Megajuicio: “Estas causas tienen el objetivo de enlodar un gobierno”, dijo Pedro Báez

Pedro Báez, imputado en la mayoría de los legajos que se discuten en el megajuicio. (Foto: ANÁLISIS)

N.B de ANÁLISIS

El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pidió tener ayuda memoria y una tablet para deponer en el megajuicio por corrupción. En principio comenzó a las 9.48 de este jueves, pero debió suspender su declaración por problemas técnicos en la transmisión del canal de YouTube del Poder Judicial. Volvió a sentarse frente al tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, a las 10.28. Estuvo en ese banco casi 2 horas y media. No aceptó preguntas y remarcó: "No cometí ningún delito".

Saludó la realización de “estos juicios” porque “no siempre fue así”. Aseguró que “la apertura de estas causas, tiene el objetivo de enlodar una gestión de gobierno”. Dijo que resignó su participación en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura cuando fue diputado provincial, a propósito de su situación judicial. “Siempre estuve a disposición y a derecho”, apuntó y dejó una pregunta flotando en el aire: "Si nosotros gestionamos la comunicación institucional de un gobierno, de la misma manera que se hacía antes que nosotros, en el marco de la ley, y después que nos fuimos se siguió gestionando igual que nosotros ¿por qué sólo nosotros somos merecedores de grandes imputaciones?”.

También dijo que “la historia pone las cosas en su lugar” y fundó las acusaciones en su contra en “prejuicios” y “emocionalidad”. “Me siento orgulloso, fui parte de un equipo que puso todo de sí para transformar la provincia. Eso intentamos comunicar a todos los ciudadanos entrerrianos”.

Báez está imputado en cuatro de los cinco legajos que se discuten en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde el 27 de septiembre último. Tomó la decisión de dar sus explicaciones en la jornada 24 del debate. Se defendió de su imputación en la conocida como “causa de las imprentas”; agregó explicaciones también en dos de los tres legajos que componen la investigación conocida como “sueño entrerriano”. Por eso dio explicaciones en torno a la “causa Nelly”, a partir de la cual se investigó la difusión de cuatro spots televisivos durante la Cumbre del Mercosur, y el legajo “Solicitada” por la publicación de un llamado a la unidad que firmó el exgobernador Sergio Urribarri contra los fondos buitre. En ese tramo se emocionó.

No dijo nada sobre el legajo en el cual se imputó también al comerciante Germán Buffa. Es que en lo que va de juicio, la prueba oral sobre esa causa no se ha producido.

Recurrió a la pantalla gigante dispuesta en la sala de audiencia. Uno de sus defensores, el abogado José Velázquez, lo asistió con esa herramienta. Fue mostrando decretos de su gestión, partes de expedientes y hasta un cuadro de gastos deducido del informe que produjo el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal (MPF).   

“En primer lugar decir que no cometí delito y tampoco los que se me imputan; y quiero ratificar cada una de las declaraciones de la etapa instructoria”, planteó al inicio. “Estuvimos 8 años con responsabilidades y desde que dejamos transcurrieron 6 años más. En 14 años, no hay un pago detectado por organismos de contralor que merezca una calificación de lesividad. No hay juicio de cuentas. Ni de Fiscalía de Estado, ni Contaduría, Tesorería, ni la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ni del Tribunal de Cuentas surgió ninguna irregularidad respecto de centenares de actuaciones administrativas”, mencionó. “Sabemos que los actos administrativos son válidos al menos que se declare lo contrario. Sostengo que todas las imputaciones, están teñidas de subjetividad y en todo caso, como toda acción de gobierno deberían admitir una evaluación política”, valoró.

“Causa de las imprentas”

Se refirió en primer lugar a la “denominada ‘causa de las imprentas’, aunque contratábamos servicios publicitarios en vía pública”. “Si las empresas requerían servicios de impresión, no era cuestión sobre la cual debiéramos prestar atención. Cuando dejamos la gestión, la comunicación del gobierno se encontraba en términos funcionales, operativos y administrativos, descentralizada”, aseguró.

Reseñó la creación del Registro de Medios y habló del fortalecimiento de “controles” durante los dos períodos que ocupó el área de comunicación del Gobierno de Entre Ríos. “Se hacía sin normas, ni Registro de Medios y los controles eran más laxos que los que establecimos luego. Nosotros revertimos esa situación. Si hubiésemos querido hacer lo que nos imputan, no hubiésemos tomado decisiones que en la práctica significaron limitar la discrecionalidad, ni establecido controles más estrictos”.

