Por Daniel Enz

El vocal del STJ Emilio Castrillón dejó demostrado que es un hombre violento, según se observó en los hechos recientes en La Paz. En su historial como miembro del alto cuerpo fue protagonista de varios episodios con empleados y funcionarios judiciales que nunca trascendieron.  ANÁLISIS recopiló sucesos de acoso laboral, hostigamiento, manipulación, abuso de poder y amenazas verbales. Pero nadie lo quiere investigar. Ni el Superior Tribunal, ni el poder político. Todos temen a sus reacciones. 

El hombre quedó al desnudo esa madrugada de fines de marzo. Bajó a los gritos, ingresó violentamente al kiosco y se plantó. «Yo soy el dueño de La Paz. Yo soy», gritó una y otra vez, como en los tiempos del caudillismo, mientras tiraba al suelo la mercadería del lugar. Terminó en el piso, pateado, golpeado entre varios y siguió puteando minutos después, como si fuera el principal jefe de la barra brava de un club del ascenso de la provincia de Buenos Aires. Pero no. Se trataba del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y exlegislador provincial del PJ-La Paz en varios mandatos, Emilio Aroldo Castrillón. Había bajado molesto por la música fuerte, la cantidad de jóvenes que se concentraban en la puerta de su casa -en esa esquina céntrica paceña- y por el hecho de que la mayoría de ellos orinaba en el garage de su domicilio, en medio de la pandemia y con absoluto descontrol municipal y policial. 

El video de su irracional ira, que se viralizó por las redes sociales, lo dejó al descubierto. Ya nadie comentaría más de la supuesta violencia de Castrillón. El registro fílmico, con sus puteadas a los gritos, fue claro y contundente. Los hechos terminaron asentados en la Fiscalía de La Paz, la dependencia judicial que encabeza Facundo Barbosa, hijo de uno de los dirigentes paceños que más veces acompañó políticamente a Castrillón en sus períodos como legislador oficialista. Incluso, no pocos comentan que el exlegislador algo tuvo que ver en su designación, pese a la marcada distancia con el jefe de los fiscales, el procurador Jorge Amílcar García. 

Esa mañana, la del domingo 28 de marzo, en que se conocieron los hechos a través de la página web de ANÁLISIS, tras lo cual hubo una amplia repercusión en toda la provincia, la vocal del STJ, Susana Medina de Rizzo, sintió cierto alivio en su humanidad. Ella fue quien denunció a Castrillón el año pasado por violencia de género, por una serie de comentarios en el chat judicial de los vocales, que la llevaron a iniciarle una causa judicial, en la que esta semana se constituyó como querellante. Castrillón, por su parte, nombró a Miguel Ángel Cullen como abogado defensor. Cullen, como se sabe, es uno de los abogados de allegados a Sergio Urribarri y también defendió a Sergio Varisco en la causa denominada narcomunicipio, en la que terminó condenado y cumple prisión domiciliaria. Incluso, el fiscal de Género, Leandro Dato, lo citó a su despacho, para ponerlo en conocimiento de la denuncia y Castrillón concurrió con su abogado. «Yo te voy a recusar», le dijo. Dato ni le respondió. 

Desde esa vez de la denuncia de Medina, la vocal dejó de concurrir personalmente a las Acordadas del alto cuerpo judicial, precisamente porque no quiso compartir nunca más un espacio algo reducido y de debate, con su acusado. En cada reunión, Medina de Rizzo sale a través del zoom de su computadora, desde la oficina que tiene en el tercer piso, donde se encuentra toda la estructura del alto cuerpo. O sea, a escasos metros de donde, todos los martes, se hace el encuentro de los máximos integrantes de la conducción judicial, quienes, en su mayoría, de alguna manera, fueron minimizando todo este tiempo el malestar de la jueza. 

