La Cámara Federal porteña avaló las indagatorias que debieron enfrentar el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y a otros ex funcionarios del Gobierno de Cambiemos en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

El tribunal de apelaciones rechazó los planteos de nulidad formulados por los imputados y confirmó el fallo con el que la jueza federal María Eugenia Capuchetti había rechazado anular las indagatorias que les fueran tomadas a los exfuncionarios macristas mientras la causa era instruida por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral.

Los jueces de la Sala Segunda de la Cámara Federal sostuvieron que los hechos que se investigan en esta causa estuvieron bien relatados a la hora de tomarse las indagatorias y que los acusados tuvieron el correspondiente acceso a las pruebas a la hora de defenderse, según surge del fallo de dos páginas al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

“No hay en un contexto así ningún perjuicio actual, real y concreto que dé lugar a la invalidez propiciada”, afirmaron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia.

Cuando rechazó los planteos formulados por Dietrich, Javier Iguacel (ex titular de Vialidad Nacional) y Bernardo Saravia Frías (ex Procutador del Tesoro), la jueza argumentó que no se vislumbraba la violación al derecho de defensa alegada por los abogados de los imputados.

En septiembre pasado, la Cámara Federal porteña había declarado la “nulidad” de los procesamientos a Dietrich, a su entonces par de Hacienda, Nicolás Dujovne, Iguacel y Saravia Frías, pero no había derribado sus respectivas indagatorias.

Esos cuatro ex funcionarios de Cambiemos habían sido procesados en la causa en la que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol SA (Ausol), vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.

La nulidad de los procesamientos había sido dispuesta por la sala II del tribunal de apelaciones con los votos de los jueces Iruruzn y Bruglia que sostuvieron que el pronunciamiento se apoyaba “sobre pruebas a las que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas”.

En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste SA. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.

Beneficiar a las empresas del Grupo Macri

Cuando los procesó, a fines de julio pasado, el entonces juez Canicoba Corral sostuvo que tanto Dietrich como Iguacel, que por entonces era el titular de Vialidad, y Frías habrían actuado “direccionando toda negociación y contratación” para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri.

A Dujovne lo encontró responsable de omitir “intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.

La pesquisa gira en torno a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas concesionarias por inversiones supuestamente realizadas “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”, según consta en el expediente.

Al dictar los procesamientos, Canicoba Corral había remarcado que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas beneficiadas se utilizó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.

La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al grupo Macri y presentada pocos días antes de que el expresidente asumiera en el cargo, sirvió -según la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban, consignó la agencia de noticias Télam.

Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, había remarcado Canicoba Corral.

El ex juez había calculado un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.