Un empresario que debe cumplir con una Probation se ausentó a una audiencia en la que se discutiría un presunto incumplimiento en sus reglas de conducta. El encuentro se iba a realizar ante la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, en el marco de la causa caratulada “Lozano Silvio Marcelo – González Lucioano Exequiel S/ defraudación a la Administración Pública”.

El acusado con probation que se ausentó es Diego Federico Dolhat, de la firma de construcción y vestimenta de trabajo DolMat, de Concordia.

Los principales acusados de la causa son Luciano Exequiel González, coordinador general de Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Silvio Lozano, coordinador administrativo, quienes fueron enviados a juicio en octubre de 2021 acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado, peculado, y falsificación ideológica de documento privado, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En la investigación se reprocha como irregulares unas contrataciones realizadas durante 2016 para el Plan Argentina Trabaja. La Fiscalía asegura que hubo un perjuicio al Estado de alrededor de $1.603.046, 89.

En ese proceso, solo los funcionarios serán enviados a debate oral y público. De hecho, el juicio iba a realizarse en abril de este año, pero se suspendió a pedido de los defensores, quienes tenían otras audiencias en agenda.

En tanto, Rubén Marcelo Plewinski (Ferretería Ariel), Guillermo Caíno (Las Nazarenas SA), Diego Federico Dolhat (DolMat), figuran en la causa como beneficiarios de pagos por diferentes compras del Estado. La Fiscalía identificó que algunas compras fueron direccionadas, ya que las firmas no estaban registradas en el Registro de Proveedores, y que también contenían sobreprecios.

Por ello, se alcanzó un acuerdo de probation con los empresarios que se comprometieron a reparar el daño económico al Estado. El acuerdo, hasta ahora, no se conoce públicamente. Sin embargo, al parecer, no todos habrían cumplido. Según supo el portal Entre Ríos Ahora, la Fiscalía le realizaría un llamado de atención a Dolhat, en los términos del artículo 564° del Código Procesal Penal.

En dicho artículo se establece que “el control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará a cargo de una oficina judicial especializada, que dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y dará noticias a las partes de aquellas situaciones que pudieran dar base a una modificación o revocación del instituto”.

En el último párrafo del artículo citado, se refiere que ante un incumplimiento el juez “podrá dar un plazo al imputado para satisfacer las condiciones, modificarlas o revocar la suspensión del proceso a prueba”.

Sin embargo, el imputado y su abogado nunca llegaron a la audiencia. Tras una espera formal de 15 minutos, lo máximo tolerable en este tipo de audiencias, el fiscal Gonzalo Badano se retiró del salón N° 4. En tanto, se supo que personal de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) aseguró que el imputado y su defensor fueron debidamente notificados a través de correo electrónico, pero que no recibieron respuesta.

Así las cosas, ahora se deberá fijar una nueva audiencia, donde se le formalizará una advertencia al empresario.

Acusación

La acusación formulada por el fiscal Gonzalo Badano en la causa dice que “Luciano González, coordinador general, y Silvio Lozano, como coordinador administrativo de la Unidad Ejecutora Provincial del programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja sortearon la aplicación del procedimiento de licitación pública aplicable al caso según la Ley Nº 5.140, en contra de las pautas fijadas por el decreto Nº 795/96 y sus modificaciones y límites fijados por la ley Nº 10.262 y decreto de actualización 3368/15 MH”.

Y que “a través del fraccionamiento de la compra de calzados de trabajo, camisas y pantalones correspondientes al programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja” direccionaron contrataciones a personas que no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores del Estados “a quienes se les generó un lucro indebido al abonar sobreprecios y al habilitar los pagos con anterioridad a la recepción de la mercadería, apartando dicho dinero del control estatal. De este modo se ocasionó un perjuicio a la Administración Pública aproximado de $1.603.046, 89”.

Mencionó que “el 26 de agosto de 2016 los funcionarios aprobaron y adjudicaron a la Ferretería Ariel, de Rubén Marcelo Plewinski, la adquisición de 1.500 pares de calzado de protección por el monto de $1.449.990, mediante la suscripción de la resolución Nº 055, de fecha 28 de septiembre de 2016”.

Además, reprochó que González suscribió con Plewinski el remito con Ferretería Ariel el 3 de octubre “acreditando falsamente haber recepcionado la mercadería contratada, lo cual obligó al Estado provincial a efectuar el pago, el cual se concretó el 25 de octubre de 2016. Recepcionándose la mercadería el día 2 de noviembre”. Sobre esta contratación dijo que se ocasionó un perjuicio al erario público de aproximadamente $533.910, 25.

La segunda contratación cuestionada también se inició el 26 de agosto de 2016, y fue a favor de Las Nazarenas SA, de Guillermo Caíno. Entonces se compraron 1.500 camisas y 1.500 pantalones por el monto de $1.228.500. Ello quedó registrado bajo la resolución Nº 57 del 3 de octubre de ese año, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Señaló que una vez más se anticiparon los pagos acreditando falsamente haber recibido la mercadería contratada. El pago se efectuó el 14 de octubre y los elementos recién fueron recibidos por el Estado el 9 y 10 de noviembre. Precisó que aquí se calculó un perjuicio en torno a los $407.666,46.

La tercera contratación reprochada se inició el 14 de septiembre de 2016, cuando los acusados aprobaron y adjudicaron a la empresa DolMat, de Concordia, de Diego Federico Dolhat, la adquisición de 1.416 pares de calzados de protección por $1.350.864. La contratación quedó registrada en la resolución Nº 60 del 13 de octubre de ese año.

Al igual que en las otras ocasiones, indicó que el 18 de octubre, González aparece firmando un remito en el que se acredita falsamente haber recibido la mercadería. El Estado depositó el dinero el 2 de noviembre y la mercadería comprada fue recibida en dos tandas: una el 30 de enero de 2017 y otra el 14 de febrero. Además, hubo otra particularidad: los elementos no fueron alcanzado al Estado, sino que tuvieron que ser retirados en el domicilio del proveedor por personal del plan Argentina Trabaja. Aquí se estimó un perjuicio de $ 272.070,24.

La cuarta irregularidad detectada fue a fines de septiembre de 2016, cuando habrían falsificado la firma del empresario Juan Enrique Díaz, titular de la firma Todo Hierro. En este caso, el fiscal indicó que los acusados presentaron un falso presupuesto “con detalles de los productos a cotizar” pero con “firma estampada que no se corresponde al patrimonio escritural de Díaz, simulando una cotización de productos con precios mayor a la firma adjudicataria”.

De este modo, el fiscal señaló que adjudicaron a DolMat la adquisición de indumentaria de trabajo: 1.416 camisas y 1.416 pantalones por el monto de $1.081.824. La contratación se registró bajo la resolución Nº 61 del 13 de octubre de 2016.

El 18 de octubre se acreditó con la firma de un remito que la vestimenta fue recibida y el Estado pagó el 2 de noviembre. En realidad, dijo el fiscal, la mercadería recién llegó a manos del Estado el 16 de diciembre y el 14 de marzo. Como en otra oportunidad, personal del programa Argentina Trabaja tuvo que retirar los elementos en el domicilio del proveedor. El perjuicio calculado en este caso fue de $389.400.