Pero Medina de Rizzo no fue la única que sintió cierto alivio cuando se enteró del bochornoso episodio protagonizado por Castrillón en La Paz. Algo similar sucedió con tres empleados jerarquizados del Poder Judicial, que cumplen funciones en proximidades del despacho de Castrillón, quienes también hicieron denuncias en ámbitos administrativos y nunca trascendieron o bien se ocultaron bajo siete llaves para no dañar la imagen y honorabilidad del vocal superior. Algunos de ellos hasta llegaron a las oficinas de la Fiscalía de Género o de la Procuración General para contar su historia y analizar si no correspondía avanzar en una causa penal. Uno de los damnificados habría podido avanzar en una denuncia penal, pero el «perdón» verbal de Castrillón, habría provocado el desistimiento. Hubo otras dos mujeres, también de oficinas dependientes del STJ, con cargos de jefatura y trato directo, que también vivieron situaciones irregulares con Castrillón y fueron a consultar a las vocales Medina y Claudia Mizawak, para ver cómo actuaban. «Tienen que denunciarlo», le dijeron sin dudar las magistradas, en diferentes reuniones. Pero finalmente no se animaron, para no sufrir consecuencias de parte de Castrillón.  

Lo preocupante es que las situaciones irregulares de conducta violenta de Castrillón, en el mismo seno de la cúpula del Poder Judicial, llegaron también a oídos de otros integrantes del Superior Tribunal de Justicia y todo siguió igual como si no pasara nada. Porque nadie se quiere enfrentar con Castrillón, por el temor que le generan sus reacciones violentas. Aunque cueste creerlo. 

Historias de acoso y maltrato 

Son dos hombres y una mujer, son funcionarios en la estructura judicial del STJ, cuyos nombre ANÁLISIS decidió preservar. En diferentes instancias, tales personas fueron víctimas del vocal paceño. Sufrieron acoso laboral, hostigamiento, manipulación, abuso de poder y amenazas verbales.  «Siempre nos generó mucho miedo. Castrillón no tiene problemas en gritarte delante de cualquiera; decirte las peores barbaridades y si tiene que empujarte con su metro noventa, también lo hace. Todo vale para ejercer su poder», dijo uno de los consultados.

Uno de ellos tuvo que tomar una licencia psiquiátrica entre noviembre de 2018 y enero de 2019. Retornó a su puesto de trabajo en febrero de ese último año, después que Castrillón le pidiera disculpas personalmente. Hubo denuncias administrativas, pero no más que eso.  

La mujer afectada también llegó a avanzar en una instancia del mismo tenor ante la Dirección de Gestión Humana del STJ, donde hubo testimonia les y hasta la determinación de que se hiciera un seguimiento de la víctima de parte de un grupo de profesionales de salud mental. Incluso, desde Fiscalía de Género se dispuso un sistema de seguridad personal para dicha persona, que incluyó hasta su domicilio particular, por las graves amenazas de parte de Castrillón. Temían que el vocal acudiera personalmente hasta la vivienda de la víctima para seguir con el hostigamiento. Por varios meses tuvo custodia policial en cercanías de su casa, a no más de siete cuadras de Tribunales, ante la preocupante situación. 

Esa víctima, que cumple funciones en proximidades del vocal paceño, sufrió hasta amenazas de muerte en varias oportunidades. Algunos de los vocales siguieron personalmente su caso y la asistieron, tratando de apaciguar la violencia del exlegislador, según supo esta revista. Es decir, hicieron de mediadores entre la víctima y el vocal Castrillón. 

En otro episodio, una exasistente, abogada y con funciones en un Juzgado de Paz de esta zona actualmente se fue llorando del despacho del vocal, después que éste le tiró un pote de ensaladas de frutas, que terminó azotado en la pared de su oficina. La mujer fue asistida por varios empleados, que escucharon la tensa situación y rápidamente acudieron a ella, llevándola hasta el baño del tercer piso, ante el cuadro emocional en el que se encontraba tras el incidente, que lo tuvo como protagonista central al vocal en cuestión. 

«Cuando era presidente del STJ sus reacciones eran una constante. Castrillón estaba una semana bien; en la otra, te podía echar del lugar de trabajo o la semana siguiente te quitaba todo poder y te ponía en el freezer hasta que se la antojaba. Es una persona que te lleva al desquicio humano», ejemplificó un empleado, algo golpeado y preocupado por los vaivenes en su tarea laboral. «Lo que no sé es si todos estamos esperando que suceda un hecho más grave, que sea tarde y para llorar sobre la leche derramada», acotó. 

