Megajuicio:refutaron judicialización de actos de gobierno aprobados por órganos de control

Ignacio Díaz, defensor del exministro Pedro Báez. (Foto: ANÁLISIS)

Natalia Buiatti
(de ANÁLISIS Digital)

“Si no hay imputación a órganos de control, no podemos decir que la ley fue incumplida. En función, especialmente, de la Contaduría General que actuó con corrección”, definió el defensor Ignacio Díaz, representante legal del exministro Pedro Báez. El abogado retomó de ese modo una de las estrategias más fuertes del equipo de defensores: sostener que si los actos de gobierno fueron aprobados por los órganos de control autónomo de la Constitución Provincial como Fiscalía de Estado; Contaduría General y Tribunal de Cuentas, no pueden ser revisados en ámbitos judiciales.

Díaz comenzó su alegato después de las 9.30 de este jueves. La jornada estuvo dividida en dos tramos, el primero de mañana y el segundo después del mediodía, cuando fue el turno del abogado José Velázquez, codefensor de Báez y también representante legal del empresario Germán Buffa. De modo que los alegatos defensivos de esta jornada giraron sobre lo que se conoce como causa de las imprentas, spots, solicitada y Global Means, es decir todos los legajos donde está imputado Báez.

Cabe recordar que la semana pasada, los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, mantuvieron las acusaciones en cada uno de los cinco legajos acumulados. En ese sentido se escucharon fuertes pedidos de pena para el exgobernador Sergio Urribarri; el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera; el exministro de Turismo Hugo Marsó; el contador del Gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el empleado del Gobierno provincial, Gustavo Tamay; los hermanos Luciana y Alejandro Almada; los empresarios Gerardo Foia Caruso y Germán Buffa; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; la contadora Corina Cargnel.


El exgobernador y actual embajador de Chipre e Israel, Sergio Urribarri, en la Asamblea Legislativa de Entre Ríos, hace dos días atrás. (Foto: ANÁLISIS)

Al equipo de defensores, además de Díaz y Velázquez, lo componen los abogados Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Miguel Cullen; Juan Méndez y Emilio Fouces. Este último hizo su alegato de cierre ayer por la tarde, cuando expuso su tesis defensiva en el legajo que investigó la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. Fouces intervino puntualmente por los imputados Marsó y Caruso, para quienes pidió la absolución.

El tribunal que conduce el debate desde el 27 de septiembre pasado, está compuesto por los vocales José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. Los alegatos defensivos podrían extenderse avanzada la primera semana de marzo. Hay que considerar que, habitualmente, la audiencia se lleva adelante los días lunes, martes y jueves. Pero los primeros días de la semana entrante son feriados de carnaval.

En el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, se juzgan cinco causas acumuladas por supuestos delitos de corrupción durante las gestiones del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. En la prensa, el debate se conoce como "megajuicio" y ventila investigaciones por: la contratación de la empresa Global Means para realizar dos publicaciones del Gobierno de Entre Ríos (2011), en la que están imputados Urribarri, Báez y Buffa; el direccionamiento de órdenes de publicidad a empresas adjudicadas al cuñado del exmandatario provincial (2010 a 2015), en la que están imputados Urribarri, Aguilera, Báez, los hermanos Almada, Tamay, Giacopuzzi, Sena y Cargnel; la adjudicación a la empresa de Caruso para la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público y el objetivo velado de promocionar la precandidatura a presidente de Urribarri, en la que están imputados Urribarri, Aguilera, Marsó, Caruso y Cargnel; la difusión de cuatro spots publicitarios con dinero de la Cumbre del Mercosur que también tuvieron, según la acusación de Fiscalía, el objetivo de promover la figura de Urribarri, en la que están imputados Urribarri, Báez y Tórtul; y la publicación con dinero del Estado de una solicitada contra los fondos buitres -firmada por el exgobernador- que, según el Ministerio Público Fiscal, fue el puntapié de la precandidatura a presidente, en la que están imputados Urribarri y Báez.

“No existió violación a las leyes”

El abogado hizo “consideraciones sobre cuestiones comunes a todas las causas”.  Aseguró que “no existió violación” a las leyes de procedimientos administrativos, puntualmente a las normas que reglamentan las contrataciones públicas. “Escuché de parte de la acusadora lo que considero concesiones equivocadas, erradas, fuera del contexto de derecho administrativo”, subrayó.

