Asociaciones de Fiscales argentinos expusieron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de integrantes del Ministerio Público que denuncian presiones del Estado por investigar al poder político. Se trata de la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción entrerriana -actualmente suspendida en su cargo-, Cecilia Goyeneche; los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra; los fiscales de Santa Fe, Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack; el fiscal jefe de Neuquén, Fernando Rubio; y el fiscal de Concordia José Arias, quienes están a cargo de la instrucción de causas de corrupción y el crimen organizado.

En la audiencia, que había sido pedida por la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), representada por Marcelo Varona Quintián, y la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, encabezada por Gisela Paolicelli, los fiscales señalaron situaciones que consideran “un grave ataque a la independencia judicial”, publicó TN.

Sobre el final de las exposiciones fue el turno de Goyeneche. Allí, expuso que “hay un patrón común en estos casos, que es las investigaciones de corrupción, esencialmente las investigaciones de macrocorrupción o de corrupción vinculada a grupos de criminalidad organizada”, según la exposición a la que accedió ANÁLISIS en el canal de YouTube la CIDH.

Y añadió: “El patrón común es la norma en que se reacciona por parte del Estado o en las provincias en relación con las investigaciones de corrupción, y se reacciona comúnmente de dos maneras: por un lado, con feroces campañas de desprestigio, absolutamente infundadas pero muy reiterativas, que generan un estado de cosas dentro de las poblaciones, y cuánto más en las poblaciones pequeñas; y por otro lado, la puesta en crisis de los derechos económicos y sociales, esencialmente el derecho laboral de estos fiscales, generar una situación de inseguridad en el fiscal en cuestión y en los futuros fiscales para tener la sensación de que quien investiga corrupción es probable que sea sometido a un enjuiciamiento, una situación en la que nadie quiere estar. Pero, además, ese enjuiciamiento luego pone en crisis también la posibilidad de continuar en el trabajo”.

Seguidamente, aclaró: “No se trata de problemas con la rendición de cuentas, ningún fiscal de las provincias argentinas tiene problema con rendir cuentas. Se trata de que esa rendición de cuentas se tiene que hacer por los cánones legales”.

Y reflejó: “Lo que ha pasado, por ejemplo, en mi caso, que creo es un exponente de todo esto, es que no solamente se dio aquella campaña de desprestigio, incluso de género porque se atribuyeron cuestiones vinculadas a un vínculo de amistad de mi esposo, sino que se me sometió a un proceso de enjuiciamiento plagado de irregularidades e ilegalidades”. Sostuvo que esto se da: “A tal punto que se me somete a un proceso de enjuiciamiento con jueces evidentemente parciales, que llegaron a elegir a un fiscal ad-hoc para que realice la acusación ante la desconfianza de que si adoptaban los mecanismos legales -hay 3 leyes en Entre Ríos que dicen que la acusación fiscal en el Jurado de Enjuiciamiento la realiza el Procurador General- pudieran llegar a una verdadera acusación, y entonces llegaron a elegir a un fiscal ad-hoc dentro de una lista de abogados que funcionan como conjueces”.

Señaló, entonces: “15 abogados de la provincia se negaron rotundamente a aceptar este encargo, y lo hicieron con fundamentos legales, decían que esto era una ilegalidad. Sin embargo, lo hicieron, y en esa situación estoy en este momento: en ciernes la acusación, el juicio se realizará probablemente en menos de dos meses, y frente a la acusación de una persona que no tiene las potestades legales para hacerlo”.

Y ahondó: “Y además de eso me suspendieron en el cargo, diciendo que no podía garantizar el equilibrio y la mesura necesaria para desempeñar un cargo de tan alta jerarquía. Y ahí también observo yo un sesgo sexista vinculado a que probablemente las mujeres podríamos tener una tendencia al desequilibrio, o esta es la percepción al menos generalizada”.

Sobre el final, marcó que la suspensión en el cargo: “Se dio en un contexto muy particular, se estaba llevando adelante el juicio oral y público de 5 causas de corrupción acumuladas contra el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, actual embajador en Israel”.

“Esta es la situación que padecemos, y el patrón está muy claro. Hoy en día los fiscales y jueces de la provincia de Entre Ríos tienen que pensar, cuando se encuentran frente a una causa de corrupción, dentro de los factores emocionales a tener en cuenta cuál es el costo de llevar adelante esa investigación. Este es el patrón que no queremos que se repita”, concluyó.