Situaciones de ese tipo vivieron en varias instancias durante los dos años de su período como presidente. Uno de los episodios más recordados fue cuando una mañana, en días previos a la feria judicial de 2019, llegó su esposa, Natalia Céparo y discutió a los gritos con Castrillón dentro de su oficina. Cuando salió de allí azotó la puerta, estuvo unos minutos fuera y volvió a entrar al despacho, para continuar con una fuerte reprimenda verbal a su esposo, que paralizó la actividad en el piso del STJ, porque nadie podía dejar de escuchar ese episodio, muy similar a un culebrón latinoamericano. Castrillón no hizo nada ante la arremetida de su mujer y ninguno de sus asistentes del piso se acercó a preguntar si precisaba algo. Uno de los más sorprendidos por los hechos de ese día ne la oficina pegada -de uno de los lados- a la de Castrillón. Del otro lado se encuentra su compañero de Sala, Germán Carlomagno. «Es que las paredes de las oficinas son de papel. Se escucha todo lo que se habla y más aún si se grita dentro de algún lugar», se acotó. 

Pero nadie se sorprendió demasiado con los gritos desaforados de su mujer. En realidad, las historias de Castrillón con sus exmujeres siempre tuvieron hechos parecidos. La primera esposa lo denunció varias veces por golpiza y maltrato. Alguna causa siguió su curso, incluso a nivel judicial, pero luego se terminaba arreglando económicamente y quedaba todo en la nada. Otras denuncias desaparecían de las propias dependencias policiales, por el poder que ejercía Castrillón en La Paz. «Cuando era legislador y se ufanaba de ser el hombre más poderoso de la ciudad y el departamento, entraba sin pedir permiso a la dependencia policial y les decía barbaridades a los jefes. Además, los amenazaba de inmediatos traslados y ello muchas veces se concretaba de un día para el otro», indicó un oficial retirado. Algunos recuerdan esa vez que se bajó de su auto y lo encaró violentamente al entonces jefe de Investigaciones de La Paz, en pleno centro de la ciudad. «Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta. Vos no sabés con quién te estás metiendo», le repitió una y otra vez. «Y te aviso que estarás por pocas horas más con ese cargo de jefe acá. Volás de La Paz», le acotó. El oficial estaba investigando unos hechos que involucraban a gente de Castrillón en La Paz, en el 2006. A los pocos días fue trasladado. 

Mientras tanto, seguían pasando cosas en Tribunales, en ámbitos de la Presidencia del STJ, entre 2018 y 2020. Castrillón podía obligar a uno de sus empleados jerarquizados a firmar un acuerdo de «paz y buenas costumbres» -después de una situación de enfrentamiento- o decirles que estaba «arrepentido» de lo sucedido y prometer que no volvería a suceder. Pero muchas veces, los hechos se siguieron produciendo como si nada. Y comenzó a naturalizarse el maltrato, sin que nadie dijera nada. 

 El día después

Ese lunes 29 de marzo, después de los hechos en La Paz, Castrillón llegó en el mismo horario de siempre a Tribunales, aunque con otro aspecto. Estaba vendado en una de sus manos y caminaba algo dolorido por las costillas rotas de la golpiza en el suelo, cuando lo agarraron entre varios. Durante la mañana habló con algunos medios periodísticos para dar a conocer su versión de los hechos y sorprendió que nadie del Poder Judicial lo fue a ver a su despacho. Tampoco lo hizo nadie de la clase política, donde tiene numerosos amigos y compañeros. 

El único que se apersonó, poco después del mediodía, fue el vocal Bernardo Salduna, quien es su aliado y amigo en el alto cuerpo. Con el exdiputado nacional de la UCR no solamente comparte horas de charlas en algunos días a la semana, sino que además de vez en cuando salen a cenar y estar «con otros amigos».  

Un día después fue la reunión semanal de Acuerdos. Castrillón creyó que alguien le iba a preguntar de lo sucedido en La Paz, pero no fue así. En el encuentro se trataron temas menores y transcurrió rápidamente. «Qué raro; nadie me cuestionó ni recriminó nada. Están demasiado bueno los muchachos», dijo al salir, entre algunos de sus colaboradores, con una sonrisa en los labios.  

