“Vamos a aguantar”, prometió en noviembre Cecilia Goyeneche, la fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta de Entre Ríos, que motorizó la causa por corrupción por la que terminó condenado recientemente el exgobernador, Sergio Urribarri. Suspendida, y con un Jury abierto, reconoció este viernes ante la prensa la satisfacción por su trabajo.

Goyeneche siguió a la distancia la lectura que leyó el Tribunal para determinar la sentencia de ocho años de prisión contra Urribarri por desvío de fondos. Cuando los jueces culminaron la lectura, abrazó a su esposo y a sus hijas. “Se me cayeron unas lágrimas”, le dijo a la Radio de la Plaza de Paraná, citado por el sitio ANÁLISIS DIGITAL, destacó el diario La Nación.

Procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos y titular de la Oficina Anticorrupción, Goyeneche es docente de derecho penal en la Universidad del Litoral (UNL) desde que completó sus estudios como estudiante. Además, trabaja en el Ministerio Público desde hace 15 años.

Ingresó por concurso al Poder Judicial de Entre Ríos en 2006 como fiscal de primera instancia. Desde entonces ocupó distintos cargos hasta que el procurador general Jorge Amílcar García en 2014 la designó como procuradora adjunta, la segunda en la estructura jerárquica.

En 2018, García le asignó las funciones de Fiscal Anticorrupción, una figura que había sido establecida en la Constitución provincial sancionada en 2008, aunque no había registrado avances en su implementación desde entonces.

El 20 de septiembre, dos meses después de estar en el cargo, un caso retumbó en el poder político provincial. Un policía que custodiaba un cajero automático notó una operación extraña. Durante un tiempo prolongado, varias personas extrajeron dinero desde varias tarjetas de débito. “Lo estaban ordeñando”, comparó Goyeneche en una entrevista con el canal LN+ en marzo.

El aviso del oficial de policía a sus superiores derivó en que se siguiera a los sospechosos, se los detuviera antes de ingresar a sus domicilios y se realizara un allanamiento a continuación. “La acción dio lugar a la causa de corrupción más grande de la provincia”, resumió Goyeneche.

Adentro, se encontró que los sospechosos tenían tarjetas de terceras personas que habían sido entregadas por la Legislatura provincial de Entre Ríos. E infinidad de anotaciones que daban cuenta de un sistema que se había montado desde 2008 y que utilizaba a ciudadanos entrerrianos como “prestanombres”. El caso la puso al frente de una investigación caliente para el poder local.

“Les hacían creer que les estaban dando un subsidio y en realidad lo que estaban haciendo era contratarlos como personal temporario de la Legislatura. En ese contrato les daban el 10 por ciento del monto que se cobraba y el resto lo juntaba una organización delictiva en la que participaban los responsables administrativos de las Cámaras y el dinero se distribuía entre ellos”, añadió.

La causa por estos “contratos fantasmas”, que alcanzó entre 300 y 600 personas, representó un “desfalco” por más de 52 millones de dólares a lo largo de diez años, según Goyeneche. “Desconocemos para qué utilizaban ese dinero, pero lo cierto es que desaparecía de las arcas públicas”.

Mientras avanzaba la investigación, comenzaron las presiones. Como Fiscal Anticorrupción, coordinó el equipo de fiscales que llevó adelante la causa y que fue elevada a juicio a mediados de 2021. Hubo 32 personas imputadas, entre ellas el cuñado y ex colaborador de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Los abogados defensores contraatacaron y buscaron ponerla del otro lado. Pidieron su juicio político y también contra el procurador general, Jorge Amílcar García, publicó el diario La Nación.

Los defensores pusieron de manifiesto que presuntamente compartía una propiedad con un contador que aparece mencionado en la causa, un hecho que se descubrió con el expediente ya avanzado. También le recriminaron que su esposo había trabajado en un estudio contable investigado por ella. Pero eso fue en 1999, varios años antes del inicio de la causa.

Sergio Urribarri

En septiembre del año pasado se inició la causa contra el exgobernador Sergio Urribarri por supuesto desvío de fondos. Su gestión como gobernador entre 2010 y 2015 quedó bajo la lupa. Se lo acusó como miembro de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos.

Se trató de cinco causas que se concentraron en un expediente. El equipo de fiscales, coordinado por Goyeneche, determinó que se utilizaron fondos públicos destinados a la promoción política del ex mandatario, a través de campañas de publicidad, y la instalación de un parador en Mar del Plata por 14 millones de pesos. Se concluyó que hubo desvío de fondos por más de 7,5 millones de dólares, muchos de ellos para la campaña “Sueño entrerriano”, que tenía como objetivo impulsar la fallida candidatura presidencial de Urribarri.

Goyeneche recordó que hubo varias presiones para que el juicio no se iniciara. De hecho, se había buscado frenarlo en el contexto de la pandemia y la capacidad de la sala para llevar adelante el debate. Tuvo cuatro postergaciones, aunque pudo avanzar.

“Todas estas cosas tienen un costo. El 30 de noviembre se abrió un Jury contra mi persona que dispuso de forma injustificada mi suspensión en el cargo. Comandé la acusación en el juicio (contra Urribarri) los primeros meses y luego tuve que retirarme”, explicó a LN+.

Además, se determinó que el procurador de la provincia, Jorge Amílcar García, sea llevado a un juicio político. “Es un ataque a la independencia judicial”, remarcó entonces Goyeneche.

Respaldo

Como publicó el diario La Nación, la procuradora adjunta de la provincia recibió el respaldo de asociaciones de funcionarios nacionales, luego de la suspensión. El respaldo obligó también a Urribarri a desmarcarse de la acusación y señaló al diario La Nación que no tenía nada que ver.

Sin embargo, la fiscal dijo que los estudios que pidieron su desplazamiento tenían lazos con el exgobernador. En tanto, el juicio se desarrollaba tres veces por semana a través de la plataforma Zoom en la que el exgobernador entrerriano se conectaba desde su despacho en Israel, donde cumplía funciones como embajador hasta este jueves, cuando renunció después de la condena.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUM) y el Consejo de Procuradores de la República Argentina, que nuclea a los jefes de los fiscales de todas las provincias, respaldó a Goyeneche y a García, llamó al respeto de la independencia judicial y aseveraron que se viola de “manera grosera la Constitución de Entre Ríos”.

Uno de los puntos cuestionados es que el Jury que suspendió a Goyeneche decidió también que los fiscales entrerrianos no pueden acusar en el Jury y que el fiscal debe ser un conjuez de la Corte, lo que no está previsto en ninguna ley y fue denunciado por inconstitucional.

Si bien Goyeneche sintió este jueves satisfacción por su trabajo, espera ahora el inicio del Jury en su contra para mayo. Urribarri, en tanto, tiene todavía tres instancias recursivas para apelar y evitar ir a prisión.

“Es dificilísimo (luchar contra la corrupción), pero se puede”, admitió semanas atrás. Y remarcó: “Un país serio necesita índices de corrupción controlables y para ello necesitamos, en la justicia, liberad para hacer un trabajo independiente”.