La Justicia penal de Montevideo (República Oriental del Uruguay), desestimó este sábado la acción de habeas corpus presentada por el diputado del Parlasur y operador judicial macrista, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que buscaba bloquear la orden de captura librada por la jueza María Servini en el marco de la causa en que se lo investigan por presunta asociación ilícita y extorsión.

La decisión fue adoptada por el juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus –el primero fue rechazado el 7 de mayo- quien consideró que el dirigente macrista no logró demostrar que es víctima de una persecución política. Ahora la justicia argentina podrá solicitar a Interpol la alerta roja y la policía internacional podrá detenerlo.

Por su parte, el fiscal Pablo Rivas se había expresado en contra de hacer lugar al recurso planteado por el denunciado durante la audiencia celebrada este viernes, al tiempo que argumentó que la orden de captura internacional surgió de un juzgado argentino, por lo que la amenaza a la libertad que alega no puede ser invocada como un habeas corpus preventivo, publicó el diario Página/12.

El miércoles pasado, la jueza federal argentina María Servini ordenó la captura internacional de Rodríguez Simón y el gobierno uruguayo recibió un día antes el pedido formal de refugio del operador judicial que es investigado por el delito de “hostigamiento y ahogo financiero” a las empresas del Grupo Indalo, comandadas por el empresario Cristóbal López.

“Pepín” se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre pasado y esta semana anunció públicamente que no volvería a la Argentina, ni siquiera para asistir a la indagatoria a la que fue convocado para el 17 de junio, porque se considera “un perseguido político”.

Sus declaraciones públicas y la presentación de un escrito de una carilla ante el juzgado de Servini, en el que confirmó su presencia en Uruguay y el pedido para ser considerado refugiado, generaron que la magistrada lo considerara en “rebeldía” y ordenara su “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria”.

Rodríguez Simón está imputado en la causa que tiene como fiscal a Guillermo Marijuan, en la que se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”.

Según declararon los dueños del Grupo Indalo, entre las presiones recibidas se les exigía que a través de la línea editorial acusaran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahorraran críticas a Mauricio Macri.

Entre los imputados de esta causa están el propio expresidente Mauricio Macri, el extitular de la AFIP Alberto Abad, el exasesor presidencial José María Torello y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía).

A Rodríguez Simón además se le imputa “el haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019” a los empresario Cristóbal López y Fabián De Sousa, “por intermedio de Ricardo Benedicto, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia en su contra habría “consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”.