Castrillón se molestó días después, cuando la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial envió una nota al STJ, solicitando que se sustancie un expediente contra el vocal, en función de mensajes considerados agraviantes contra la titular del organismo, Gabriela López Arango y María Andrea Morales, vocal suplente de la Sala Primera de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná. La primera de ellas es hermana del vocal del Tribunal Oral Federal de Paraná; la segunda, hija del exfiscal general del STJ, Héctor Daniel Morales. 

A López Arango -vocal de la Sala Primera de la Cámara Tercera Laboral-, Castrillón le dijo en un mensaje de texto a su celular: «vuestro odio viene bien para esta celebración de Semana Santa. A toda la comisión honorable y decorosa que preside, Felices Pascuas». 

A Morales, siguiendo idéntico método del anterior, Castrillón la responsabilizó de ser «autora de mi difamación por no tener la conducta de los señores magistrados». Ni siquiera tuvo en cuenta la actitud que había adoptado, que también lo hacía desde el lugar de vocal de la Sala Civil y Comercial del STJ. O sea, una posición de poder desde un tribunal de alzada al que deben acudir los camaristas de la Cámara Civil y Comercial, lo que generó mucha preocupación en los magistrados, por ser Morales una de sus integrantes y encima, en condición de suplente. 

El STJ, por mayoría, rechazó el planteo del organismo de los jueces y, de paso, los mandó a leer la Constitución Provincial, señalando que ellos no tenían potestad para sancionar a sus pares. Por ende, debían acudir a la Cámara de Diputados de la provincia, para que se ocupe del tema la Comisión de Asuntos Políticos, Juicio Político, Poderes y Peticiones.  

De la mano de Salduna y Carlomagno, y después de escuchar las explicaciones de Castrillón durante más de una hora -donde se volvió a victimizar, tal como ha hecho en otras situaciones-, se votó por mayoría. Medina de Rizzo se abstuvo, en función de las diferencias con el vocal, tras su denuncia por violencia de género y Mizawak se opuso al voto de sus colegas. 

Asociación de la Magistratura y la Función Judicial no envió una nota paralela e idéntica a Diputados, cuando presentó el escrito ante el STJ. Y lo otro: los vocales del STJ también podrían haber dicho «nosotros no podemos sancionarlo», pero a la vez se gira a Diputados la nota correspondiente. Nada de ello se hizo y por ende todo quedó en letra muerta. 

Pero el incidente Castrillón es seguido de cerca en la Casa de Gobierno. En el Poder Ejecutivo se entiende que «no da para más» la continuidad del vocal en el alto cuerpo. Incluso, más de uno recordó el mensaje que el propio Castrillón le envió al gobernador Gustavo Bordet a su celular, el año pasado, donde ponía a disposición su renuncia si lo consideraba necesario y se acogía a la jubilación. Bordet nunca le respondió y le comentó lo sucedido a unos pocos colaboradores. 

En realidad, no le asignó demasiada importancia, porque en forma casi permanente, Castrillón enviaba mensajes de texto y de audio a varios funcionarios del gobierno provincial, fustigando decisiones del Poder Ejecutivo o de los legisladores del oficialismo, lo que muchas veces sorprendía su contenido. «Muchas veces nos contaba puteríos de cosas de la justicia, que no sabíamos para qué nos ponía al tanto de esas situaciones», contó a esta revista uno de los que recibía tales mensajes.   

En verdad, Castrillón está en condiciones de jubilarse y con el tope más alto, dado que tiene los suficientes aportes y cuenta con más de 10 años como vocal del STJ. Pero está visto que nadie quiere dar el primer paso, para sugerirle esa idea. Porque temen a su reacción sin límites e irracional. Es decir, piensan lo mismo que varias de sus víctimas, empleados, funcionarios judiciales y hasta vocales del alto cuerpo. Todos ellos son rehenes de Castrillón. Y la sociedad, también.

