Servini procesó por delitos de lesa humanidad al ex ministro español Rodolfo Martín Villa

Rodolfo Martín Villa

Villa está acusado de homicidios cometidos durante hechos represivos en el período de transición a la democracia, cuando ejercía cargos de gestión en España.

La jueza federal María Servini procesó por delitos lesa humanidad al ex ministro español Rodolfo Martín Villa por su responsabilidad en cuatro homicidios cometidos a fines de los años ‘70, en el marco de una causa en la que se investigan crímenes cometidos durante el franquismo y que es impulsada desde Argentina por familiares de las víctimas de la represión ilegal.

En un fallo de más de 900 páginas, la magistrada dictó un auto de procesamiento contra Villa por su participación en los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz, quienes fallecieron asesinados durante la represión ilegal cometida entre 1976 y 1978, cuando España transitaba los primeros años de un período denominado como “La Transición” a la democracia.

Martín Villa fue una pieza relevante en esa etapa de cambio de régimen. Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Francisco Franco, Villa está siendo juzgado –entre otros casos- por su responsabilidad en el hecho conocido como “los Sucesos de Vitoria”.

El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, 4.000 trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, celebrando una asamblea. Con la intención de desalojar el lugar, la policía irrumpió y disparó contra la multitud causando cinco muertos y más de 150 heridos.

Servini pidió en 2014 su detención a Interpol para interrogarlo, en base al principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad. Lo había indagado el 3 de septiembre del año pasado, y en esa oportunidad declaró en la embajada Argentina en Madrid a través de videoconferencia.

En la nueva resolución, la jueza federal ordenó la prisión preventiva del ex jerarca franquista, aunque reconoció que no puede hacerse efectiva porque Villa, de 87 años, se encuentra eximido de ser recluido.

Sin embargo, la jueza le trabó un embargo de más de 1.000 millones de pesos y le dictó falta de mérito en otros ocho casos, en los que consideró que se deberían profundizar las investigaciones.

A Villa se le imputa haber ocupado “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder” al momento de los violentos sucesos de Vitoria en marzo de 1976. En ese tiempo ejercía el cargo de ministro de Relaciones Sindicales, y luego fue designado como titular de la cartera de Interior cuando ocurrieron los hechos de los Sanfermines de Pamplona, el 8 de julio de 1978, en los que fuera asesinado Germán Rodríguez Saíz.

“Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”, expuso la jueza Servini en su dictamen, según recupera el diario ABC España.

De esta manera, la magistrada indicó que Rodolfo Martín Villa, desde su rol, propagó “las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”. “Su intervención resultó central para la configuración de este acontecimiento, pues aquel no habría podido llevarse a cabo si el imputado, en calidad de ministro del Interior, no hubiese brindado los medios necesarios a dichos efectos. Este es un aspecto más en el que se refleja el dominio que tuvo el nombrado del aparato de poder a través del cual se perpetraron los sucesos de Pamplona de 1978″, agrega el texto.

En su indagatoria de septiembre de 2020, Villa se defendió. “Fue justamente lo contrario a un genocidio”, dijo entonces, interrogado por todo lo que rodeó a un total de 12 muertes violentas en la que se desplegó una represión en la que participaron guardias civiles, policías y grupos de extrema derecha.

“Pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. No ha sido así, y puede comprobarse en los diarios de sesiones de las Cortes. Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales”, argumentó ante Servini.

Martín Villa había contestado las preguntas de Servini por voluntad propia, ya que las leyes y la jurisprudencia española le amparan para no someterse al acto jurisdiccional. Frente a las acusaciones de delitos de lesa humanidad, el ex ministro recibió un apoyo explícito de los ex presidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

 

La querella argentina

La acción penal contra Villa fue impulsada por una de las asociaciones promotoras de la denominada “querella argentina”. Este grupo se organizó en Argentina a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil y de la dictadura española, con el objetivo de que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no avanzan en España.

“Para nosotros, este fallo es un paso muy grande en el camino de encontrar verdad y justicia para con las víctimas del franquismo y la Transición. Estoy muy contenta con este fallo aunque Villa esté eximido de ir a la prisión”, le confió a Télam la querellante Inés Fernández, a poco de conocer el fallo de Servini.

El proceso judicial arrancó el 14 de abril de 2010, cuando Darío Rivas –un español que vivía en Argentina desde que era un niño- e Inés García Holgado –descendiente de represaliados por la dictadura de Franco- se presentaron ante la justicia para iniciar una causa por delitos de lesa humanidad.

Rivas buscaba reparación por el crimen de su padre, Severino, fusilado “por traición a la patria” el 29 de octubre de 1936 en Castro de Rei, en la provincia gallega de Lugo.

Severino era alcalde de ese pueblo y fue víctima de las tropas de Franco que se habían sublevado contra la Segunda República Española, dando inicio a la Guerra Civil que se prolongó hasta 1939 con el triunfo del “Frente Nacional” que originó una dictadura de casi cuatro décadas en el país.

Inés buscaba justicia por dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que padeció la cárcel durante el régimen de Franco.

A ellos se sumó meses después Adriana Fernández, nieta de un militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.

Así se dio origen a la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, que es instruida por Servini.

La querella representa actualmente los casos de más de 400 personas que buscan justicia y peticiona en favor de ayuntamientos y diputaciones. Uno de los resultados más conocidos es el de Ascensión Mendieta Ibarra, quien en 2017 logró -cuando tenía 91 años- que se identificaran en una exhumación los restos de su padre, Timoteo, fusilado en 1939 en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Meses después, la Fiscalía General de España ordenó a sus integrantes “no brindar colaboración” a los pedidos de exhumación presentados desde la querella.

Fuente: Infobae

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