El grupo Jubilados Autoconvocados de la provincia y Paraná difundió un duro documento en respuesta a las declaraciones del Gobierno de Entre Ríos respecto al funcionamiento y financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial. En el texto, rechazan la idea de que la provincia esté “soportando” el sistema previsional y responsabilizan al propio Estado por el actual déficit.
“Frente a las declaraciones del Gobierno provincial respecto de que Entre Ríos estaría ‘soportando’ una Caja de Jubilaciones de la cual no obtiene beneficios, consideramos necesario expresar una posición clara. Ese argumento constituye un eslogan político tan burdo que requiere ser explicado”, señalaron.
En ese marco, sostuvieron que el Estado provincial “intenta revertir la carga de la prueba” y trasladar la responsabilidad del desfinanciamiento a jubilados y trabajadores, cuando —afirman— fue el propio Estado quien tuvo durante décadas “todos los resortes de administración, control y decisión”.
Además, remarcaron que una de las obligaciones centrales del Estado era realizar los aportes previsionales correspondientes a sus empleados, pero denunciaron que eso no ocurrió plenamente durante la vigencia de la Ley N° 8732.
“Durante más de 30 años de vigencia de la actual ley jubilatoria, la provincia, como patronal, ha incumplido con los aportes a la Caja, facultándose mediante leyes y decretos a sustraer parte de esos aportes”, expresaron.
Según indicaron, esto se tradujo en “salarios pagados sin aportes”, con el objetivo de sostener servicios públicos a menor costo laboral. “En otras palabras: la provincia sostuvo servicios públicos a costa del salario sustraído a su propio personal”, afirmaron.
El documento también apunta contra la administración de los fondos previsionales y cuestiona la falta de acciones para recuperar recursos adeudados. “Parece existir un descarado criterio de no cobrar los créditos que se le adeudan a la Caja”, señalaron, al tiempo que reclamaron por la deuda que la Nación mantiene con Entre Ríos por aportantes transferidos al sistema provincial sin los recursos correspondientes.
“Antes de hablar de recortes, armonizaciones o reformas contra los jubilados, el Estado debería explicar por qué no cobra lo que se le debe a la Caja”, enfatizaron.
Finalmente, los Jubilados Autoconvocados sostuvieron que la provincia no “financia” la Caja “como si hiciera un favor”, sino que cumple una obligación prevista en la propia legislación previsional entrerriana.
El comunicado completo
Frente a las declaraciones del Gobierno provincial respecto de que Entre Ríos estaría “soportando” una Caja de Jubilaciones de la cual no obtiene beneficios, consideramos necesario expresar una posición clara. Ese argumento constituye un eslogan político tan burdo que requiere ser explicado. Se intenta revertir la carga de la prueba: allí donde el Estado ha tenido todos los resortes de administración, control y decisión, y donde ha sido responsable del desmanejo, se pretende ahora arrojar la responsabilidad sobre quienes serán nuevamente sus víctimas: los jubilados y trabajadores.
El Estado toma para sí el monopolio de las políticas llamadas públicas. Es responsable de ellas y del personal bajo su órbita. Una de sus obligaciones esenciales es efectuar los aportes previsionales correspondientes a sus trabajadores. En este caso, esos aportes debían ingresar a una Caja propia de la provincia, dirigida por la misma provincia.Sin embargo, a lo largo de los más de 30 años de vigencia de la actual ley jubilatoria N° 8732, la provincia, como patronal, ha incumplido con los aportes a la Caja, facultándose mediante leyes y decretos a sustraer parte de esos aportes. Esto operó a través de salarios pagados sin aportes, como una forma presunta de sanear al Estado, sosteniendo la prestación de servicios con menores costos laborales, tanto en actividad como en el salario diferido para la jubilación.
En otras palabras: la provincia sostuvo servicios públicos a costa del salario sustraído a su propio personal. El Estado también tomó bajo su dirección la administración de los fondos previsionales, designando sus autoridades y conduciendo su política institucional. Además, debía ejercer el control de los recursos, disponer de la información, otorgar jubilaciones según aportes y prever el origen de los fondos cuando se concedieran beneficios especiales. Por eso, el estado actual del supuesto déficit es responsabilidad de la administración del Estado, sin importar qué titulares hayan detentado circunstancialmente el poder. Todos ellos son partícipes del descalabro, ya que muchos fondos previsionales no fueron percibidos, tanto de Nación, municipios, entidades o particulares.
