Productores vinculados a las islas del Paraná advierten que se produce un recrudecimiento de los incendios. Todo queda en la impunidad.
Comunidad Islera Asociación Civil es un colectivo que se formó ante la necesidad de poner en valor desde adentro, un modo de vida que incluye a productores ganaderos, pescadores, emprendedores turísticos y apicultores. “Somos una asociación de isleños de Entre Ríos que defendemos nuestro hábitat. Producir conservando, con los ejes de la sustentabilidad económica, social y ambiental” definen en sus redes sociales.
Y que, ante el recrudecimiento del fenómeno del fuego, salieron a expresar su mirada ante las acusaciones que reciben desde algunos sectores de la sociedad. “Estamos nuevamente en el ojo de la tormenta, con un río muy bajo, carencia de lluvias y algunas heladas que secaron todo el material, que quedó muy susceptible de prenderse fuego. De hecho, ya hemos tenido casos de incendio, frente a la localidad de Fighiera”, le admite al diario El Litoral de Santa Fe, Leonardo Scarparo, titular de la entidad.
Fuego, otra vez
Consultado acerca de las causas que originan el fenómeno, explica que hay muchos factores que inciden en los sucesos del fuego, aunque negó las acusaciones respecto de una práctica ancestral de manejo agroecológico, como es la quema para generar rebrotes tiernos para la hacienda.
“Es incorrecto afirmar que de esta manera se mejoran las pasturas, porque técnicamente no es así. Eso es parte del pasado, forma parte de otro manejo, otro tipo de animales. Hoy contamos con tecnologías que junto con el manejo hasta convierten hasta contraproducente la presencia del fuego”.
Desde la entidad, expresan con preocupación que las autoridades siguen sin buscar resolver el problema de fondo, y los usan como chivos expiatorios. En efecto, “hay 36 productores con causas penales, por ser los propietarios y no los causantes de los fuegos”, expresa. “Cómo ni la policía ni la justicia encuentran a los culpables, es mucho más fácil culpar y hacer una causa penal al propietario”, agrega.
El asadito
En ese sentido, Scarparo describe una postal de lo que ocurre en su campo, frente a Rosario. “Yo me he encontrado con 50 a 60 lanchas acampando en la isla de mi propiedad en distintos lugares, haciendo un asado. Y uno se pregunta cómo manejar esa situación, y cómo evitarla”. A tal fin, explica que hay incluso un decreto reglamentario de la Provincia de Entre Ríos que prohíbe el acampe en las orillas del río en las propiedades privadas. “Pero a eso hay que hacerlo cumplir, porque el propietario no puede pelearse con los tripulantes de 60 lanchas que están violando esa norma y prendiendo fuego. Muchos son conscientes, pero otros no, y generan los incendios”.
La mirada anti campo
Pero Scarparo va más allá y opina que, además, esto está atravesado por una cuestión ideológica, “con el mundo ecologista (en tanto extremistas del ecologismo y anti producción)”. Por otro lado, aclaró que hay una cautelar del Juez Federal (Dr. Alonso) que les impide intervenir en esos casos. “No podemos hacer cortafuegos; estamos atados de pies y manos al no poder tener ningún tipo de intervención, como puede ser un cortafuego para evitar que el problema se propague todavía más. Lo único que podemos hacer es avisar cuando se prende fuego, pero no podemos tomar ninguna medida preventiva porque nos la impiden”.
El productor lamenta que nos los tengan en cuenta a la hora de una estrategia conjunta. “Nosotros vemos el fuego antes que salga en las aplicaciones. De hecho, veníamos trabajando muy bien con las autoridades de ambas provincias. Con la gestión anterior de hecho teníamos una relación aceitada en ese sentido, pero todavía no sabemos a quién informar este tipo de situaciones. Estamos tratando de retomar esa metodología”.
Finalmente, Scarparo explicó que la Municipalidad de Victoria aumentó 10 veces el precio que cobraba por el embarque de hacienda. “La tarifa se disparó. De mil pesos que se cobraba por animal la subieron de seis a ocho mil pesos (de acuerdo a la cantidad), sin ningún justificativo válido”. Según dijo, utilizan en el decreto para justificar la suba “el precio del novillo de exportación y el valor agregado que nosotros sacamos de los humedales”, consignó el diario El Litoral de Santa Fe.
“Si vos analizás estas dos cosas estás poniendo dos impuestos al producto final sin tener en cuenta los costos que tiene el productor. 'Como la vaca vale mucho, entonces cóbrale mucho', parece ser la idea, pero si vale mucho es porque cuesta mucho hacerla. Tal es así que esta cobranza nos obliga a subir el flete un 75 % y es algo que no se puede aguantar. El hecho que comentan del valor agregado que tiene el humedal es una falta de respeto a la propiedad privada. Los que hacemos ganadería somos dueños de la isla en muchos casos, y eso figura en los registros de la propiedad de Victoria, y son propiedad particular. Entonces ese valor agregado del humedal no es tal. Nosotros trabajamos en la isla, poseemos y hacemos uso de una propiedad privada, por eso digo que hay un trasfondo ideológico contra la producción. Necesitamos que se levante esa cautelar que nos impide intervenir para prevenir los incendios”, reclamó.