La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) fue demandada en diciembre pasado, en la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná. Un agente de riesgo debió prestar servicios en la puerta de Rectorado, en calle Ramírez 1143, pese a su condición de salud. Pidió licencia presentando una declaración jurada -con nota y certificados médicos-, a través de la página web oficial y por mesa de entradas. Pese a eso y sin darle posibilidad de defensa, le descontaron unos tres meses de haberes.

La medida originó una demanda judicial, pidiendo la nulidad del acto administrativo por el cual se le descontaron los días que la universidad consideró “inasistencias”. El legajo lleva el número 1633 y se caratula “Fonzo Adrián Hugo Ramón c/Uader contencioso administrativo”.

A tomar la temperatura 

Adrián Fonzo es un conocido árbitro paranaense. Además de su arbitraje profesional en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), es agente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En diálogo con ANÁLISIS, recordó que entró a la casa de estudios con el objetivo de aportar al deporte profesional. “Estaba en otra entidad e hicimos un intercambio de empleados para favorecer al deporte y me fui a la universidad en 2004. Junto con otros profesionales creamos un área de deportes. Ese trabajo nos dio satisfacción a nivel nacional, aún sin ser normalizada la Uader porque la gestión nos reconoció. Organizamos torneos, fue una buena actuación en ese tiempo. Convivimos unos 14 años así”, recordó.

Ubica la aparición de algunos inconvenientes en el área laboral universitaria desde “la gestión pasada respecto de permisos y convivencia que teníamos”, lo que desencadenó un corte en la relación. Puntualmente, el último problema apareció en mayo de 2021, tras una nota periodística que dio al programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). “Raramente después de esa nota me citaron para trabajar el 19 de mayo, tres días después que la nota salió al aire. ¿Creyeron que estaba en Buenos Aires porque tengo mi casa ambientada como la AFA? Me citaron a trabajar en pleno desarrollo de la pandemia. Me asignaron la tarea de tomar la temperatura en la entrada del edificio de Rectorado”, manifestó, en referencia a la sede de calle Ramírez 1143 de Paraná.

Subrayó que es agente de riesgo. “Más allá de haber ido en esa instancia, quería ir a trabajar. Yo no me olvido del encierro abrupto. La propuesta consistía en ir 7 horas a una corredera de aire. El lugar era inadecuado para cualquier persona pero más siendo personal de riesgo. Lo advertí y me dijeron que les presentara una nota pidiendo que revean el lugar de trabajo. Me contestaron con otra nota diciendo que debía cumplir el horario estipulado en ese lugar. Presenté síntomas de resfrío, el médico me dijo que no podía seguir yendo a trabajar. Presenté el certificado correspondiente. El 19 de mayo de 2021 me dieron el primer turno de vacunación. Lo informé en la universidad mediante WhatsApp. Cuando volví me habían hecho un acta de constatación porque no estaba en el lugar de trabajo. Entonces informé a la autoridad que iba a sacar licencia por gente de riesgo. Me indicaron hacer una declaración jurada interna y pedir la licencia por nota con los certificados como corresponde. Me dijeron que ese era el trámite. Fui a área de personal y lo hice. Entonces dejé de ir a trabajar así, después cuando me dieron la segunda dosis de la vacuna y mi médica me dio el alta para trabajar después del esquema completo, me reintegré”.

Afectación al salario y demanda formal

Fonzo contó que por el pedido de licencia tras la recomendación médica, le hicieron una afectación al salario. “Me dijeron que la licencia que no había sido formalmente autorizada. Pero fue unilateral porque pusieron faltas sin aviso, no tuve derecho a defensa”, cuestionó y consideró que el inconveniente “tiene otra razón de ser”. “Hice el reclamo de mis compañeros de servicios generales y lo entendieron como desafío a la autoridad y me hicieron sentir rival. La esencia dela cuestión pasa por ahí”, lamentó.  

La demanda formal se presentó en el fuero Contencioso Administrativo con el patrocinio legal del abogado Ramiro Pereira. “Luego se desprenderán cuestiones para una denuncia penal porque no me reconocieron el derecho a la salud en pandemia y posiblemente otras cuestiones administrativas que parecen malintencionadas”, adelantó el árbitro.

