El vocal que lo traicionó la ira

Edición: 
1119
Castrillón en foco: historias de maltratos, amenazas y agresiones verbales

El vocal del STJ Emilio Castrillón dejó demostrado que es un hombre violento, según se observó en los hechos recientes en La Paz. En su historial como miembro del alto cuerpo fue protagonista de varios episodios con empleados y funcionarios judiciales que nunca trascendieron. ANÁLISIS recopiló sucesos de acoso laboral, hostigamiento, manipulación, abuso de poder y amenazas verbales. Pero nadie lo quiere investigar. Ni el Superior Tribunal, ni el poder político. Todos temen a sus reacciones.

 Daniel Enz

 El hombre quedó al desnudo esa madrugada de fines de marzo. Bajó a los gritos, ingresó violentamente al kiosco y se plantó. “Yo soy el dueño de La Paz. Yo soy”, gritó una y otra vez, como en los tiempos del caudillismo, mientras tiraba al suelo la mercadería del lugar. Terminó en el piso, pateado, golpeado entre varios y siguió puteando minutos después, como si fuera el principal jefe de la barra brava de un club del ascenso de la provincia de Buenos Aires. Pero no. Se trataba del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y exlegislador provincial del PJ-La Paz en varios mandatos, Emilio Aroldo Castrillón. Había bajado molesto por la música fuerte, la cantidad de jóvenes que se concentraban en la puerta de su casa -en esa esquina céntrica paceña- y por el hecho de que la mayoría de ellos orinaba en el garage de su domicilio, en medio de la pandemia y con absoluto descontrol municipal y policial.

El video de su irracional ira, que se viralizó por las redes sociales, lo dejó al descubierto. Ya nadie comentaría más de la supuesta violencia de Castrillón. El registro fílmico, con sus puteadas a los gritos, fue claro y contundente. Los hechos terminaron asentados en la Fiscalía de La Paz, la dependencia judicial que encabeza Facundo Barbosa, hijo de uno de los dirigentes paceños que más veces acompañó políticamente a Castrillón en sus períodos como legislador oficialista. Incluso, no pocos comentan que el exlegislador algo tuvo que ver en su designación, pese a la marcada distancia con el jefe de los fiscales, el procurador Jorge Amílcar García.

Esa mañana, la del domingo 28 de marzo, en que se conocieron los hechos a través de la página web de ANÁLISIS, tras lo cual hubo una amplia repercusión en toda la provincia, la vocal del STJ, Susana Medina de Rizzo, sintió cierto alivio en su humanidad. Ella fue quien denunció a Castrillón el año pasado por violencia de género, por una serie de comentarios en el chat judicial de los vocales, que la llevaron a iniciarle una causa judicial, en la que esta semana se constituyó como querellante. Castrillón, por su parte, nombró a Miguel Ángel Cullen como abogado defensor. Cullen, como se sabe, es uno de los abogados de allegados a Sergio Urribarri y también defendió a Sergio Varisco en la causa denominada narcomunicipio, en la que terminó condenado y cumple prisión domiciliaria. Incluso, el fiscal de Género, Leandro Dato, lo citó a su despacho, para ponerlo en conocimiento de la denuncia y Castrillón concurrió con su abogado. “Yo te voy a recusar”, le dijo. Dato ni le respondió.

Desde esa vez de la denuncia de Medina, la vocal dejó de concurrir personalmente a las Acordadas del alto cuerpo judicial, precisamente porque no quiso compartir nunca más un espacio algo reducido y de debate, con su acusado. En cada reunión, Medina de Rizzo sale a través del zoom de su computadora, desde la oficina que tiene en el tercer piso, donde se encuentra toda la estructura del alto cuerpo. O sea, a escasos metros de donde todos los martes se hace el encuentro de los máximos integrantes de la conducción judicial, quienes en su mayoría, de alguna manera, fueron minimizando todo este tiempo el malestar de la jueza.

Pero Medina de Rizzo no fue la única que sintió cierto alivio cuando se enteró del bochornoso episodio protagonizado por Castrillón en La Paz. Algo similar sucedió con tres empleados jerarquizados del Poder Judicial, que cumplen funciones en proximidades del despacho de Castrillón, quienes también hicieron denuncias en ámbitos administrativos y nunca trascendieron o bien se ocultaron bajo siete llaves para no dañar la imagen y honorabilidad del vocal superior. Algunos de ellos hasta llegaron a las oficinas de la Fiscalía de Género o de la Procuración General para contar su historia y analizar si no correspondía avanzar en una causa penal.

(Más información en la edición gráfica número 1119 de la revista ANALISIS del jueves 8 de abril de 2021)

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 casos de SARS-CoV-2 variante Delta por laboratorio, de las cuales 62 corresponden a viajeros internacionales, 17 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos- con secuenciación de variante Delta; y dos casos en los que hasta el momento no se ha identificado el nexo.

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El supuesto geriátrico funcionaba en calle Cura Arias Montiel de Paraná.

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De izquierda a derecha: Santiago Cafiero, Cecilia Nicolini, Carla Vizzotti y Alberto Fernández.

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La ministra de Salud se mostró además esperanzada en que con esa llegada “a fines de agosto, tengamos un millón y medio de segundas dosis”.

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El 2 y 3 de agosto Paraná será sede de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, que es el ámbito de diálogo, acuerdo y articulación en materia de seguridad a nivel federal.

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Se trata de Enrique Barés, psicólogo y ex secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Los hechos ocurrieron hace casi veinte años. La defensa del acusado pidió la prescripción, pero el juez Gustavo Díaz la rechazó en base a las leyes vigentes. Ahora la justicia debe resolver la apelación de Barés.

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“Con financiamiento nacional estamos ejecutando la construcción del nuevo edificio de la Técnica N° 4 Pablo Broese, de Larroque, la cual se encuentra en obra y representa una inversión de más de 40 millones de pesos”, dijo Richard.

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