El servicio de ómnibus en la ciudad parece haber ingresado en terapia intensiva. Tras décadas de continua degradación, hoy la prestación se encuentra en serio peligro y el cese significaría un verdadero caos. Ninguna de las últimas administraciones municipales ha logrado revertir este proceso. Tampoco lo ha salvado el reciente marco regulatorio, con su nueva concesión y pliego de condiciones. Una coincidencia generalizada apunta a la quita de los subsidios nacionales como un punto de inflexión que desde 2019 harían inviable negocio. Pero esta merma en los aportes no lo explicaría todo. Periódicamente se envían millonarias remesas a las arcas de las empresas de transporte de colectivos en concepto de compensaciones, aunque ese flujo de dinero parecería no alcanzar para sostener un servicio esencial y altamente deficiente que padecen las decenas de miles de personas que lo utilizan a diario.
Silvio Méndez
El gobierno nacional anunció el año pasado la eliminación de todo tipo de contribuciones al sistema de transporte público de pasajeros en el país. Pero el anuncio que anticipaba el “ahorro” de 60.630 millones para 2019 en efecto fue un engaño. La realidad es que a la par de esta quita se creó un sistema de compensación federal en el orden de los 5.000 millones de pesos. De esta torta, a Entre Ríos le correspondía ser reparada con aproximadamente el 17 por ciento de lo recibido en 2018, cuando se giraron 628 millones de pesos en subsidios al transporte.
Asimismo, la provincia se comprometió a aportar un 50 por ciento de ese total de aportes que originalmente percibía el sistema, lo que llevaba a compensar un 67 por ciento de lo recibido.
Para el caso del servicio en Paraná –que absorbe el 45 por ciento de la asistencia diagramada para toda la provincia– también se diseñó una ayuda por parte del municipio. Además de las compensaciones por el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), la comuna planteó una indemnización de 2,80 pesos por boleto a partir del momento en que comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario. Así, estaba previsto desde el 16 abril por el término de 180 días, pero luego este lapso se acortó al 1 de agosto. En definitiva, se estima faltaría cubrir los subsidios en una proporción del 33 por ciento de lo percibido el año pasado.
Este guarismo es el que manejan los empresarios y que pretenden sea compensando con un nuevo aumento de tarifas.
Este porcentaje de merma también es manejado desde la provincia, hoy principal aportante al sistema, pero se relativiza el impacto real, ya que desde abril de corriente rige un aumento del boleto.
“En líneas generales las empresas ERSA Urbano y Mariano Moreno (las dos firmas que integran la unión Buses Paraná) tienen una reducción relativa de subsidios respecto del año anterior”, admitió una fuente de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, quien de todos modos observó que las firmas atraviesan “dificultades iguales, no más críticas, que el resto de las empresas de transporte del país, y que tienen que ver con dicha reducción (de subsidios) y también por el hecho de merma en la demanda”, aportó. Ahora, no se entiende porqué en Paraná la situación es más apremiante que en otros corredores similares en la Argentina, lanzó el experto.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del jueves 25 de julio de 2019)
