El extitular de Salto Grande y de Enersa, Juan Carlos Chagas, advirtió que si no se realizan tareas de apuntalamiento en la torre de alta tensión, se acelera el peligro de derrumbe, lo que afectaría el normal suministro de energía en Paraná y Santa Fe y constituiría un peligro para los pobladores de la zona, navegantes y transeúntes ribereños.

Si bien con la puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora 500 Gran Paraná y complementarias, el abastecimiento de la demanda en su mayor parte pasa a estar cubierta desde la propia generación de Salto Grande, Chagas explicó que la torre de 500 -cuyas líneas cruzan a Santa Fe- debe permanecer en buen estado y con un adecuado mantenimiento para brindar las máximas garantías de estabilidad y fiabilidad.

En tal sentido, expresó su preocupación por la recurrente visualización de la precariedad del terreno donde se haya emplazada, advirtiendo que viene exhibiendo “una permanente erosión, agravada por las frecuentes y extraordinarias crecientes y bajantes del Río Paraná,  que socavan aceleradamente su base de sustentación y amenazan la verticalidad de su eje central”.

La torre en cuestión -capacitada para transportar líneas de alta tensión en 500/132 kw, direccionada a Santa Fe- resulta vital para el territorio entrerriano y/o santafesino en caso de colapso de la nueva capacidad de transformación y transmisión instalada a partir de la ET Gran Paraná o de desperfectos en el extenso tramo y anillo que transporta desde Salto Grande.

En este marco, “sería temerario que, debido a su falta de mantenimiento, se la deje fuera de servicio e inutilizable”, indicó en declaraciones a LT27.

Si bien Entre Ríos propició la instancia del autoabastecimiento con la nueva ET 500, Chagas explicó que -ante la posibilidad de incrementos bruscos o notorios de la demanda por situaciones imprevistas en zonas de Paraná o Santa Fe- la alternativa natural para la emergencia sigue siendo la vía de AT de la Toma vieja, por lo que es indispensable que funcione en forma correcta.

También reafirmó que el SADI (Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica) -que ya ha demostrado sus vulnerabilidades en el apagón general del mes de junio, cuando todo el país quedó sin energía- deja abierta la posibilidad de experimentar un nuevo colapso en una magnitud que es difícil predecir.

Mayor control del Estado

Consultado acerca de las acciones a desarrollar frente a la situación, el funcionario recordó que la empresa Transener es la responsable del mantenimiento de las instalaciones y de las líneas de transmisión del fluido eléctrico.

En tal sentido, consideró que “es el Estado quien tiene que controlar que la prestataria cumpla con su obligación”. “No se puede vivir en la improvisación y pensar que nunca va a pasar nada. Cuando el sector privado incumple, el Estado debe ser garante”, remató.

Previo al apagón nacional de junio pasado, Chagas había insistido en la necesidad de prevenir los riesgos y había puesto el foco en la necesidad de que se controle a las empresas del sector.

En el caso de la torre de la Toma Vieja a orillas del Paraná, Chagas entiende que debería reclamarse a las autoridades nacionales de Energía y a Transener para que -con carácter de urgente- efectúen las obras correspondientes para su mejor sustentación.

"Los entrerrianos y santafesinos podríamos ser directamente afectados, pero ante una eventualidad es difícil predecir el alcance, la duración y los prejuicios que podría ocasionar que la torre no esté en condiciones”, dijo.

A su vez, Chagas se refirió a una posible solución definitiva y a mediano plazo: “Se deben comenzar a realizar estudios de factibilidad y evaluar la posibilidad de emplazar esa torre en una zona más alejada de la barranca”. También sostuvo que es “impostergable” la concreción de la obra del Cierre Norte, que traería una cuota de alivio sustancial.

“Se debe actuar con responsabilidad social y de manera rápida para no tener malas noticias. El camino es alertar, controlar y exigir desde la provincia", indicó.

Por último, adelantó que durante el gobierno de Alberto Fernández -que comienza el 10 de diciembre- el Estado ejercerá el derecho de control de las empresas prestatarias para que cumplan con sus obligaciones de invertir en mantenimiento y crecimiento de las redes.

“Se inaugura con Alberto y Cristina una etapa de crecimiento de la actividad económica que costará arrancar por la situación desastrosa en la que está el país, pero que se irá consolidando y ello redundará en una mayor demanda eléctrica de nuestra gente, de nuestra industria, de nuestros aserraderos, del sector avícola y del resto de las actividades entrerrianas”, pronosticó Chagas.