Recuadros

Otras amenazas

A mediados de 2015 se conocieron otros episodios de amenazas que involucraban al vocal Emilio Castrillón y que se habían concretado específicamente en La Paz. En el marco de la campaña política por las elecciones PASO, el entonces intendente de la ciudad, José Nogueira y su vice, Carlos Bilbao, recibieron más de 30 mensajes de texto de Castrillón. También fue destinatario el periodista Luis Garita, que trabajaba en la radio del vocal del STJ y actualmente a nombre de uno de sus hijos. «Vos no sabés con quién te metés nene: con el Quete Castrillón», le dijo al trabajador de prensa, a través de uno de los mensajes, mientras estaba al aire, en su emisora FM Vida, la misma que le ocasionó tantos dolores de cabeza antes de asumir en el cargo judicial, por la forma que utilizaba su radio un domingo de elecciones, pese a la veda política y conduciendo él mismo el programa del escrutinio electoral. De hecho, el periodista fue el que más acoso sufrió en los últimos tiempos. «Vos sos una basura y te creés que yo soy boludo. No te olvides que el que hizo una La Paz peronista y no corrupta fue Castrillón», le manifestó en otro SMS. «Demostraron que al no tener jefes son insaciables corruptos. A Pantalla (por Carlos Miguel Barbosa, exdirector de Juntas de Gobierno de la provincia) primero lo saqué de la cárcel, después intenté reeducarlo, pero volvió a ser más ladrón y chorro, guampudo consciente», dijo en otro mensaje. 

El vocal Castrillón hizo cataratas de mensajes al periodista Garita durante varios días, buscando que los reprodujera en la radio de su propiedad y de esa manera instalar denuncias anónimas a través de su programa, siempre en contra de la gestión de Nogueira, por el enfrentamiento político con su hermano. «Decí que se robaron el asfalto; once camiones de ripio y el pueblo pobre. Esto es lo que promocionás vos. ¿Quién lo puso a Nogueira?: el puto de Castrillón cuando no era Alí Babá y su sarta de ladrones», le dijo luego. «Se puede decir cualquier cosa de nosotros, porque podemos ser vergas, pero no chorros», acotó en otro SMS, en plena defensa de su hermano precandidato. «Hablá al pedo nomás, así te hago mierda», le indicó, en una clara amenaza desde su lugar de poder. 

Lo inconcebible de Castrillón fue la actitud que adoptó cuando Garita indicó en el Facebook del programa radial El ojo mirador que había sido amenazado. El vocal salió en defensa de la libertad de expresión. «¿Quién lo amenazó? Por favor, me pongo a disposición para hacer actuar a la justicia. Háganme llegar las pruebas y me ocupo. Para eso me paga el pueblo», dijo. 

Los otros apuntados por Castrillón en los mensajes de texto fueron también el intendente Nogueira y su vice Bilbao, precandidato del oficialismo paceño.  

El vocal primero exigió a Nogueira que su hijo Álvaro –a nombre de quien está ahora la radio de La Paz- ocupara uno de los seis primeros lugares para concejal, porque estaba en el puesto siete. Cuando el intendente no aceptó la propuesta le ordenó a su hijo que se olvidara de Nogueira y apostó fuerte a su hermano Sergio, primero enrolado con Sergio Massa y recién después optó por Adrián Fuertes. Luego pidió para su hermano Sergio Castrillón el quinto lugar como diputado provincial. Fuertes le dijo que sí y Castrillón salió a recorrer el departamento. Pero su precandidatura no prendió y Fuertes se dio cuenta que su nombre era lo más parecido a un fracaso. El precandidato a gobernador massista desistió de su idea inicial para la Cámara Baja y le propuso que peleara el cargo de senador provincial. Pero a Castrillón no le interesó y pegó el portazo. «Dejalos a esos boludos; yo te consigo una reunión con el Pato Urribarri y nos vamos con el oficialismo para enfrentarlo a Nogueira. Hay que sacarlos de la intendencia», le dijo. A los pocos días, el precandidato Castrillón reveló públicamente ante Canal 5 de La Paz que había estado con Sergio Urribarri y le dio todo su «apoyo para trabajar dentro de este espacio». De hecho, cuando optó por enfrentar directamente al entonces intendente Nogueira, le mandó un mensaje claro y contundente desde el celular del STJ: «Chupame bien un huevo; a mi hijo no lo vas a forrear. No necesitamos ni mierda de vos. Quete».  

