La República Oriental del Uruguay atraviesa la peor crisis de abastecimiento de agua potable de por lo menos los últimos 40 años en el área metropolitana de Montevideo y en varios centros urbanos de ese país, mientras las autoridades de Obras Sanitarias del Estado (OSE) responden con improvisaciones, comunicados falsos, aseveraciones absurdas y decisiones que generarán aún más problemas para la población.

La resolución de aumentar los valores en Cloruros de 250 miligramos por litro (mg/L) a 720mg/L, y en sodio de 200mg/L a 440mg/L en el agua potable incluyó aseveraciones contradictorias y falsas sobre los efectos en la salud de la población, que por la gravedad del tema se hace necesario repasar, advirtió el portal de la Agencia Tierra Viva y otros medios como TN, CNN e incluso varias agencias gubernamentales de ese país.

El 26 de abril pasado, el presidente de OSE, Raúl Montero, dijo que la empresa estatal decidió aumentar el límite de salinidad en el agua potable y advirtió que cambiaría el gusto al momento de beberla, aunque no afectaría la salud de la población.

El 4 de mayo, la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando, aclaró que no se han visto problemas de salud para la población en general. Sin embargo, advirtió que -al aumentarse los valores, en particular de sodio-, puede afectar la dieta, “sobre todo de pacientes con hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”.

En tanto, según una nota de La Diaria del 8 de mayo, con el respaldo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otros organismos públicos, OSE aclaró que las personas con “hipertensión” y “enfermedades renales”, así como las personas que por recomendación médica llevan “una dieta restringida en sal”, deben “extremar los controles de presión arterial, no descuidar sus controles médicos y, en caso de ser posible, consumir agua embotellada”.

También el 8 de mayo, la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, hizo una sugerencia a la población: “Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca Cola y comprarse el agua”.

La reforma constitucional de 2004 estableció en el artículo 47 que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”.

Veinte años después, las autoridades, en lugar de asumir su responsabilidad de garantizar este derecho humano fundamental como manda la Constitución Nacional, ponen en riesgo la salud pública cambiando los estándares y abasteciendo agua que puede afectar a una parte importante de la población. Ofrecen respuestas que son absolutamente irresponsables, transfiriendo la responsabilidad a las personas, dándoles como única opción la compra de agua embotellada en el mercado. De esta forma exacerban la injusticia, porque sólo pueden acceder a agua sin los elevados niveles de sodio quienes tienen dinero para comprarla, destacó el portal de la Agencia Tierra Viva.

Antecedentes y causas de la crisis del agua en Uruguay

La gestión irresponsable de las autoridades de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Ministerio de Ambiente, y la orientación caótica de la política de aguas del Gobierno hacia la privatización (en múltiples facetas), violación flagrante de la Constitución, tiene varios componentes:

Reducción progresiva de las inversiones en infraestructura y de personal en la OSE, en lugar de resolver las pérdidas de agua en el sistema de suministro (se pierde más del 50 por ciento del agua en la distribución) y de buscar la eficiencia en el uso del agua potable.

Ausencia de planificación territorial y de políticas de gestión adecuadas en las cuencas hidrográficas, lo que ha generado una situación crítica en la cuenca del Río Santa Lucía, fuente de agua para más del 60 por ciento de la población del país. A pesar de disponer de diagnósticos y de líneas de acción, los equipos de administración no las están implementando y parecen orientados a “abandonar” al Río Santa Lucía y a que avance su deterioro.

La no incorporación de nuevas medidas sugeridas por la sociedad civil y la academia para reducir el impacto del agronegocio. Un ejemplo es la negación a formar un grupo de trabajo para evaluar el impacto de la forestación en las nacientes de las cuencas y analizar la recalificación de suelos de prioridad forestal en esas zonas, por el impacto directo en la disminución de los caudales de hasta un 50 por ciento en momentos de estrés hídrico como el actual.

Límites y recortes a la participación de la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, obstaculizando el normal funcionamiento de las comisiones de cuenca y los consejos regionales de recursos hídricos.

Nuevas apuestas a la privatización del servicio de agua potable: el proyecto Neptuno y las estrategias seguidas por la administración para saneamiento y pérdidas de agua son un claro reflejo de esta orientación política de la gestión.

Total pasividad frente a los efectos que el cambio climático ha generado, como el aumento en la frecuencia de eventos extremos con importantes períodos de sequía, y por ende fuertes impactos en el ciclo hidrológico.

Se ha eludido y negado un debate profundo sobre el modelo productivo y la insustentabilidad que reproduce, con impactos en nuestros bienes comunes, muy especialmente en el agua.

“El acceso al agua potable es un Derecho Humano fundamental, consagrado en nuestra Constitución. Hoy no se está garantizando ese derecho, ya que una parte importante de la población, más de un 40 por ciento, no puede tomar el agua que sale de las canillas por los efectos adversos para su salud”, resaltó el portal de la Agencia Tierra Viva.

Con la distribución de agua que pone en riesgo la salud de la gente, OSE no cumple con su mandato de abastecer de agua potable y segura para todos y todas.