Transparencia: en la mayoría de las provincias no se sabe el costo de las obras públicas

Durante los últimos meses de 2021, la Red Ruido, una organización que reúne periodistas y ciudadanos de todo el país, relevó datos de tres obras importantes en cada uno de los 24 distritos nacionales. La investigación que contó con colaboradores de todas las provincias y un equipo de coordinación, permitió confirmar que no cualquier habitante argentino pude conocer el costo de una obra pública realizada por los gobiernos provinciales, tal como muchas veces se pregona desde las administraciones públicas.

Entre Ríos no fue la excepción en la media nacional. Los datos hallados sobre las obras públicas seleccionadas son parciales y fueron relevados principalmente de páginas webs oficiales, sitios periodísticos y boletines oficiales, dado que ninguno de los Pedidos de Acceso a la Información Pública fueron respondidos. 

Entre los hallazgos principales y datos llamativos de la investigación a nivel nacional, se llegó a las siguientes conclusiones:  

  • En ningun caso se puede acceder al 100% de los datos solicitados.
  • El 83% de los organismos provinciales NO respondió los pedidos de acceso a la información.
  • Hay un megaestadio que ya cuesta más del doble de lo presupuestado.
  • En una provincia que quiso cobrar 74 mil pesos en fotocopias para dar información.
  • Hay un Tribunal de Cuentas con un extraño concepto de información pública.
  • El 94% de los contratistas sostienen que hay corrupción en la obra pública de las provincias.

¿Cualquier argentino puede saber cuánto costó una obra pública realizada por el Gobierno de la provincia en la que vive? La respuesta es no, en el 67% de los casos -la cifra surge al promediar la cantidad de obras viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%) con costos finales conocidos (33%). Y los que sí pueden saberlo, no hallarán la información completa sobre dicha ejecución.

Esa es la principal conclusión de una nueva investigación realizada por Ruido, que buscó relevar datos públicos sobre tres obras significativas en cada una de las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires.

Para ello, se presentaron pedidos de acceso a la información en dependencias gubernamentales y tribunales de cuentas de cada distrito argentino.

Las obras fueron seleccionadas en cada provincia por los integrantes de Ruido, con los mismos criterios: una obra vial, una obra sanitaria y una obra que haya causado polémica pública (con denuncias, mediáticas o judiciales) terminadas o en ejecución durante 2020 y 2021.

Se solicitó información sobre fechas, licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones. En la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: el 83% de las provincias NO respondieron los pedidos de acceso a la información, y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados.

Con relación a las inspecciones de obra, por ejemplo, no se pudo relevar casi ningún dato en algún distrito.

Además, si bien en casi el 70% de los casos no pudimos relevar el costo de las obras (en el caso de las obras consideradas polémicas, es el 80%), muchas de las cifras que sí están en el relevamiento no fueron aportadas por los estados provinciales, sino que fueron sistematizadas por Ruido a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios difundidas en distintos medios locales.

Si bien el objetivo inicial de Ruido era -por ejemplo- comparar entre las provincias el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido, el relevamiento demostró esa imposibilidad ante la falta de información pública que, en muchas ocasiones, se debió a un esfuerzo sostenido de las administraciones oficiales por mantenerla oculta.

Esta situación muestra en la práctica la principal conclusión de un informe elaborado por las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas de la Nación durante el primer año de su gestión (2020), que pasó casi inadvertido.

Allí se revela la ausencia de datos abiertos sobre obra pública argentina, fallas de transparencia y falta de coordinación normativa y legal con las provincias, elementos que determinan otro de los principales hallazgos: el 94% de los contratistas encuestados considera que existe corrupción en la contratación pública (25% expresaron que es muy frecuente), mientras que sólo 5% cree que no hay corrupción.

La dispersión y la falta de datos y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias.

Incluso, eso imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado (controlando el efecto de la inflación).

De esa manera, nadie termina por saber si una obra se pagó a un costo razonable o si, por el contrario, fue exorbitante y resulta sospechoso. Precisamente, que este rubro fundamental de la gestión pública sea imposible de controlar da margen para alentar la idea de que la corrupción es inevitable en este ámbito.

Caída del índice de acceso a la información

Si se compara el nivel de acceso a la información del primer relevamiento de Ruido (compras públicas de pandemia en 2020) con actual, la situación empeoró.

