Marisa Graham
Hace un año, expuse en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que había ingresado en ese momento el poder ejecutivo nacional, junto con muchos otros organismos públicos y privado. Fueron tres intensas jornadas donde se escucharon interesantísimas opiniones sobre ese anteproyecto para un Nuevo Régimen Penal Juvenil que, como el que ingresó hace tres días y al día siguiente retiró, hacía eje en dos puntos fundamentales: bajar la edad de punibilidad –no de imputabilidad– a los 13 años y aumentar las penas a 20 años.
Comencé diciendo: “Yo lo que creo, con todo respeto diputadas y diputados, es que es muy difícil legislar sobre un sujeto que uno no conoce”. Lamentablemente, vuelvo a enunciar lo que manifesté en aquella oportunidad, con un agravante: que aquellas opiniones de más de 200 actores, se manifestaban en contra de la baja de la edad y de ese endurecimiento de la pena.
Hoy se repitió este debate que alcanzó la media sanción. Es decir, todas aquellas intervenciones especializadas (jurídicas, judiciales, médicas, sociales, pedagógicas, etc.) no fueron tomadas en cuenta. Como ya ocurrió en otras ocasiones en nuestro país, a principios de los 90, en 2015, 2017, no fueron, no fuimos escuchados.
Entonces sigo sosteniendo lo mismo: no conocen bien la realidad de nuestros chicos y chicas. Ni el proyecto del Ejecutivo ni otros proyectos que también bajan la edad de punibilidad –que también son meramente punitivistas, meramente retribucionistas–, desconocen el principio básico de los derechos de las niñas y niños, que es el principio de protección especial por el sólo hecho de ser personas menores de edad, sujetos vulnerables. Lo dice no solo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino todo el amplio Corpus Iuris de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que hay en el mundo y al que nosotros hemos adscripto.
La otra cuestión es que es poco inteligente, porque la violencia no se combate con más violencia. Los índices de criminalidad no bajan reduciendo la edad de punibilidad ni aumentando las penas a los más chicos, cortando la cadena por el eslabón más débil, sino que bajan disminuyendo las inequidades, la desigualdad socio económica y la discriminación. Y más prestaciones positivas de los Estados, nacional y provinciales. Esto es: más escuela, más salud, más deportes, más familia
Se combate el crimen, o se alcanza una sociedad más justa y más pacífica, combatiendo el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, que es el que capta a nuestros niños y niñas; investigando quién, cómo y dónde se lava el dinero del narcotráfico y de la trata de personas. Se trata de ver cómo se desarma a la sociedad, en vez de promover leyes que blanqueen las armas. Es insólito y absolutamente contradictorio: queremos bajar la edad para ingresar a las infancias al sistema penal, pero armamos más a la sociedad en vez de destruir las armas. ¿Nadie se pregunta quién pone un arma de fuego en las manos de un chico, tenga la edad que tenga?
Ahora bien, ¿Dónde están estos chicos? Ese peligroso enemigo que intentan construir. Son 3.600.000 chicos y chicas de 13 a 17 años que viven en la República Argentina; son el 8% de la población total. Están concentrados en cuatro jurisdicciones: CABA, Provincia de Buenos Aires (sobre todo primer y segundo cordón), Córdoba y Santa Fe. Los proyectos de ley que bajan la edad están dirigidos a esa realidad de cuatro jurisdicciones, olvidando la realidad de otras provincias como La Pampa, Tierra del Fuego o Santa Cruz, cuyos sistemas de protección de niños, incluidos los poderes judiciales han salido a decir: “Miren, este es un problema que nosotros no tenemos”.
Mal que les pese a muchos, en democracia hay cosas que salen bien: tenemos escolarizados en la escuela secundaria al 94,1% de los chicos. Esto vino aumentando 13 puntos porcentuales en 12 años gracias a programas como el Progresar, donde se anotaron 590.000 chicos en la primera camada. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Estado genera políticas para los adolescentes, ellos las toman porque las necesitan. También bajó mucho el embarazo adolescente.
Aquellos que son titulares de una protección especial en Argentina son hoy más víctimas que victimarios: un 47% vive bajo la línea de pobreza y un 15% bajo la línea de indigencia. En 2022, murieron 15.144 chicos por causas evitables; el 31% de esas causas externas fueron suicidios. ¿Qué hicimos nosotros para que esos 470 chicos no se quitaran la vida? Entonces, la seguridad pública no es un problema de los chicos, es un problema de los adultos.
El delito en el país viene bajando sistemáticamente desde 2015. En los fundamentos del proyecto del Ejecutivo hay una manipulación del dato: si se toma desde 2020 (pandemia), obviamente parece que aumenta. Pero en la serie larga los delitos cometidos por personas menores de edad siguen bajando y no alcanzan los niveles de 2011. En nuestra región, los países con menos homicidios cada 100.000 habitantes son Bolivia, Cuba y Argentina. Es más, la tasa de criminalidad en Argentina bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Los países que tienen 12 años de edad de punibilidad tienen tasas de 23 y hasta 45 puntos.
Según Unicef, el 0,45% de los chicos de 12 a 17 años han cometido presuntamente un delito; es decir, el 99,55% no está cometiendo delitos. Decir que bajar la edad bajará la violencia es una falacia y es mentirle a la sociedad.
Queremos cambiar la ley 22.278 porque nos lo demanda el Comité de los Derechos del Niño, pero bajo cuatro condiciones: no bajar la edad, no endurecer las penas y para los punibles, que la privación de libertad sea la última ratio y mejor medidas de justicia restaurativa.
Es mucho más barato y eficiente el trabajo que hacen municipios como Ensenada, San Martín o Avellaneda, o los Hogares de Cristo y los curas villeros o la Provincia de La Pampa.
Entonces, es sólo una decisión política. En contra de toda evidencia. Como decía el Papa Francisco, hay que trabajar desde la periferia. Si el chico no va a la escuela, al comedor o al club, hay que ir a buscarlo a su casa y apoyar a las familias y a la comunidad en la crianza. Los niños merecen protección especial por el solo hecho de ser niños. Y dependen de nosotros.
(*) Marisa Graham es abogada y docente (UBA). Fue la primera defensora nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el diario Página/12.
