La jueza da Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, aclaró que su resolución sobre el caso de supuesta violencia familiar en una vivienda de Gobernador Mansilla “lo único que quiere evitar es que sigan circulando audios y videos”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Cabrera aclaró que “quien lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria para investigar si existieron o no hechos delictivos es el fiscal (Samuel) Rojkin, que ha sido muy claro en explicar cuál es el trabajo que está haciendo y cuál es su dedicación en este caso que tiene una importante complejidad". "En ese legajo fiscal toman intervención también las dos defensoras públicas: una en carácter de Ministerio Público de la Defensa para garantizar los derechos de la persona que puede llegar a ser imputada de delitos; y por otro lado, la otra defensora asume la representación como Ministerio Pupilar que representa los intereses de personas menores de edad o que pueden estar atravesadas por una situación de salud mental que las hace vulnerables”, señaló.

En ese marco, explicitó que “el Código Procesal Penal de Entre Ríos habilita a que el Ministerio Público Fiscal y la representante del Ministerio Pupilar puedan solicitar medidas inhibitorias u ordenatorias para preservar los derechos de las víctimas, y dentro de esos derechos está que se minimicen las molestias que puedan tener como consecuencia del procedimiento y a la salvaguarda de su intimidad”.

“Teniendo en cuenta que en este caso se estaban difundiendo por algunos medios y por redes sociales videos e imágenes que involucran a estas mujeres y que afectan su intimidad, y su difusión masiva y pública implica un menoscabo a su integridad y una revictimización, y teniendo en cuenta también la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que cese la difusión de estos audios y videos que estaban exponiendo de manera innecesaria a personas que podían estar atravesadas por una situación de salud mental, a personas que son vulnerables y porque además estos videos forman parte de una investigación penal para dilucidar si existen o no delitos”, explicó la magistrada.

Respecto de su decisión, aclaró: “Normalmente en las resoluciones judiciales se transcribe y comunica la parte resolutiva, pero en este caso me pareció importante hacer conocer toda la resolución para que quede claro cuál es el fundamento y cuál es el sentido de la medida, y ese mismo día se hizo otra nueva resolución aclarando que las palabras ‘información’ y ‘comentario’ que se utilizaron en la primera medida se refieren solamente a aquellos que impliquen una revictimización y que se refieran específicamente a esos videos o audios, pero que de ninguna manera pueden interpretarse como un menoscabo o una afectación al derecho a la información ni al derecho a la expresión”.

“De ninguna manera estoy prohibiendo que se hable del caso ni a los medios ni a ninguna persona”, sentenció la magistrada. “En todo procedimiento judicial la sociedad tiene interés en que se llegue a la verdad, que haya sanciones si las tiene que haber y se aclare, y los organismos judiciales y fiscales debemos trasparentar nuestro trabajo en la medida en que sea compatible con el procedimiento y no se entorpezca una investigación ni se afecten los derechos de las personas; y la resolución lo único que quiere evitar es que sigan circulando audios y videos”, indicó.

Asimismo, definió que “es una situación familiar muy compleja, la vida siempre nos sorprende con situaciones nuevas y los organismos tenemos que estar a la altura para dar respuesta a cada situación en particular, y en este caso me consta que desde el Juzgado de Familia, el Juzgado de Paz y de la Fiscalía hubo una intervención acorde a la problemática que se presentaba en ese momento, y ahora me consta también que la Fiscalía está trabajando para dilucidar si existe algún tipo de delito o no, pero obviamente llevará unos días o un tiempo llegar a una conclusión”.

“Por otro lado desde el Juzgado de Paz que atendió la denuncia de violencia familiar que hicieron otros organismos, también se está trabajando y se tomaron medidas; también están trabajando las defensoras, está trabajando Salud Mental porque es una problemática atravesada por muchas cuestiones y es necesario que intervengan muchos organismos del Estado, pero no debemos perder de vista que si hay personas vulnerables, si hay posibles víctimas –y que además por el solo hecho de ser personas tienen derecho a que se les respete su intimidad- no podemos con ese abordaje revictimizarlas ni afectarlas en su intimidad y en su integridad. Ellas deben participar en diligencias, como estudios y pericias, donde tienen que venir tranquilas para que el profesional que las entreviste pueda llegar a ellas y que sean productivas esas diligencias”, planteó.

De todos modos, respecto a la difusión de la situación, afirmó que “un fiscal no tiene una bola de cristal para saber todo lo que pasa en la sociedad y es importante que la noticia de algún modo le llegue y por suerte hoy con los medios de comunicación y las redes sociales esto se agiliza y se facilita; está perfecto que los vecinos hayan puesto en conocimiento y que los medios lo hagan, pero hay que evitar que luego de que las autoridades ya están interviniendo, más con una situación que no es tan simple y que no se va a resolver en un solo día, se vean afectadas como individuos y no revictimizarlas”.

En ese escenario, valoró que “algunos medios han tratado el tema con seriedad y con mucho compromiso". "Lo que quise transmitir con la medida es justamente evitar que se sigan divulgando estos audios y videos que involucran a estas mujeres de esta familia de Gobernador Mansilla que pueden estar atravesadas por una situación de salud mental, y la divulgación masiva de esos audios y videos afectaba su intimidad e implicaba una revictimización, y como organismos del Estado tenemos el deber de evitarlo; pero de ninguna manera eso implica cercenar la libertad de expresión, de información,  la libertad de prensa”, aseveró Cabrera.

“Ni yo ni ningún juez puede prohibir a la prensa que opine o que informe porque es su deber y su obligación, ni le podemos impedir a ninguna persona que opine porque todos tenemos derecho a la información y a la expresión. Simplemente que evitando la divulgación de esos audios y videos evitamos la revictimización de las personas. Y por supuesto que todos los organismos del Estado deben dar las respuestas a esta familia en particular y a la sociedad, y llegar a una verdad y a la respuesta adecuada para la problemática que se pueda establecer”, aseveró la jueza.

La jueza de Garantías de Tala, Silvina Cabrera, dispuso este miércoles prohibir la difusión de audios y videos grabados por vecinos de la ciudad de Gobernador Mansilla.

Una jueza prohibió difundir audios sobre el caso de supuesta violencia en Mansilla