Facundo Javier Barbosa fue designado por el Poder Ejecutivo como agente fiscal en Gualeguay, luego de haber conseguido que su pliego fuera aprobado por el Senado. A través del decreto N° 1.845, Barbosa fue asignado a la jurisdicción de Gualeguay, aunque seguirá en el mismo lugar donde cumplía funciones como fiscal interino: en La Paz.

Su nombre adquirió trascendencia en medio de la pelea que dio, en los últimos días como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el paceño Emilio Aroldo Castrillón contra su enemigo de siempre, el jefe de los fiscales Jorge Amílcar García. El entredicho con Barbosa fue más un enredo familiar que derivó después en un intrincado proceso de denuncias y contradenuncias a raíz de un hecho policial en el que se vio involucrado Castrillón, consignó Entre Ríos Ahora.

Castrillón impugnó el pliego de Barbosa en el Senado, y también lo recusó en la causa penal que lo tiene como denunciado y denunciante en la Unidad Fiscal de La Paz.

El expresidente del STJ había impugnado el pliego de Barbosa ante el Senado  puesto que fue el fiscal de La Paz el primer funcionario que tomó intervención en la investigación por el hecho ocurrido el 28 de marzo último en un kiosco de esa localidad, que involucró al vocal del alto cuerpo. Por ese hecho, se denunciaron mutuamente en la Justicia Castrillón y el padre del fiscal, el exfuncionario urribarrista Carlos Miguel Barbosa.

Castrillón acusó al fiscal Barbosa de que “dolosamente falseó datos en la documentación correspondiente al vehículo de su propiedad”, del cual dio los detalles, “con fines ilegítimos que el mismo debe conocer (fiscales o de otra índole)». «El hecho es de fácil constatación y por estar incurso en una conducta punible, no revela la idoneidad mínima necesaria para el cargo a que aspira”.

Y advirtió: “Además de eso, el mismo vehículo antes descripto conforme numerosos testigos presenciales estaba en el lugar del hecho ocurrido en la ciudad de La Paz el día domingo 28 de marzo del corriente año en horas de la madrugada y que el mismo investiga, teniendo al suscripto como imputado”, dijo, refiriéndose al hecho ocurrido en el mencionado kiosco.

“Según surge de la prueba que obra en sede penal y que oportunamente se acompañará, dejó el mismo rodado abandonado”, agregó. “Como si esto fuera poco su padre y su hermano”, dijo, “también estaban participando activamente del hecho, presuntamente consumiendo alcohol en el lugar, ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano de la ciudad de La Paz como lo constató la autoridad policial y lo declararon numerosos testigos, desconociendo las mandas que en razón de la pandemia, como es hecho público y notorio, impedían reuniones sociales en lugares públicos, ya que figuran sus nombres en el LP que desde ya dejo ofrecido como prueba”.

Como se publicó anteriormente, dos comerciantes y un empleado de un kiosco de La Paz, ciudad ubicada a 165 kilómetros de Paraná, denunciaron por daños y amenazas a Castrillón, quien la madrugada del domingo 28 de marzo protagonizó un escándalo en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano, lindero a su casa.

El magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 de aquel domingo 28 de marzo solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.

Castrillón dijo que en las primeras horas del domingo salió de su casa y «fui directamente a pedirle al que estaba en el kiosco, que no sabía quién era y resultó ser empleado –no el dueño-, que me contestó mal y me dijo que la música no era de ellos”. Eran las 1,45 del domingo y quien lo atendió en el kiosco “tenía los ojos hinchados, no sé si de alcohol o de otras sustancias”.

El vocal del STJ aseguró, en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio de la Plaza), que en ese momento “estaba enojado, no excesivamente” pero ingresó al lugar “para exigir que bajen la música”. Al respecto, agregó: “Cuando yo entré en el lugar, el empleado quiso dar vuelta al mostrador para correrme, y ahí le puse un exhibidor en el camino para poder salir sin que me agarre. Al salir, me caí en unos escalones y ahí me patearon en el piso entre tres o cuatro, me fisuraron tres costillas, me lastimaron todos los brazos. Me trastabillé, caí en la vereda y ahí me patean en el piso hasta que me levanté y salí”.

En tanto, Mariano Lukacs, dueño del kiosco, refirió en sede policial que alrededor de las 1,44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “El Kioscaso”, del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.

Además, aseguró que al vocal “lo sacaron a la fuerza” y que “en el exterior comenzó a amenazarme con quedarse con toda la esquina la cual es propiedad de la familia y amenazando en prender fuego la esquina”. “Lo llevé a los empujones hasta la casa, la cual está a 20 metros, hasta que llegó la policía. También me amenazó diciendo ‘hagan la denuncia, total yo soy el dueño de la ciudad’”, completó.

Ese incidente derivó en varias denuncias. El exmagistrado del STJ carga con dos denuncias en su contra: una que presentaron los comerciantes de La Paz por presuntos hechos de violencia ocurridos el 28 de marzo. El exvocal también hizo una contradenuncia en la que señaló que fue golpeado tras un cruce con los trabajadores del negocio lindero a su casa en su ciudad natal; además, fue denunciado por amenazas por el exdirector de Juntas de Gobierno durante el gobierno de Sergio Urribarri, Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz.

Como derivación, el fiscal Barbosa fue luego apartado de la investigación de las denuncias contra Castrillón: esos expedientes quedaron en manos del fiscal Oscar Sobko, que aunque fue reubicado en Paraná, sigue tramitando causas de La Paz.