También le apuntó a Bilbao, odontólogo y militante peronista desde su juventud. «Metete la concejalía de mi hijo, vos y el puto de Nogueira, en el culo. Quete», le dijo en un mensaje enviado el 18 de junio a las 8 de la mañana, siempre desde el celular cuyo tres últimos números son 467, correspondiente al Superior Tribunal de Justicia. En un SMS siguiente lo acusó de «golpeador» a Bilbao y en otros de «guampudo» y toda una serie de acusaciones personales vinculados a algunos familiares directos. 

En tanto, Luis Valenzuela, empleado municipal del área de Obras Públicas de la comuna de La Paz, también denunció públicamente en su Facebook que había sido amedrentado por gente de Emilio Castrillón. «Hoy se presentó en mi propia casa el juez de la Corte Suprema entrerriana, a la vista de todos los vecinos y amigos, amenazando con hacerme causa a mí y a todos mis compañeros de trabajo. Como contratados que somos nos daba mucha vergüenza un cartel y lo sacamos, porque no tenía firma de ningún candidato y solamente decía barbaridades respecto a empleados municipales. Lo cierto es que el mismo Castrillón, con sus matones, se presentó en mi casa, con amenazas, diciendo que el cartel era de él».

La puja

A Emilio Castrillón y Susana Medina de Rizzo los separa -además de algunos cortocircuitos y pensamientos diferentes- la grieta de la dictadura. La jueza está casada con el médico y militar retirado, Ricardo Rizzo, quien apareció varias veces nombrados por exsoldados del Batallón de Ejército de esta capital, en el marco de la causa «Aérea Paraná». Uno de los exconscriptos llegó a relatar algunos episodios de detenidos políticos que llegaban baleados, gravemente heridos y luego murieron en el Hospital Militar Paraná y que ello había sido observado, entre otros, por el médico Rizzo, aunque nunca lo denunció. Pese a que varios de esos detenidos permanecen como desaparecidos. Sin embargo, nunca se avanzó en una imputación contra el profesional paranaense. 

Mientras tanto, a fines del 2014, la Justicia Federal de Paraná dispuso la detención de un expolicía provincial acusado por el secuestro y torturas de una mujer durante la última dictadura cívico-militar. Se trataba de Atilio Ricardo Céparo, oriundo de La Paz, quien es suegro del vocal Castrillón. La mujer, Natalia Céparo, fue empleada del IOSPER entre 2006 y 2008 y luego pasó, de la mano de su marido, al Tribunal Electoral, donde actualmente debería cumplir funciones, pero ella reside en La Paz y muy escasas veces viene Paraná. Pero tiene un sueldo que ronda los 80 mil pesos mensuales, como escribiente en ausencia. De hecho, el organismo, presidido por el titular del STJ, Martín Carbonell, tiene entre sus autoridades judiciales al propio Castrillón. 

El expolicía Céparo se presentó espontáneamente a mediados de diciembre de 2014 en los Tribunales Federales, después de que Gendarmería fuera a buscarlo a su casa y no lo encontrara. Se le imputaron los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos por un hecho que habría ocurrido en septiembre de 1976. Una exdetenida política señaló a Céparo como una de las personas que la secuestró de su casa en la ciudad de Paraná y también lo reconoció entre quienes la sometieron a torturas mientras era interrogada durante su detención ilegal.  

El expolicía, hasta su detención, se desempeñaba como chofer del alto cuerpo. Céparo era oficial auxiliar de la Policía de Entre Ríos y fue dejado cesante a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. Luego fue chofer de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. En año 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó «la difícil situación económica que atraviesa» y dijo que el sumario había sido «arbitrario y viciado de nulidades». El gobierno que entonces encabezaba Sergio Montiel le rechazó el recurso y la medida fue confirmada en 2005 por el gobernador Jorge Busti y su ministro Sergio Urribarri. Sin embargo, Céparo consiguió trabajo: fue contratado por el STJ como chofer. En diciembre de 2019, Céparo fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Actualmente cumple la pena en prisión domiciliaria, por tener más de 70 años.

(Más información en la edición gráfica número 1119 de la revista ANALISIS del jueves 8 de abril de 2021)