Según el índice elaborado (en el cual 1 implica acceso público total a los datos y 4, ningún acceso), el promedio general del acceso a la información en 2020 en las provincias argentinas había sido de 2,3. Y en el segundo relevamiento (compras públicas de enero a marzo 2021), retrocedió 0,3 puntos y pasó a ser 2,6.

Ahora, dicho índice empeoró aún más, al pasar a 3, aunque ahora incluye a todas las provincias argentinas (23, más CABA). En los dos relevamientos anteriores sólo eran 15 los distritos provinciales relevados.

Hallazgos preocupantes

Entre los principales hallazgos de la investigación sobresale el del costo del cuestionado estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Se trata de una obra faraónica en una de las provincias más pobres del país, que sufre más del 45% de pobreza.

La obra tenía un presupuesto inicial de casi 900 millones de pesos que, teniendo en cuenta la inflación, equivalen a más de 4 mil millones de pesos actuales (de febrero de 2022). Las últimas informaciones periodísticas publicadas llevaban una cuenta de 1.500 millones gastados.

Pero a través de decretos obtenidos por Ruido (la Provincia no los hace públicos) detectamos que esa suma -del estadio y de sus obras complementarias- alcanza ya 3.031.373.635 pesos.

Al controlar por inflación, el gasto realizado ya suma más de 9 mil quinientos millones de pesos actuales, es decir, más del doble de lo inicialmente presupuestado una vez descontada la inflación.

Además, la mayor parte de dichas obras se realizó por contratación directa.

Otro caso llamativo es el de la respuesta del Tribunal de Cuentas de Mendoza ante la requisitoria de Ruido. Esa entidad consideró que lo solicitado por esta red no es información pública ya que no requerimos documentos sino “elaboración de documentación”, y que además “dicha información obra en los organismos licitantes de tales obras”, por lo que el TC no tiene obligación de divulgarla.

En Tierra del Fuego sucedió algo también muy particular: el pedido de información no sólo está denunciado ante la Fiscalía de Estado ante la negativa y obstrucción oficial a entregar datos, sino que una de las respuestas iniciales a la requisitoria fue que era necesario abonar la cifra correspondiente a 9.887 copias (74.152 pesos si costaran $7,5 cada una), referenciando la Ley Fiscal Provincial para fijar el valor por copia, a pesar de lo establecido por la Ley de Acceso a la Información que indica que no puede cobrarse tasa o impuesto por las copias solicitadas.

A su vez, se ofreció digitalizar los expedientes solicitados recién dos meses después de la solicitud. Esto, violentando los plazos de ley y en los que se elaboró el presente informe.

En este caso, Ruido accionó ante los organismos de control provincial para tratar de obtener alguna información sobre los expedientes solicitados.

Provincia por provincia

Buenos Aires, sin detalles ni respuestas. La información obtenida sobre las obras monitoreadas en la provincia es ínfima. Se origina en declaraciones de prensa, pero no se obtuvo ninguna precisión oficial.

CABA, polémica y con pocos detalles. Sólo se encontró información disponible -pero incompleta- de una de las tres obras públicas monitoreadas. De las otras dos sólo hay datos publicados por la prensa. El gobierno porteño no respondió los pedidos de acceso.

Catamarca, sin respuestas. No hay detalles sobre costos de las obras públicas seleccionadas, ni información pública, ni respuesta a los pedidos de acceso.

Chaco, sin explicaciones. Sin ningún tipo de respuesta oficial, los pocos datos obtenidos fueron relevados de la prensa. La polémica por las granjas porcinas para China.

Chubut, hermética. No hubo respuesta sobre alguna de las obras públicas consultadas. Los polémicos Centros de Encuentro, “cáscaras vacías” a 10 años del inicio de su construcción.

Córdoba, más accesible. El Gobierno provincial entregó gran parte de la información. Tiene Portal de Transparencia, pero no es fácil de utilizar. La sociedad anónima que motoriza la obra pública y el escaso control del Tribunal de Cuentas.

Corrientes, con costos ocultos. No hay información oficial sobre costos de obras públicas, salvo declaraciones de funcionarios. No se puede saber cuánto costaron obras emblemáticas para la provincia.