La acusación: se busca disuadir a otros fiscales

“Quien investiga causas de corrupción, termina siendo hostigado”, resumió en su exposición Varona Quintián. La letrada consideró que las presiones recibidas persiguen “un efecto disuasorio” en el resto de los fiscales, en todo el país. Paolicelli, por su lado, subrayó que en Santa Fe, “los delitos económicos tienen estrecha vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre”.

Al mismo tiempo, la funcionaria hizo hincapié que en Santa Fe, “el sistema de Justicia quedó absolutamente subordinado al poder político” tras una reforma que le permite a la Legislatura la facultad de suspender, distituir y amostar a los fiscales. “Suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, se lamentó.

“Nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. “La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”, publicó además TN.

“¿Hasta cuándo la impunidad?”, se preguntó luego de repasar el caso del senador Amando Traferri y una megacausa que develó los desmanejos de los subsidios. “El poder político hizo todo lo posible para dominar y someter a la Justicia”, coincidió el titular del AAF.

En tanto, Andrea Pochak, de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el reclamo y aseguró que los presentados eran casos aislados, no representativos. Y argumentó que los fiscales deben someterse a un sistema de control por su tarea. A la vez, se preguntó por qué la audiciencia no se hizo en el pasado -en referencia al macrismo- cuando, según su opinión, “hubo un real involucramiento de otros poderes en el judicial”.

Fernando Rubio

El fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, Fernando Rubio, debió enfrentar un juicio político por pedido de legisladores del Frente de Todos a raíz del pedido de un allanamiento al Concejo Deliberante de Villa La Angostura, luego de que los ediles llevaron adelante una sesión que no estaba permitida por orden judicial.

Se trató de la sesión extraordinaria del 14 de enero, en la que se destituyó a Daniel Brito, exsecretario de Economía de la localidad, acusado por irregularidades en contrataciones.

Entre los testimonios recolectados durante la investigación de Rubio, “se desprende una posible situación que podría llegar a enmarcarse en un delito de falsedad ideológica de instrumento público”, indicó Río Negro.

José Arias

José Arias, fiscal del departamento de Concordia, en Entre Ríos, acusó en 2017 a Fabián Cevey por entonces intendente del municipio de Puerto Yeruá por el delito de peculado.

En un juicio abreviado, el exjefe comunal admitió su responsabilidad. Más tarde, imputó por el mismo delito al exintendente del municipio de Los Charrúas, Rubén Chaparro.

Según denunció la Asociación de Fiscales, durante las investigaciones, Arias fue perseguido mediante maniobras de diferente naturaleza con el fin de impedir u obstaculizar el proceso que involucró a otros funcionarios, entre ellos, el asesor legal de ambos municipios, Julio César Larrocca, que efectuó varias denuncias penales contra el fiscal, por violación de secretos oficiales, amenazas y coacciones.

Larrocca y uno de sus socios en su estudio jurídico, impugnaron ante el Senado provincial el pliego de nombramiento de Arias.

Luis Schiappa Pietra y Matías Edery

Los fiscales que encabezan las principales investigaciones contra bandas narcocriminales y redes mafiosas en Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, encontraron varios obstáculos al querer continuar la investigación que liga al senador provincial Armando Traferri con el juego clandestino.

Para poder citar a Traferri a audiencia imputativa, debe prescindir de sus fueros, algo que no lograron pese a haber acudido a la Legislatura y la Corte provincial, razón por la que, ahora, recurrieron al máximo tribunal de Justicia del país.

De esta manera, la causa se encuentra frenada hace meses. Traferri es un dirigente histórico del PJ en la provincia y es cercano a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Desde que los fiscales comunicaron su decisión de imputar al senador, “tuvieron que soportar todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión”, denunciaron.

Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja

Los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja fueron desplazadas de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario cuando investigaban a senadores provinciales por el “desvío de fondos públicos y manejo arbitrario de subsidios”.

A partir de esa causa, según la denuncia ante la CIDH, los funcionarios provinciales comenzaron a ser “hostigados” e, incluso, sufrieron intentos de desacreditación emanados desde la Legislatura.

Fuente: TN y ANÁLISIS