chances de acceder al beneficio porque los papeles gestionados ante el área de Personal del Estado entrerriano no llegaron a tiempo. Parece de no creer, pero para esos casos no hay moratoria, aun cuando la suerte queda a expensas de la pesada burocracia.
“Los atrasos en conseguir los (certificados de) años de servicios generan una situación paradójica y lamentable: conviene no haber realizado nunca algún aporte e ingresar al sistema de reinserción, antes que ponerse a justificar lo que se aportó”, dijo el experto de la entidad previsional. La situación fue confirmada incluso por el organismo nacional de seguridad social.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