Entre Ríos, sin detalles. Sólo se pudieron rastrear datos parciales e incompletos sobre las obras públicas seleccionadas. No se respondieron los pedidos de información.

Formosa, un clásico cerrojo informativo. La Provincia no muestra datos ni responde los pedidos de acceso a la información. Nadie podrá saber, por ejemplo, cuánto costó hasta ahora el llamado “Palacio de la corrupción”.

Jujuy, con pocos datos y un Complejo para cannabis. Precios exorbitantes por una ruta provincial, una maternidad con varias dudas, un complejo para producir aceite de cannabis y mucha falta de información sobre esas obras.

La Pampa, el reino de la inaccesibilidad. Es uno de los gobiernos con menos acceso. Ruido no logró respuesta de ninguna instancia, por ninguna de las plataformas de consulta. El megaestadio que se construye desde 2006.

Mendoza retrocede casilleros. La Provincia no sólo no difunde información sobre las obras públicas requeridas, sino que buscó justificar de manera activa la negativa a entregar esos datos. Para el Tribunal de Cuentas mendocino, lo solicitado por Ruido no es información pública.

Misiones, con migajas de información. La posibilidad de conocer el costo de la obra pública en la provincia es nula. Los millones tirados a la basura en una aerosilla fallida.

Neuquén, cerrada a los pedidos. No se respondieron solicitudes de datos de ninguna de las tres obras seleccionadas. Sólo se pudieron relevar datos generales y parciales.

Río Negro, con datos. Se pudo acceder a información sobre las obras seleccionadas.

Salta: algo de predisposición, pocos datos. Sólo se consiguieron datos de una de las obras requeridas. En otras se permitió el acceso a expedientes que no contenían la información solicitada.

San Luis: información difícil de rastrear. Si bien el Gobierno entregó algunos datos sobre las obras solicitadas, son parciales y faltan muchos detalles. La información accesible al público es muy escasa.

Santa Fe, más transparente. Es una de las pocas provincias que entregó información sobre las obras requeridas. La polémica ampliación de Tribunales. Mirá la nota completa.

Santiago del Estero: el megaestadio de $3 mil millones. No hubo forma de acceder a datos oficiales, ni respuestas a los pedidos de información. La obra del Estadio Madre de Ciudades costó hasta ahora más del doble de lo presupuestado, gran parte realizado con contrataciones directas.

Santa Cruz, bajo la sombra de Lázaro. La Provincia cuenta con una ley de Acceso a la Información, pero las dependencias no siempre responden. La historia de la autovía entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, el emblema de la corrupción en la obra pública de la provincia.

Tierra del Fuego: denunciar a la Fiscalía y pagar para ver. El Gobierno no entregó información sobre las obras requeridas: en algunos casos son inaccesibles y en otros pide pagar hasta entre 35 mil y 74 mil pesos en fotocopias de expedientes.

Tucumán, sin datos y sin cambios. El Gobierno provincial no respondió los pedidos de acceso a la información sobre obra pública, como en los anteriores relevamientos de Ruido. Tampoco el Tribunal de Cuentas.

Aclaración sobre la actualización de montos, en un contexto inflacionario

Debido a que la inflación impide comparar montos en pesos de años diferentes, se realizó una actualización de los mismos al equivalente de su valor en febrero de 2022, siempre que se tuviera el dato de la fecha a la que correspondía el monto original.

Para realizar la conversión se utilizó una base de precios construida para resolver los problemas de los datos oficiales entre 2007 y 2015. Así, se utilizó el IPC de INDEC hasta 2006, IPC San Luis desde 2007 hasta 2012, un promedio de IPC San Luis e IPC CABA para 2013-2016 y desde entonces los datos del IPC de INDEC.

La Base de precios fue confeccionada por la socióloga Sol Minoldo a partir de una base realizada previamente por su colega Diego Born.

Entre Ríos, sin detalles

Sólo se pudieron rastrear datos parciales e incompletos sobre las obras públicas seleccionadas. No se respondieron los pedidos de información.

En Entre Ríos fueron entregados dos Pedidos de Acceso a la Información (PAI): uno en el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos; y otro en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

En la primera repartición, un mes después, solicitaron acreditar identidad con copias de DNI. Ese requerimiento fue respondido. Y luego no hubo más novedades.

En el Tribunal de Cuentas tampoco hubo ningún tipo de respuesta.

