La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dirigida por Sergio Rodríguez, realizó una presentación ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, después de analizar 232 expedientes de compras del Estado durante la pandemia de Covid19. Según concluyó, la suma comprometida de dinero en esas contrataciones es de 6.280 millones de pesos, pero sólo el 45% de los expedientes no tuvieron publicidad oficial. "Menos de la mitad fueron publicados por los canales establecidos", en tanto "el 30.60 % de dichos expedientes no tuvo ningún tipo de publicidad". Rodríguez pidió que la Agencia intervenga, después de que el oficialismo resistiera auditar dichas adquisiciones en la Auditoría General de la Nación, tal como reclamaba la oposición.

La emergencia sanitaria por el Covid19 expuso algunas irregularidades en los procesos administrativos para la realización de compras bienes, insumos y alimentos. Esto derivó en una investigación iniciada por la PIA, que tiene competencia en todo aquello que desde el Estado pueda afectar al erario público, y que puso bajo la lupa a 40 organismos del Gobierno.

Todo comenzó cuando la Unidad de Admisión y Detección Temprana (UADT) de la PIA, al intentar determinar cuáles fueron las compras directas efectuadas, se encontró con varios obstáculos. ¿Los motivos? “La desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”, advirtieron en el área.

El planteo que abrió la investigación sostiene que los datos que se publican resultan “tardíos, imprecisos e incompletos” y que esto “resulta en un caldo de cultivo extraordinario de oportunidades para la comisión de hechos de corrupción”. Por tal motivo se había pedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) que inicie un sumario extraordinario, pero el organismo se negó a avanzar en esa investigación.

Frente una serie de irregularidades detectada respecto a la transparencia de la publicación de más de 200 compras, y al detectar "la falta de publicidad de las compras efectuadas y ante los claros incumplimientos por parte de los distintos organismos respecto de las exigencias de publicidad", la PIA realizó una presentación ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Según el informe, al que accedió Clarín, se compulsaron las distintas páginas de sitios oficiales, es decir Boletín Oficial y la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), además de las páginas de distintos organismos, "obteniendo un cuadro de situación totalmente inconsistente, con falta de información y sin correspondencia con los datos obtenidos tras las distintas requisitorias efectuadas".

En todos los casos, señaló la PIA, "al realizar la contratación directa de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, los organismos debían proceder a su publicación posterior, tanto en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones como en el Boletín Oficial".

Durante la pesquisa desarrollada por el fiscal  Rodríguez, "se debieron efectuar innumerables requerimientos que hasta el día de la fecha no permiten conocer a ciencia cierta qué organismos adquirieron bienes o servicios, a través de qué procedimiento, a quién adjudicaron o cuál fue el importe de adjudicación, pese a que transcurrieron casi 3 meses desde el inicio de las actuaciones".

A raíz de los estudios efectuados, se señaló que en los 232 expedientes de compras se pagaron o comprometieron las sumas de 6.280,5 millones de pesos, 25,2 millones de dólares y 787.434 euros.

De estos totales, se determinó que sólo el "41.81% de los expedientes (97 carpetas) tuvieron publicidad tanto en BO como en la ONC, es decir que menos de la mitad de los 232 expedientes de los cuales se accedió a la información, fueron publicados por los dos canales establecidos".

Si el análisis se hace según el dinero comprometido, se detectó que sólo el "29.60% de las sumas en moneda nacional erogadas (1.859.191.885,30 pesos) contó con publicidad en ambos organismos donde se debían difundir las compras del Estado Nacional", algo que para la PIA "resulta por demás preocupante, máxime si se tiene en consideración que en los gastos en dólares y euros sólo se alcanzó al 1%".

En este punto, el fiscal Rodríguez se refirió a la "opacidad de la Administración en relación a la adquisición de bienes y servicios". El dato es que estás falencias y poca transparencia ​se observaron en el análisis de sólo un mes de los casi "seis que transcurrieron desde que se dictó el Decreto 260/20".