Dijo que hicieron “un programa agresivo de distribución de la pauta publicitaria”. “Desde que configuramos el mapa de medios de toda la provincia, hasta el medio más pequeño sintió el acompañamiento de su gobierno provincial, aún con pauta publicitaria insignificante para nosotros pero importante para ellos”. “Es posible y natural que se hayan instruido expedientes en los cuales se hayan deslizado errores. El nuevo proceso de descentralización, el registro de medios, el plan de medios significó no solo un aprendizaje para el personal, también lo fue en términos de mayores requisitos para los medios”, agregó.

En algunos momentos recordó cuando llamaban a los medios y “se pedía que se corrija tal nota” y diferenció en ese sentido el contacto que mantuvo con las empresas que hacían publicidad en la vía pública. “Los precios de las publicidades varían, no son homogéneos. No es lo mismo el precio del segundo en una radio del interior musical que en una de interés general muy escuchada”, añadió más adelante.

Remarcó que “tanto el Legislativo como el Ejecutivo entendían que la contratación directa es la forma de contratar publicidad y dictaban norma para facilitarla. Esto no fue objetado en sede judicial ni organismos de contralor”. “Las normas y procedimientos fueron correctos, amparados por la normativa vigente y no es cierto que hayamos sorteado los mecanismos legales vigentes”, subrayó.

Después contestó puntualmente a la declaración del jefe de auditores del Tribunal de Cuentas, Hugo Rodolfo Jensen, que la semana pasada refirió falta de fundamentación en las contrataciones directas de publicidad. “Quiero mostrar la voluminosidad de los fundamentos, por eso que se dijo de la falta de fundamentación”, apuntó.

También se ocupó de responder los cuestionamientos sobre la confección de expedientes, las fechas en que se emitieron órdenes de publicidad y el anexo de procesos restantes. “Es obvio que la carátula será posterior a la orden de publicidad, porque es la orden de publicidad la que da origen al expediente. Esa interpretación libre de ver tantas irregularidades en actuaciones que son normales y no pueden hacerse de otra manera. Además clarificar mi relación con eso, era ministro, no jefe de despacho. Tenía miles de expedientes de publicidad y en paralelo Cultura y Telecomunicaciones. No hubo ningún organismo de contralor que en 14 años viera tantas irregularidades, es raro”, deslizó.

Negó el direccionamiento de publicidad a empresas puntuales. “Contratamos a prestadoras de servicios de publicidad en vía pública que reunían los requisitos para eso. Es decir las empresas con el equipamiento, inscriptas en registro y autorizadas. No había alternativas”, señaló y agregó que “no hubo discriminación”. “Democratizamos la pauta publicitaria. Ese hecho tiene que ver con la ausencia de denuncias respecto de nuestra gestión en ese sentido. Estamos respondiendo en estas causas, pero denuncias de discriminación no tuvimos”.

Frases

Algunas frases o ejes de su defensa sobre la “causa de las imprentas” fueron las siguientes:

  • “Mi relación con Juan Pablo Aguilera fue respeto mutuo. Compartíamos un mismo espacio político. Nunca hablé con él sobre campañas publicitarias institucionales de gobierno y tampoco las partidarias”.
  • “Nunca hablé con  Montañana -Fernando-; ni con -Emiliano- Giacopuzzi que me lo señaló en esta misma sala el día que comenzamos el juicio sobre estas cuestiones.
  • “No conocía a -Corina- Cargnel”.
  • “Hablé una sola vez con -Jesús- Bustamante cuando me pidió audiencia porque él organizaba un festival de boxeo en el Club Echague y fue a pedirme auspicio gubernamental”.
  • “Los servicios publicitarios en vía pública no requerían mi participación, las campañas se diseñaban el Ministerio, de allí surgía un diseño que se comunicaba con una orden de publicidad al prestador que debía imprimir y colocar en la calle”.
  • “La actividad de los medios convencionales requiere otra dinámica. Allí sí hay que analizar noticias, de la manera que se la comunica. Los medios editorializan, pretenden saber. Esa es la razón por la cual con algunos hablaba mucho y con otros no hablaba nada”.
  • “Fuimos estrictos en el control y la implementación de campañas publicitarias que en su inmensa mayoría no eran campañas de nuestro ministerio o área”.
  • “Vi a través de distintas publicaciones e informes de montos que no tienen nada que ver”.
  • “A Tep pagamos en promedio mensual 222 mil 856 pesos por las campañas. Esa es la realidad y razonabilidad a la que me refiero. Teníamos garantizada la comunicación masiva, que podíamos segmentarla y era masiva en toda la ciudad de Concordia y la mitad de Paraná”.  
  • “Las empresas prestadoras de publicidad en la vía pública se controlaban a sí mismas. Por eso decidimos poner a alguien que controle in situ. Desde ese momento las campañas fueron controladas. Mejoró el servicio, pero además detectamos incumplimientos”.
  • “Cuando el Estado empezó a controlar, aparecieron los problemas hasta penales”.
  • “Mi firma en todas las fojas de expedientes por una cuestión administrativa”.
  • “Tanto -Gustavo- Tamay como yo, como otros empleados, viajábamos con muchísima frecuencia. En esa práctica muchas veces ocurrió que luego de constatar la implementación de campaña, él llamara a la administración y comunicara que tal campaña estaba controlada y que imprimieran la certificación para pasar a firmarla cuando llegara”.
  • “Nunca se pagó nada que no se hubiese hecho. No se pagaron campañas que no se realizaron correctamente por parte de la empresa Tep. No se certificaron y no se pagaron”.