Inscribió su situación laboral particular en un contexto interno de la Uader. “Los beneficios de estar trabajando con tranquilidad dependen del grado de militancia, adhesión o sumisión con la gestión. Eso va generando vulnerabilidad e inestabilidad en los trabajadores ante el poder que te hacen sentir. Cuando mencioné que los prestadores de servicios generales tenían el mismo derecho que las autoridades a trabajar en un lugar resguardado, me contestaron que ellos también pasaron frío”, cuestionó.

En ese sentido, agregó que al expresar públicamente su opinión no busca “adhesiones ni corporativismo”. “Quienes tuvimos que arrastrar en nuestra piel las nefastas experiencias militares, estamos fortalecidos y creemos que se puede pensar diferente, no adherir por conveniencia, imponer el mérito y la salud. Entonces me defiendo con las de la ley, con los beneficios que me da la ley como trabajador y persona”, sostuvo.  

Acentuó el contexto con una situación puntual de una compañera suya, una persona no vidente que fue “cesanteada en sus horas”. “Es una persona con dos hijas, se lo hicieron en plena pandemia, sin empatía, se enteró en el cajero de su cesantía”, acotó.  

“La contracara es que hay gente con más de 20 horas cátedra que en 2021 no fue a trabajar. Hay cierta susceptibilidad y un seguimiento con más atención a algunos agentes que a otros, hay cierta discriminación”, reafirmó y añadió: “Esta casa de estudios donde el control es para algunos, donde las jubilaciones marchan algunas muy rápido y otras con quietud, donde las elecciones de cualquier estamento puedan ejercerse con igualdad, si sos opositor es dificultoso pasar la junta electoral. Yo escuché al señor gobernador -Gustavo Bordet- y adhiero en sentirse orgulloso de universidad pública, gratuita y con capacidad académica nutrida. Pero el gobierno de la universidad puertas adentro debería tener hoy, urgentemente, un replanteo porque los valores que mencionó el gobernador se pueden contrastar y quizás lleven al ocaso de lo que lo enorgullece”, pidió.

Actualmente, Fonzo sigue siendo empleado de Uader. “Estoy cumpliendo con las tareas y horarios. La presentación judicial se hizo el 16 de diciembre pasado en tribunales, aun no tuve novedad, no sé si la universidad fue notificada”.

Fundamentos de la demanda

Ramiro Pereira indicó a ANÁLISIS que en la demanda contra la Uader se pidió “la nulidad del acto del rector -Luciano Filipuzzi-, por el cual se descontaron los días trabajados” durante unos tres meses. “Los fundamentos son violación de garantía de defensa en juicio, no le permitieron presentar descargo” por un lado y por otro “como él inició pedido de licencia, presentó con certificados médicos en sitio web y por escrito en mesa de entradas, en el sitio web lo borraron. En el sitio web, en la misma fecha aparece un rechazo de algo pedido hace dos años. Pero tomó la precaución de hacer el pedido de licencia por escrito”, contó.

Es decir, el 19 de mayo de 2021, Fonzo presentó el pedido de licencia formal a través del sitio web de Uader y en formato papel. Ese mismo día, según la demanda presentada en la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, en la web apareció un rechazo a un pedido viejo y desapareció el pedido de licencia nuevo. “Hay una violación de la garantía de defensa en juicio porque no se le corrió traslado. Él presentó el pedido de licencia acompañado con certificado médico. En la demanda estamos pidiendo la anulación del acto administrativo por el cual le hicieron los descuentos por inasistencia”, manifestó Pereira.

“Le hicieron el descuento sin darle posibilidad que se defienda. Pero la cuestión de fondo es que él pidió licencia y acompañó con certificado médico. Si bien no fue tratado, pidió con certificado médico. Todo se enmarca cuando lo asignan en un lugar físico para trabajar que resultaba perjudicial para la salud, pidió por escrito que lo cambien de lugar, le rechazaron el pedido. Entonces pidió licencia médica mediante el sitio web y por escrito”, describió el abogado.  

Más adelante, Pereira consideró que podría derivarse una investigación penal porque la declaración jurada pidiendo la licencia desapareció de la web de Uader. “Pidió la licencia por el sitio web y podría investigarse la desaparición de la declaración jurada en el sitio web. Eso merecería una investigación penal”, acotó.