El actual titular del Ente Portuario de Entre Ríos, el exsenador provincial Aldo Ballestena (PJ-La Paz) se va complicando mes a mes en las causas que tiene en la justicia provincial. En el expediente de los contratos legislativos truchos aparece en ese sistema perverso como uno de los principales recaudadores de dinero en el Senado, entre 2015 y 2018 -además de ser el firmante de todos los acuerdos, de cuando era vicepresidente primero-, pero está aún más enmarañado en la causa por enriquecimiento ilícito que se le inició, después de la publicación de ANÁLISIS, en el 2018.
D.E.
El hombre de escasa cabellera pelirroja no es el mismo del año pasado, pero está más rico. No tiene el poder político que demostraba en tiempos del urribarrismo -a partir de sus pactos impunes-, pero de igual manera, en su rol de jefe del Ente Portuario de La Paz, tiene margen de negocios y operaciones políticas, desde su terruño de toda la vida. Cada barcaza que sale de La Paz, tiene que arreglar con él. También lo que sucede en el casino paceño (aunque ahora no está funcionando por el Covid) y con algunos acuerdos comerciales colaterales, como los vinculados a las termas. “Hay plata que nunca se sabe dónde va a parar. Porque los números jamás se muestran. Es una cueva, que lo maneja a gusto y placer el exsenador”, repiten, como si fuera un reducto privado.
Aldo Ballestena disfruta de esa porción recortada de poder -que no afectó su economía, al punto tal que intentó comprar una arenera, pero no se concretó- y si bien no lo demuestra, está algo preocupado. En especial por las derivaciones que pueden tener las causas judiciales que lo comprenden.
Hay quienes sostienen que no habría que descartar que Ballestena tome el antecedente del exdiputado provincial Ángel José Allende (PJ-Nogoyá), en la causa de enriquecimiento ilícito que lo comprende, de lograr un acuerdo abreviado, entregando parte de su patrimonio, más multas e inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos, a cambio que no se involucre a sus familiares directos. O sea, el eje de la preocupación de Allende, que lo llevó a firmar un pacto que muchos cuestionan, que aún no se terminó de consolidar en una audiencia judicial postergada. Sucede que el principal dolor de cabeza del actual funcionario del gobierno de Gustavo Bordet es la forma en que una condena por ese delito de corrupción (puesto que no le estaría cerrando “el dinero en blanco” para justificar su patrimonio), afectará automáticamente a su hija María Virgina Ballestena, empleada judicial, con un ingreso normal, que nunca le permitiría realizar las inversiones que está concretando en La Paz.
(La nota completa en la edición 1113 de la revista ANALISIS del jueves 13 de agosto de 2020)
