La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) salió en defensa de los tres vocales del Superior Tribunal denunciados por la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.
Ante la denuncia penal contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que integran el Tribunal de Enjuiciamiento, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró que “jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo órgano del Poder judicial provincial, teniendo en cuenta que se han pronunciado en cumplimento de un deber legal, más aun tratándose de cuestiones procedimentales”.
“Dentro de este contexto, JuFeJus ya tiene dicho que la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece”, expresaron desde la entidad.
Vale recordar que la denuncia penal de Goyeneche es contra Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un proceso en su contra por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación en la causa donde se investigan los contratos truchos en la Legislatura. También se extiende a la abogada Sonia Rondoni y al senador Armando Gay, los otros integrantes el Jurado de Enjuiciamiento que dispusieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso contra la procuradora adjunta; y al abogado Gastón Justet, que aceptó asumir como fiscal ad-hoc en el jury.
Desde la Junta de Cortes, agregaron: “Como se ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un Poder Judicial imparcial e independiente. Es precisamente, el rol de la justicia, velar permanente por cumplimiento de las garantías constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables”.
“Para cumplir acabadamente esta función resulta indispensable cuidar la independencia, imparcialidad y autonomía real de los Poderes Judiciales que integran la estructura del Estado en las jurisdicciones Provinciales. Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar la imparcialidad e independencia, pilares fundamentales para hacer efectivo el Estado de Derecho Constitucional”, concluyeron.