Durante un encuentro realizado este lunes, en el Centro Provincial de Convenciones, el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), Martín Carbonell, encabezaron una reunión en la que se ultimaron los detalles para la puesta en funcionamiento del Juicio por Jurados.

El instituto fue aprobado por la Ley 10746 en noviembre de 2019. Además se analizó el proyecto de ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. 

De la audiencia participaron la vicegobernadora Laura Stratta; el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; el defensor general Maximiliano Benítez; el presidente de la Sala Penal del STJ, Miguel Giorgio; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. 

Al término de la reunión, Carbonell expresó que “una vez más participamos en el debate acerca de temas vinculados a los tres poderes Estado, cuestión que debemos priorizar en pos de lograr un mejor funcionamiento en la prestación del servicio de Justicia a la sociedad”. 

El magistrado destacó que “el gobernador se interiorizó sobre el avance en la implementación del Juicio por Jurados y se le brindaron detalles al respecto, asimismo la provincia garantizó que en los próximos días se estarán girando al Poder Judicial los fondos para poder llevar adelante, antes de fin de año, los primeros juicios con esta modalidad”. Los primeros juicios comenzarían en noviembre. 

Carbonell también resaltó que se analizaron aspectos vinculados al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, relacionado a la modificación a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.  

En ese sentido, Romero dijo que el tema que viene discutiéndose en la Legislatura entrerriana desde 2018 y se cerraría haciéndoles algunas modificaciones. El mismo apunta a consolidar un proceso de avance normativo nacional y que crea un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas en Concordia”, detalló la ministra Romero. 

Al respecto, mencionó que “dado el contexto de emergencia existente, no hay posibilidad de establecer la cantidad de cargos que el proyecto original contenía y se va a reducir sensiblemente a la mínima expresión, pero se entiende que la población penal de la costa del Uruguay atendida únicamente por un juez de Ejecución de Gualeguaychú resulta insuficiente. Entonces para evitar que los problemas se acumulen en nuestras cárceles y en la resolución de los temas, se ve con agrado la consolidación de esta nueva norma y un nuevo juzgado de Ejecución”. 

Romero dijo también que “hay conflictos a resolver y de vínculo del interno con la Justicia que tenemos la posibilidad con esta nueva ley de mejorar”.