“Solicitada”

Otro tramo de su declaración de imputado refirió a la causa “Solicitada”. La Fiscalía entiende que el texto publicado en medios de todo el país, firmado por el exgobernador Urribarri -en pleno proceso judicial entre Argentina y los fondos buitre- a partir del cual se convocó a la “unidad”, tuvo el objetivo velado de lanzar a Urribarri como presidenciable.  

Báez hizo toda una digresión sobre la operatoria de fondos de inversión sobre las deudas de países periféricos. Habló del “sufrimiento indecible de los pueblos del continente africano. Sus estados no pueden siquiera cumplir con la salud, la educación, la vivienda o acceso al agua porque los presupuestos deben ser reasignados para pagar deuda”. Se emocionó.

“Esas mismas situaciones tienen que vivir los pueblos de Irlanda, Chipre, Grecia y Panamá. Eso era ni más ni menos lo que estaba en juego en 2014, en la negociación que llevaba adelante argentina. Nosotros formábamos parte de la fuerza política que en ese momento gobernaba argentina. Nuestro gobierno nacional estaba jaqueado, los fondos financiaban a los medios nacionales y a la oposición política a través de fundaciones”, evaluó.

Señaló que “Urribarri no fue el único que lo hizo”. También se pronunció en ese sentido “el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas; la Celac y otros gobernadores”. “La historia nos enseña que cuando los pueblos y sus dirigencias no logran acuerdos amplios y profundos que den lugar a unidad, terminan sucumbiendo ante estos poderes. El gobernador de Entre Ríos era una referencia, trascendía la provincia y se había ganado el respeto. Eso le concedía autoridad para levantar la voz. La solicitada es el reflejo del ejercicio responsable de la autoridad federal regional que reclama, y trasciende la provincia frente a embate externo”.

Agregó que “la acusación de la solicitada asegura que forma parte de un dispositivo de instalación política electoral. Eso se desmorona con la mera lectura de su texto. Todos sabemos que una candidatura se define al interior del espacio político”.

“Causa Nelly”

Por último se refirió al legajo que investigó la difusión de cuatro spots televisivos en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná, en diciembre de 2014. “En 2014 veía alumbrar un gran esfuerzo de la gestión de gobierno que inició sus tareas en 2007. Entendimos que se podía difundir en el marco de la Cumbre pero no podíamos enfrentar ese trabajo en el Ministerio porque estábamos colapsados. No estábamos en condiciones de asumirlo, sentía que no podía pedirle más a mi equipo de trabajo”.

“Me desentendí, puse los materiales que teníamos en el Ministerio y con pequeños trabajos de post producción, podían difundirse. No era parte yo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur -de donde salieron los recursos para pagar a los medios nacionales para que se emitan en horario prime time los spots publicitarios-. Durante la Cumbre me dediqué a una infinidad de medios nacionales y extranjeros que querían cubrir y debíamos atender. Volví a tomar contacto con el tema cuando la Unidad Operativa nos mandó cuatro propuestas de empresas. Remití al área jurídica que emitió un dictamen que compartí. Una propuesta adolecía de requisitos, la otra era novedosa porque disponía implementar la campaña a través de celulares. Concluimos en sugerir contratación de medios convencionales, particularmente televisión porque se podía certificar y pagar”, manifestó.

Báez agregó que en esa instancia conoció la empresa Nelly Entretaiment -propiedad de Jorge Corcho Rodríguez, a quien se le suspendió el juicio a prueba-. Nunca hablé con nadie de esa empresa. El real objeto fue contratar espacios para difundir la provincia de Entre Ríos. Se emitió por los medios nacionales y luego se abonó. El contenido de los spots es otro tema”, completó.


Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación. (Foto: ANÁLISIS)

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Tendrá lugar en la sala de lectura de la Biblioteca Julio Serebrinsky ubicada en Justo José de Urquiza 721.

Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de febrero del 2022.

El número principal de la primera jornada estará a cargo de la orquesta cooperativa “La Delio Valdez”.