A ello se suma un hecho de extrema gravedad: parece existir un descarado criterio de no cobrar los créditos que se le adeudan a la Caja. Ese descaro se confirma cuando no se impulsa con decisión el cobro de la deuda que la Nación mantiene con la provincia por la transferencia de aportantes nacionales incorporados al sistema previsional entrerriano sin los aportes correspondientes. Es decir: antes de hablar de recortes, armonizaciones o reformas contra los jubilados, el Estado debería explicar por qué no cobra lo que se le debe a la Caja. La provincia no “financia” a la Caja de Jubilaciones como si hiciera un favor. La asiste en parte, tal como surge del compromiso previsto en la propia ley jubilatoria, cuando establece que la provincia y los municipios deben concurrir frente a la insuficiencia de fondos.Pero, ya que esto enciende el discurso político con el lema de que “toda la provincia no debe sostener a la Caja”, corresponde mirar el financiamiento real de las cuentas públicas.
El Estado provincial, la recurrencia y el abuso.
Información reciente da cuenta de un fideicomiso o fondo fiduciario de mil millones de pesos para reparar caminos que serían responsabilidad de municipios, pero que la provincia financia. Entonces, queda claro que los municipios perciben tasas para el sostenimiento de sus prestaciones, pero el Gobierno provincial los asiste cuando no las cumplen, mediante un fideicomiso con fondos ya percibidos y no destinados. El Estado provincial también financia sectores productivos con exenciones o promociones.
A esos sectores también los sostienen los contribuyentes, aunque no reciban un beneficio directo. Lo mismo ocurre con gestiones comerciales al exterior o créditos externos tomados para obras que benefician a determinados sectores, pero cuya deuda pública pagan todos los entrerrianos. Tómese como ejemplo el caso de inversiones en obras eléctricas con crédito externo. Habiendo impuestos específicos para la promoción del desarrollo y cargos incluidos en la facturación, los usuarios pagan las obras para su instalación y, además, terminan sosteniendo el crédito externo tomado por el erario público. Todo ello, muchas veces, en beneficio de pseudo empresas privadas S.A., favorecidas por tarifas abultadas y cargos jerárquicos de élite empresarial. Sí: sostenidas por todos los entrerrianos.
Recapitulando
El Estado tiene responsabilidades asumidas con el monopolio de las políticas públicas, para lo cual contrata personal mal pago y evade aportes jubilatorios mediante componentes salariales no aportantes.
El Estado administra la Caja de Jubilaciones, sus fondos, y la ha traído a este quebranto sin transparencia suficiente.
El Estado provincial, al financiar el déficit de la Caja, no haría más que cumplir la ley que él mismo se fijó para sí y para los municipios.
No es patrimonio exclusivo de la Caja recibir el soporte de los entrerrianos. También se sostienen educación, salud, seguridad, justicia, prestaciones urbanas y obras públicas, que se pagan reiteradamente mediante impuestos, tasas, fideicomisos y créditos, muchas veces con plazos interminables.
El sector privado recibe enormes beneficios en promociones y exenciones. El turismo y las energías renovables son apenas dos ejemplos.
Conclusión
No es cierto, señor gobernador Frigerio, que los entrerrianos sostienen la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Los entrerrianos sostienen una prestación de servicios esenciales, sostienen una mala administración política y sostienen también a muchos otros sectores: unos deficientes y otros productivos. Tal vez sea hora de revisar esos aspectos. Pero esa revisión no puede empezar culpando a los jubilados, ni descargando sobre ellos el costo de años de opacidad, salarios en negro, aportes no realizados, créditos no cobrados y decisiones políticas mal administradas.El déficit de la Caja no lo generaron los jubilados. Lo generó un Estado que administró, decidió, omitió controles, no cobró lo que debía cobrar y ahora pretende trasladar la responsabilidad a quienes trabajaron toda una vida.