De modo que la recolección de información fue a partir de consultas web: páginas oficiales de gobierno, medios periodísticos y boletines oficiales. Las tres obras seleccionadas fueron:

  • Rehabilitación y reconstrucción de las rutas 1 y 2, en el norte entrerriano.
  • Centro de Prevención y Atención de Adicciones.
  • Pavimentación y ensanche de puentes en Ruta Provincial 20. (Primeros 27 kilómetros que unen la ruta nacional 18 a la escuela Nº 77 Del Pericón).

La información hallada es incompleta. Fue sencillo encontrar anuncios y llamados a licitación pero no ocurrió igual con los datos sobre avances de las mismas. Los reportes publicados en páginas gubernamentales no permiten obtener datos como cantidad de oferentes presentados a licitación, redeterminaciones de precios, costos por kilómetros o metros cuadrados, o valores finales de las obras públicas.

Obras polémicas

Entre los criterios tenidos en cuenta para la elección de una obra polémica (pavimentación ruta 20) estuvo la importancia para la comunidad donde se asienta; el tiempo de concreción desde el anuncio; y la existencia de reclamos públicos.

La obra fue anunciada el 13 de noviembre de 2012 con un festejo del que participaron autoridades del gobierno provincial en Villaguay y, según las crónicas del momento, cientos de vecinos. En las publicaciones de internet aún se encuentran fotos de esa instancia.

Se hizo un llamado a licitación pero los trabajos nunca comenzaron. Los habitantes del centro de la provincia quedaron esperando hasta principios de 2021, cuando autoridades del Gobierno provincial y nacional volvieron al lugar y, acto mediante, inauguraron el comienzo de los trabajos. Actualmente no se conoce información oficial sobre el avance de la obra, pese a los reclamos.

Lo más llamativo de la exploración sobre la información publicada de las obras, es una situación similar a la descripta en el párrafo precedente: la obra de cierre en el Norte entrerriano y la repavimentación de las rutas provinciales 1 y 2.

En Entre Ríos hay sólo dos autovías, la 14 y la 18. La última mencionada, Autovía Artigas que une la Paraná y Concordia -aún no fue concluida-, es ejecutada por Vialidad Nacional según la información publicada en internet. De modo que se eligió una obra ejecutada con fondos de la provincia, para respetar el criterio de investigación a nivel nacional.

El comienzo de obras para el cierre del Norte entrerriano, fue anunciado en marzo de 2011 por el Gobierno provincial. Se llamó a licitación, se abrieron los sobres y no se adjudicó. Se prometió en ese momento que el primer tramo de la obra constaría de “24,674 kilómetros más 400 metros de una colectora en uno de los lados de La Florida. Tiene 11 centímetros de espesor de carpeta asfáltica, es decir tiene 5 centímetros de base más una carpeta de 6 centímetros, 7,30 metros de ancho de calzada y una banquina con suelo consolidado de 3 metros de ancho. Tiene tres puentes y una serie de obras de arte como alcantarillas tanto cajón como de caños transversales, uno de los puentes estará sobre el arroyo Toledo y dos de ellos sobre el arroyo Sarandí”.

Se dijo entonces que había un plazo de “2 años” para hacerla y se aseguró que “en dos meses y medios aproximadamente se empezaría a trabajar”. La adjudicación fue, finalmente, en agosto de 2013. El plazo de obras ya no serían dos años sino 18 meses. En junio de 2014 se detuvieron los trabajos. Se dijo que la provincia no pagó certificados de obra.

Después cambió el gobierno. En julio de 2019 se avanzó con la construcción de un puente sobre el arroyo El Toledo, que era parte del primer anuncio de 2011. Habían pasado 8 años desde el llamado a licitación.

Hoy está cerca de terminarse el puente. De la pavimentación de la ruta no se sabe nada, simplemente que en 2021 el Gobierno provincial firmó actas con Vialidad Nacional para reconstruir tramos de las rutas provinciales 1 y 2.

Fuente
El informe completo de la Red Ruido y los detalles de cada provincia pueden consultarse en el siguiente enlace:
 https://elruido.org/en-casi-7-de-cada-10-de-provincias-argentinas-no-se-sabe-cuanto-cuesta-una-obra-publica/

 

1 de cada 4 de los siniestros viales son producidos por gente con alcohol en sangre, dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

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