Agregó que “ya existe denuncia pública sobre la producción de prueba en violación a las incumbencias particulares de parte del personal del Ministerio Público Fiscal”. Se refirió de ese modo a los cuestionamientos que plantearon durante el debate por la intervención y producción de informes para el Ministerio Fiscal por parte de dos bioingenieros, Guillermo Fritz y Fernando Ferrari. Los profesionales produjeron prueba sobre elementos informáticos secuestrados en el marco de las causas -computadoras y teléfonos-. En su momento, los defensores se quejaron de los profesionales porque no son ingenieros informáticos sino bioingenieros. Cuando se discutió el tema en audiencia, los abogados consiguieron además que la presidenta del Colegio de Profesionales de las Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier), Silvia Aranguren, emita un comunicado público en el que descartó habilidades de Fritz y Ferrari para realizar informes forenses sobre elementos informáticos.  

También dedicó un tramo de su exposición a cuestionar los informes de empresas de telefonía celular, incorporados como prueba en la causa. Díaz sostuvo, al igual que ayer lo hizo Fouces, que se trata de “prueba ilegal, nula o inválida” porque debieron estar autorizados por un juez, según reclamaron.

Mientras expuso cada uno de los puntos referidos arriba, Díaz articuló con el descargo de su defendido, el exministro Báez, y algunos testimonios producidos en el debate, sobre todo aquellos que pronunciaron funcionarios de Gobierno –algunos por escrito- como el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider (FdT); el juez de Garantías de La Paz y exfuncionario de Gobierno, Walter Carballo; y el contador General de la provincia, Aurelio Miraglio, entre otros.

“En la administración pública las instituciones se van perfeccionando y los actos se van puliendo, va apareciendo la necesidad de preservar la transparencia, ajustar la validez, van apareciendo nuevas sugerencias, nuevas necesidades de fundamentar los actos”, dijo, en referencia puntual a la observación que hizo el Tribunal de Cuentas de la provincia sobre las permanentes emisiones de órdenes de publicidad sin justificación y contrataciones por vía de excepción.

Retomó la declaración de su defendido, cuando recordó que debió responder como ministro a esa observación del órgano de control constitucional. “Báez contestó esas observaciones y en el TdC lo entendieron razonable pero requirieron mejores fundamentaciones, a fin de evitar inconvenientes”. “Cuando lo contó, mi defendido estaba contento con que le hayan hecho esa observación, porque quería mejorar”, acotó.

Para Díaz, la Contaduría General “es el órgano específico de aplicación de la ley procedimientos constitucionales”, y ni siquiera órganos judiciales podrían rever esos procedimientos administrativos. “En estos legajos, nadie ha referido ninguna incorrección, falta de cumplimiento funcional de los órganos autónomos de control de gasto público. Y si actuaron con corrección, quiere decir que aplicaron correctamente la ley”, evaluó. “Acá nadie habló de culpa ni dolo de estos órganos con competencia de aplicar correctamente la ley. Si no hay acusación al respecto, debemos decir que es correcta la actuación. Si no hay imputación a los órganos de control, no podemos decir que la ley fue incumplida, en función que admitimos especialmente la Contaduría actuó con corrección”, subrayó.

Más adelante retomó la intervención de peritos de Fiscalía y la incumbencia académica de los títulos para realizar los informes que produjeron. “Efectivamente los colegios tienen el control de la matrícula, no sólo que los profesionales debemos tener incumbencia en lo que hacemos sino que también tenemos que estar matriculados, si no, no podemos ejercer la profesión. Mientras estábamos debatiendo, el Coprocier hizo una denuncia porque ni Fritz ni Ferrari estaban matriculados en el colegio de profesionales de ciencias informáticas”, advirtió.

El defensor se quejó de los cálculos de Fiscalía, que pasaron los supuestos montos desviados en cada causa a dólares y lo actualizaron. “Lo hicieron de una forma deliberada”, consideró y dijo sentirse “entristecido” por eso. “No lo esperaba de esta manera, sobre todo porque no soy anti-comunicacional pero siempre me abstuve de hacer declaraciones a la prensa cuando vi que podían estar comprometidos los intereses, las decisiones, el fin o desarrollo de los jueces en la realización de su función. No quiero agraviar pero quería expresarlo. Me siento dolorido por la estima que tengo a los señores fiscales”.

Después retomó la impugnación que ayer hizo su colega, Emilio Fouces, sobre los informes de empresas de telefonía celular en las causas acumuladas, parte de la prueba que respalda las acusaciones y que fue incorporada como tal en la etapa anterior al juicio oral. “Fueron obtenidos sin orden judicial. Muy difícil podría superar la exposición del doctor Fouces en el examen que realizó al respecto, pero este tema es muy importante porque tiene repercusión en otras pruebas. Fundamentalmente los informes de Victoria González Brunet –dependiente del Ministerio Público Fiscal-, y en relación a los entrecruzamientos de llamadas, que los sacó ilegalmente de las empresas, lo hizo el MPF sin autorización judicial”, manifestó.

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