Federico Malvasio
(Especial para ANÁLISIS)
Hace tres años un proyecto de ley pretendió sacar de los espacios públicos los íconos religiosos. Fue presentado por integrantes de Entre Ríos Laica, una entidad que tiene por objetivo “imaginar y construir nuevas formas de vincularse, participar y respetarnos, reconociendo y valorando la multiplicidad cultural y religiosa”. La iniciativa no tuvo eco en ninguno de los legisladores.
La provincia tuvo en 2008 una prueba de fuego cuando reformó su Constitución. La Convención Constituyente abrió la posibilidad de incorporar a la nueva carta magna un preámbulo. Era, en definitiva, sellar la idea de Dios en el texto constitucional. Hubiese sido un atentado al laicismo conquistado por los constituyentes del ’33. Algunas luces se encendieron y el proyecto no prosperó.
Argentina no tiene una religión oficial, pero aunque tenga un Estado no confesional, sí invoca la Idea de Dios en el preámbulo. Incluso permite que se dispongan de fondos públicos para “sostener” a la religión Católica Apostólica Romana.
Entre Ríos es una provincia de avanzada en el mapa nacional. Ni siquiera reconoce como principio del pensamiento la Idea de Dios, por lo que se reivindica la conciencia de sus habitantes. La garantía de “libertad de conciencia” – hay que decirlo - puso a la provincia a la vanguardia de varias jurisdicciones. Los convencionales de 2008 fueron, entonces, los guardianes de sus antecesores del ’33. Ése es el contexto para entender que lo sucedido en La Centenario fue un atropello.
Un recorrido por los despachos de legisladores, jueces y funcionarios del Poder Ejecutivo no devela un activismo exacerbado por el libre albedrío. Los crucifijos o las estampas suelen estar en lugares donde sobrevuela el dolor, la preocupación o la desesperación. Las salas de espera de los hospitales o centros de salud son los sitios más comunes donde se los puede ver. También se los encuentra en el despacho del Gobernador y las oficinas del Registro Civil.
Un ejemplo de la indiferencia sobre esta cuestión, tanto de la clase política como de la sociedad en general, se vio cuando el entonces diputado justicialista y ahora vicegobernador, José Cáceres, presentó un ambicioso proyecto de ley para levantar un monumento a Juan Pablo II en el Nuevo Parque. Se especulaba que el monumento iba a tener unos 100 metros de altura. La iniciativa nunca se trató en la Legislatura y perdió estado parlamentario. La propuesta disponía la convocatoria a un concurso “nacional e internacional” para llevar adelante la obra. Cáceres dijo en su momento contar con los apoyos del intendente de Paraná, José Carlos Halle, y el cardenal Estanislao Karlic. Por aquellos días sólo llamó la atención el costo que tendría el monumento, que rondaba el millón y medio de dólares. Así, el presupuestario fue el único punto polémico. La sociedad y la política toda le dieron la espalda, una vez más, a la historia liberal de Entre Ríos.
(Más información en la edición gráfica número 1020 de ANALISIS del 14 de mayo de 2015)
