Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS)
Es útil centrarnos en el republicanismo, teoría política considerada el modelo óptimo para un Estado. Sus defensores reivindican la concepción moderna de la autonomía y el pluralismo. Es el juego armónico y equilibrado de los tres poderes y el sistema de gobierno asentado en nuestra Ley Suprema y en la Constitución de Entre Ríos.
“No propugna –nos dice Pablo Ney Ferreira- el sacrificio de la esfera individual a la colectiva, porque el republicanismo moderno sostiene una definición de la libertad basada en una ausencia de interferencia ajena (…) y no en el autodominio o en la participación política como tal”.
Esto nos lleva a revisar cómo se está dando el juego de los poderes públicos en la provincia, que exhibe fuertes dilaciones a la hora de responderle a la sociedad. Admitamos que a las leyes las hacen los legisladores y los jueces se limitan a aplicarlas con la mayor sabiduría y ecuanimidad. Pero ello no exime de imponer celeridad y prontitud. Los fallos que se duermen se alejan del real sentido de Justicia (dándole la razón a Schwov).
Nuestro Poder Judicial es noticia reiterada porque la prontitud demostrada en determinadas causas no se concilia con la pereza con que se abordan otras muy sensibles socialmente, para las que se aspira una más asidua presteza.
Aclaración necesaria: renunciamos a hablar de delincuentes cuando aludimos a quienes, citados por la justicia, no han sido juzgados y menos condenados por los jueces. Mientras ello no ocurra, se trata de personas acusadas o imputadas que deberán acudir inexorablemente ante los fiscales.
De lo que se trata es de determinar por qué tanta mora en convocarlos (esperar que los aludidos manifiesten su voluntad de presentarse espontáneamente es a todas luces utópico y mal que pese no deja de generar suspicacias).
Revisando nuestros archivos hallamos que de los casos de Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera y familiares directos, cuya indagatoria se efectuara el año pasado, nada se sabe.
Tampoco surgen novedades respecto del ex gobernador Sergio Urribarri (actual Presidente de la Cámara de Diputados) y su hijo Mauro (actual ministro de Gobierno, Justicia y Educación). La más sospechada es una causa que involucra al diputado José Ángel Allende, iniciada en 2012 (es decir un lustro) con indagatoria efectuada.
Hay más. ¿Para cuándo la definición del juicio al ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodríguez, por el supuesto manejo irregular de fondos y que fuera elevada por el fiscal actuante en febrero último? La denuncia fue presentada en setiembre de 2015 por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Cambiemos, Diamante), tras una investigación realizada por el periodista de ANÁLISIS, Jorge Riani.
(Más información en la edición número 1058 de la revista ANALISIS del jueves 11 de mayo de 2017)
