La última apuesta

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El negocio millonario que significa la venta del Hipódromo de Paraná

J. R.

Por estos días se cuece el destino del predio del, hasta ahora, Hipódromo de Paraná. En el ámbito de la Justicia se está por decidir si se le da luz verde a la venta, y en qué términos. Porque en caso de venderse, la comisión directiva de la entidad de los caballos podría dar lugar a la ejecución de un plan de construcción sobre buena parte del predio de 22 hectáreas. Calles y shopping están en la mente de los que sueñan con el jugoso negocio. Ni el Foro Ecologista de Paraná ni los vecinos de barrios circundantes pudieron tener un lugar en la causa en la que se fija el destino del tradicional y valioso espacio urbano. Ambientalistas y dirigentes del Jockey se mostraron conformes con sendos diálogos que mantuvieron con funcionarios de la Municipalidad, a pesar de que se trata de proyectos antagónicos. Los primeros quieren garantizar el valor arquitectónico de las instalaciones y el pulmón verde en medio de la densa urbanidad de cemento. Los otros parecen más interesados en un negocio inmobiliario que en preservar el lugar. Llamativamente no acudieron a la ley de salvataje de clubes y propician la venta. En ese marco, un grupo privado de origen cordobés se frota las manos porque podría acceder a los terrenos de un valor de más de 40 millones de pesos, pagando menos del 20 por ciento de su precio. Abogados, contadores, supuestos representantes de los trabajadores y directivos de la entidad sueñan con una venta millonaria. La ciudad toda, “bien gracias”.

Paraná y sus tropiezos. Un largo rosario como muestras y cada cuenta es una pérdida: los espacios verdes del prometido nuevo parque y el bocado del poderoso Wal Mart; el Tiro Federal, por no contar las innumerables cantidades de construcciones históricas tiradas por la piqueta para erigir edificios que, como monumentos posmodernos, representan intereses sectoriales y mínimos que se erigen sobre las ruinas de los bienes colectivos. Recuérdese el armatoste de cemento para el Citibank, edificado tras la destrucción de una construcción protegida por ordenanza.

Ahora, la discusión sobre el destino de la pista del Hipódromo Almafuerte es, quizás, el caso más representativo de esa realidad. Porque desde el seno mismo del Jockey Club se está fogoneando su venta y la puesta de locales comerciales sobre el extenso verde que hoy alberga mucho más que a carreras de caballos.

“La ciudad de Paraná parece desconocer toda la vida que tiene este espacio”, observó una jugadora de hockey sobre césped mientras, a algunos metros, un grupo de chicos practicaba equitación. Había también un “picado” de fútbol sin que ninguna actividad estorbe a la otra.

Lejos de esa escena, las mentes dispuestas a vender el predio se pasean en los medios de comunicación hablando de las bondades del proyecto de “urbanización”. No es otra cosa que abrir calles y construir locales comerciales.

Se habla sí de dejar espacios verdes y de preservar las instalaciones históricas, levantadas a la sombra de un tiempo rico en estilos y costumbres. Pero es que las ordenanzas de protección no dejan otra posibilidad a los que van detrás del negocio. También es cierto que hubo un frustrado intento por buscar derogar los obstáculos para entregar esos espacios al negocio inmobiliario en su totalidad.

Esa iniciativa sólo será posible a través de la concreción de una operación inmobiliaria con un grupo cordobés, según trascendió en julio último, que adquiriría el terreno para la instalación de un shopping y salas de cine, y que le permitiría saldar al Jockey Club Paraná un pasivo calculado en unos 6 millones de pesos.

Ya a mediados del año pasado, ANALISIS revelaba que el negocio alrededor de la venta del predio tiene demasiados puntos oscuros y que uno de los más firmes interesados era el empresario cordobés Emilio Luti Alvarez, al que no se le conocen inversiones ni empresas -salvo una pequeña firma de turismo en Unquillo- y cuyo nombre ya apareciera en Paraná en 1996, detrás del proyecto para instalar la Legislatura entrerriana en el predio de la vieja usina de calle Corrientes. Que de un proyecto similar -el traslado del Poder Judicial- hoy se vuelva a hablar es una casualidad. ¿Es una casualidad?

Lo cierto es que por aquellos días también pujaba por quedarse con el negocio Gianfranco Macri, hermano del jefe de gobierno porteño, a su vez dueño de la empresa Macair Jet Transporte Aéreo, que en el último tramo de la gestión de Jorge Busti se interesó en explotar Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), la firma estatal.

Hoy la situación está decididamente a favor del grupo cordobés que es el que cuenta con el respaldo de la comisión directiva del Jockey Club.

Un dato esencial para entender el negocio: la entidad deportiva tiene una deuda de 6,5 millones de pesos entre juicios laborales -que representa una parte mínima de esa deuda- y reclamos impositivos. Sin embargo, el predio vale arriba de 40 millones de pesos, según algunas tasaciones independientes.

La compra sería una cuestión cerrada, si se toma en cuenta que la Ley de Quiebra tiene como objetivo único que los acreedores cobren el dinero que se les debe. No es necesario ninguna licitación, ni proyectos sobre destino de nada, ni compromisos con el patrimonio, ni declaraciones de buena voluntad con el medio ambiente.

“Hasta el mismo juez no podría oponerse si llegara una propuesta de ese tipo; es decir que se haga cargo de los 6,5 millones de pesos que se deben. Y acá al primero que llega a la meta le bajan la bandera y se queda con el predio”, había explicado este semanario el año pasado.

Se deben 6,5 millones, con 6,5 millones se lo lleva. Pero habría un acuerdo entre el grupo cordobés y los directivos del Jockey Club para que el dinero alcance para trasladar la instalación a Oro Verde. Eso a cambio de la rentable tarea de limpiar, talar, edificar y vender que es la intención del grupo cordobés.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

Gustavo Bordet aseveró que no tiene nada que ver con los hermanos Tórtul, investigados en una causa por corrupción que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

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