Silvio Méndez
Desde la Cámara de Senadores de la provincia, se dio a conocer que un grupo de legisladores que integran la Comisión de Producción del cuerpo se reuniría esta semana con legisladores de las provincias de Santa Fe y Corrientes con el objeto de intercambiar pareceres para concluir un proyecto de Ley de Pesca. La iniciativa, que se calificó oficialmente como ambiciosa, aspira a cerrar una serie de encuentros en los que se pretende aunar ciertos criterios para el manejo de la explotación ictícola sobre los cursos de aguas que se comparten entre los Estados. La idea, que aporta un procedimiento razonable, no es la primera que se intenta.
Ya en 1998, el Foro de Legisladores de la Comisión Regional de Comercio Exterior del Noreste Argentino (Crecenea), suscribió un tratado para el “manejo sustentable de los recursos pesqueros”, que fue firmado por los gobernadores de las mismas provincias entonces, pero que luego no fue refrendado por las cámaras deliberativas. Entre otros acuerdos, se proponía una autoridad regional de aplicación de las normativas; la participación científica y ciudadana; criterios y denominaciones comunes para la regulación pesquera, y un fondo para la conservación y promoción del recurso. Lamentablemente, este plan naufragó.
Esta vez, según señaló Oscar Arlettaz (PJ – Colón), titular de la Comisión de Producción del Senado de Entre Ríos, la idea ha sido “encontrar opiniones que enriquezcan” la legislación, ya que se espera “sirva por mucho tiempo a la provincia”.
De acuerdo a lo indicado, el proyecto de Ley de Pesca que impulsan los senadores entrerrianos propone regular el manejo de los recursos ictícolas dentro de la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, abarcando en sus disposiciones toda la actividad, es decir captura, cría y/o cultivo de los recursos pesqueros, e incluso la investigación y capacitación. Los alcances también abarcan comercialización e industrialización en términos sanitarios, fiscalización de la producción pesquera en sus etapas de captura, recolección, desembarco, transporte, elaboración, depósito y comercio, así como el registro de embarcaciones, transportes terrestres, establecimientos, productos sub productos y derivados de la pesca.
Si bien se dijo que los legisladores provinciales ya habían tomado contacto con pares de Santa Fe y de Corrientes a los efectos de intentar una legislación común, se avanzó más tras la reunión con los funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en la República Oriental del Uruguay.
Así, el encuentro que tendría lugar en Esquina, Corrientes, se anhelaba que sirviera para terminar de homogeneizar los criterios y alcances de la norma. “Se debe tener en cuenta que intentamos legislar sobre un recurso que en muchos aspectos trasciende las fronteras provinciales, y por ende para regular hay que aunar esfuerzos desde esos mismos territorios”, se argumento. Al analizar los alcances de una regulación de la actividad pesquera, se ha tenido que buscar y “lograr cierta armonía en la legislación, en relación a las provincias vecinas con las que compartimos el recurso río Paraná y con el hermano país de la República Oriental del Uruguay en el caso del río Uruguay”, explicó Arlettaz.
Si bien el Proyecto del Senado entrerriano tiene alcances jurisdiccionales, para el titular de las Comisión de Producción, “en algún momento deberíamos tener una normativa común; quizás una ley de pesca para ambos países sería muy ambicioso, pero se puede avanzar mucho al tomar una decisión conjunta de que hay que hacer algo y lo ejercemos desde estos espacios, conciliando y armonizando legislaciones”, y en ese sentido destacó el esfuerzo del Poder Legislativo de las tres provincias y de la CARU en la búsqueda de normas acordes y afines a todos. Y es aquí donde la cuestión comienza a complicarse.
Criterios
Uno de los aspectos que se destacó desde la Cámara Alta fue que la propuesta provincial había tenido en cuenta los criterios de “todos los sectores involucrados, de modo que su explotación comercial, por ejemplo, no produzca desórdenes ecológicos, y que a su vez las vedas que se establezcan –tanto absolutas como temporales– no afecten a quienes subsisten de la pesca artesanal. En ese sentido, se señaló que “en el texto del Proyecto están contenidos los aportes hechos por trabajadores del río de los departamentos Islas, Gualeguay, Victoria, La Paz, Diamante y Paraná y por empresarios del sector frigorífico, entre otros”, se graficó.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
