Entre el 27 de junio y el 4 de julio de este año, 18 imputados en la megacausa por torturas a ex soldados en Malvinas debían presentarse a declarar ante el juzgado federal de Rio Grande en Tierra del Fuego, lugar donde fueron radicadas las denuncias en 2007. Dicha disposición había sido tomada por el juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete, antes de que asumiera en su lugar Mariel Borruto, quien desde mayo pasado se encuentra a cargo de la causa. Sin embargo, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó que la jueza suspendió la medida sin establecer una fecha prevista para continuar con el proceso aduciendo "falta de personal, recursos físicos y pruebas".

La investigación contiene 120 denuncias contra 95 militares imputados por violaciones a los derechos humanos cometidos contra soldados, que van desde prácticas de "estaqueamientos", "enterramientos" o falta de suministro de alimentos, que provocaron la pérdida de entre un 30% y un 40% de la masa corporal de los combatientes llegando, en algunos casos, hasta la muerte.

Ernesto Alonso, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y querellante, aseguró al Equipo de Investigación que "algunos compañeros murieron estando 'estaqueados' bajo fuego enemigo y hay casos de soldados asesinados a manos de sus superiores". Y agregó: "Borruto fue secretaria del juzgado, es una persona que conoce la causa, y está para garantizar el servicio de justicia, entonces una vez que asume como jueza no puede justificarse de que le falta espacio físico", publicó Perfil.com. 

Por su parte, para Hugo Robert, presidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, el proceso no avanza porque hay un "fuerte lobby militar para que no se sepa toda la verdad sobre la guerra". Desde el Cecim señalan que en el discurso por los 209 años de la fuerza, brindado el pasado 29 de mayo en el Colegio Militar de la Nación y encabezado por Mauricio Macri, Claudio Pasqualini actual jefe del Ejército, había manifestado que "ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes".

"No ocultamos las actuaciones honrosas que tuvieron muchos miembros de las Fuerzas Armadas pero también alertamos sobre la existencia de torturas y graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las islas, por parte de oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina", señaló Robert.

En cambio, para Jorge Zanela, jefe del Departamento de Veteranos de Guerra del Ejército, pueden haberse producido hechos aislados pero no se trata de una orden sistemática que fue impartida por la institución. "La causa no tiene fundamentos legales, porque hay personas que ya fueron sobreseídas por casación y la Corte Suprema sobre las mismas denuncias -aclaró Zanela-. Se sigue insistiendo en que hubo delitos de lesa humanidad, que el ejército accionaba metódicamente de esa manera, pero no es verdad. No niego que alguien no haya cometido alguna indisciplina del ser militar pero no como se quiere señalar”.

"Entre las denuncias, por ejemplo, hay un capitán que nunca fue a Malvinas. Todos los que son acusados eran en su momento subtenientes, cabos o cabos primeros, de los grados más bajos que hay en el Ejército -agregó Zanela- Además, si llega a declararse como un delito de lesa humanidad, algunos van a pedir una indemnización como ocurrió con otras causas de derechos humanos de la dictadura".

Silvio Katz, ex soldado conscripto y denunciante en la causa, no acuerda con el representante del Ejército. "Malvinas fue una línea de continuidad con el plan sistemático de torturar y hacer desaparecer gente”. Y agrega que desde su condición de judío tuvo que padecer humillaciones y torturas psicológicas. “Todos los días me decían judío de mierda, me estaquearon, tuve congelamiento de brazos y piernas, me pusieron la cabeza en agua congelada y me apuntaron con un arma obligándome a comer de lugares donde depositábamos nuestros excrementos", describió Katz. 

La causa se inició en 2005 luego de la proyección de Iluminados por el Fuego de Tristán Bauer. "Luego de ver ese film, convoqué a varios ex combatientes de Corrientes, donde se había presentado el documental y yo era secretario de Derechos Humanos -recordó Pablo Vassel-. Cuando les preguntaba qué les había parecido la película, me respondían que estaba bueno pero que se había quedado corto respecto a reflejar las torturas que habían padecido".

Luego de ese suceso y durante dos años, Vassel se dedicó a recopilar testimonios de combatientes correntinos, quienes le confirmaron que habían sido torturados en Malvinas. Varios dieron cuenta de la muerte de soldados por hambre. Y también se obtuvo el testimonio que alerta sobre un soldado muerto a manos de su cabo. En abril de 2007, se presentaron 25 testimonios correntinos y luego se recopilaron 200 más provenientes de distintos regimientos de todo el país.

"No queremos polemizar con las querellas que hablan desde el dolor y la expectativa. Ellos dicen que no avanzamos, pero estamos avanzando demasiado". explicó para esta investigación Juan Manuel Vicente, secretario del Juzgado que encabeza la jueza Borruto. Sobre la falta de elementos para hacer avanzar la causa, Vicente advierte que el problema fue en cómo estaba planteado el plazo para tomar las declaraciones. "Era un lapso de seis días, y esa era una posibilidad descartada, debido al poco lugar físico con el que contamos. No vamos a tomar testimonio de esa manera", advirtió.

"Falta información que había sido solicitada y no se obtuvo en tiempo y forma -agregó Vicente-. También la producción de nuevas denuncias que surgieron de las querellas y que llevó a buscar nuevas pruebas como el exhorto a las provincias para obtener nuevas testimoniales. Pero, actualmente, el proceso está en instrucción, se están reuniendo más pruebas para, eventualmente, llamar a declarar a indagatoria a los imputados. Continuamos el trabajo como indica la ley y no tuvimos ningún tipo de presión para que la causa no avance".

El expediente en cuestión, que hasta el momento ocupa 28 cuerpos, fue confeccionado por las actas que se obtuvieron de los Archivos Militares Desclasificados a partir del decreto presidencial 503/2015. Dicha tarea fue llevada a cabo por el equipo de relevamiento del Ministerio de Defensa, actualmente a cargo de Leonor Cisneros, con la colaboración de la Procuraduría de Lesa Humanidad que fue proveyendo las pruebas solicitadas por el fiscal de la causa Marcelo Rapoport.