Silvio Méndez
Por estos días circula a través de las redes sociales, una información inquietante: por primera vez en la historia, el próximo Presidente argentino podría ser egresado de una universidad privada, en referencia a los postulantes con más chances: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. El dato, que se comparte y multiplica por internet, bien puede leerse como una sombría premonición del futuro educativo o un signo de los tiempos que se avecinan.
La crisis en las condiciones de la educación pública y el achatamiento en los sueldos de los docentes ha sido una constante en los últimos años. Una situación que se agravó paulatinamente luego de la transferencia de los niveles primarios y secundarios de Nación a provincias allá por los años ’90. La recomposición salarial y asignación presupuestaria, nunca han sido saldadas, y en Entre Ríos la situación se ha agudizado cada vez más.
Se ha llegado entonces a que el acceso a la educación pública hoy se ve seriamente alterado, en un escenario signado por el fuerte reclamo gremial al cual la administración de gobierno sólo le ha dado la espalda.
Frente a este panorama, de clases discontinuas por los paros o jornadas truncas por las asambleas docentes, con una patronal que trata de licuar las demandas con descuentos de sueldo o cautelares judiciales en lugar de solucionarlas, terminan por configurar un vaciamiento de la escuela que empuja a muchas familias a evaluar el paso de sus hijos a la enseñanza privada.
Pero también ante el estado perturbación que se expande en las comunidades escolares han comenzado a surgir otras voces que quieren tallar en el conflicto, poniendo en cuestión el rol gubernamental y también el accionar gremial que termina en los hechos siéndole funcional.
Por caso, este miércoles 12 de agosto estaba convocado en Paraná el encuentro de un grupo de autoconvocados denominado “Padres por el Derecho a la Educación de Nuestros Hijos”. La iniciativa tenía como fin acompañar la presentación de un petitorio al ministro de Educación provincial, José Eduardo Laurito, en el que se solicita “arbitre las medidas necesarias que su Función Pública le otorga, para que se dé cabal cumplimiento con el dictado de clases en forma normal y regular”.
(Más información en la edición gráfica número 1026 de la revista ANALISIS del 13 de agosto de 2015)
