Dos semanas después de que trascendiera la presentación de una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciameinto por supuesto mal desempeño en su función, habló el fiscal de coordinación Ignacio Luis María Aramberry, y lo hizo a través de su abogado defensor, Ladislao Uzín Olleros.

“Entendemos que el promover la actividad del Honorable Jurado de Enjuiciamiento para examinar si concurren las causales que justifiquen la remoción del magistrado o funcionario, sólo se justifica frente a la comisión de hechos graves e intolerables que impliquen el apartamiento de las obligaciones que a ellos se confían, con daño evidente al servicio de justicia, que implique menoscabar la investidura judicial, derivando en perjuicio para la comunidad, que es la destinataria de esa alta función tutelar”, planteó Aramberry a través de un comunicado que firmó su abogado.

Aramberry, el fiscal que timoneó junto a su colega Patricia Yedro la voluminosa causa de los contratos truchos en la Legislatura -hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir un conflicto de competencia- fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el abogado victoriense Carlos Reggiardo, a la vez defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito y con una nueva causa por el mismo delito que se tramita en Tribunales.

Reggiardo apoya su acusación en el testimonio prestado por Aramberry durante el jury a la destituida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y aporta el relato del fiscal cuando se refiere a las actuaciones dispuestas en las causa de los contratos de la Legislatura. El denunciante transcribe la declaración testimonial e incluso un fragmento del interrogatorio del fiscal ad hoc Gastón Justet en el que consulta a Aramberry sobre una orden de allanamiento y el secuestro de un teléfono celular respecto del testigo Mario Deiloff.

En la primera manifestación pública de Aramberry tras la denuncia presentada en su contra por Reggiardo -se trata de un funcionario judicial de bajísimo perfil mediático-señaló a través del abogado Uzín Olleros: “El Dr. Aramberry, anoticiado de la denuncia, se ha puesto de inmediatoadisposición del Honorable Jurado, sin dilación alguna, formulando su descargo en tiempo y forma, habiendo acompañado copia de su presentación el día martes 30”.

Luego, abunda: “El Dr. Aramberry ha desempeñado de manera correcta sus funciones; y en su dilatado tiempo de servicio, que ronda las dos décadas, en su legajo particular no se registra ninguna sanción por comisión de falta o irregularidad alguna en las diversas instancias en las que le ha correspondido intervenir”.

Por qué lo denuncia

“¿Usted recuerda si usted, usted o alguien de la fiscalía, requirió una orden de allanamiento y secuestro de un teléfono celular respecto de esta persona, Deiloff?”, preguntó el fiscal ad hoc en la audiencia, según transcribió diario Uno.

A ello, Aranberry respondió: “Sí, claro. La doctora Yedro y yo solicitamos el secuestro a la Jueza de Garantías del teléfono celular de testigo Deiloff, teniendo en cuenta obviamente estas mentiras que había manifestado al decir que no había formado parte de ninguna de las legislaturas como contratado o había cobrado cheques. Porque lo habíamos hecho en casos anteriores, en dos casos anteriores donde justamente testigos habían ido a declarar una cosa que no surgía de la documentación que teníamos, o sea que se contradecía claramente con la documentación que teníamos, ahí, en dos casos anteriores como le repito, pedimos esta medida a la Jueza de Garantía. La medida fue avalada teniendo en cuenta de alguna forma que estábamos investigando una asociación ilícita y estas mentiras podían interpretarse en algún sentido como actos de colaboración con el ocultamiento de esta asociación ilícita que se estaba investigando”.

En aquella oportunidad el testigo recordó que Deiloff “había comparecido sin el teléfono, o mejor dicho, había manifestado no tener consigo el teléfono y esta fue de alguna manera algunos de los motivos que nos impulsó a pedir el secuestro del teléfono”.

En el escrito se señala que se recurrió a la entrevista video grabada de Mario Deiloff, donde se constató que el testigo llevaba consigo el celular.

“Es aquí donde se halla una constatación evidente acerca de una afirmación falsa como la que el testigo compareció sin teléfono y por ello fue necesario el pedido de allanamiento, cuando en realidad el testigo tenía posesión de su teléfono y lo mostró dos veces en la entrevista, y una, a partir de una pregunta del mismo fiscal Aramberry. Incluso, puedo pensar que habría embaucado a la jueza de Garantías con los motivos del pedido de allanamiento”, objetó el denunciante.

Reggiardo revisa un nuevo fragmento de la declaración testimonial del fiscal, en el cual responde acerca de los vínculos comerciales entre el testigo Pedro Opromolla y el esposo de Goyeneche Sebastián Bertozzi.

“Se nota una desatención llamándose a conservar un grave silencio acerca de las relaciones personales y de negocios contractuales habidos en las evidencias recolectadas en el allanamiento de calle Misiones”, sostuvo y agregó: “Esta omisión por parte del fiscal Aramberry, puso en riesgo la transparencia de las evidencias que iban colectándose en la Investigación Penal Preparatoria, perjudicando el vislumbramiento de la verdad forense, como también, favoreció los actos arbitrarios de la exfiscal Cecilia Andrea Goyeneche”.

De la misma forma, se solicitó la recusación de los funcionarios que fueron integrantes del Jury a Goyeneche: Verónica Mulone, Gisela Schumacher, Armando Gay, Daniela Carubia, Juan Smaldone, Gonzalo García Garro y Gustavo Zavallo.

También se pidió la recusación de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y la suspensión preventiva de Aramberry.

Apoyo del Consejo de la Magistratura

Desde la defensa del fiscal se informó que fueron recibidos por la Comisión Directiva del Consejo de la Magistratura de la provincia. En el comunicado oficial enviado por el abogado Ladislao Uzín Olleros se menciona que del encuentro participaron Noelí Ballhorst, Gaspar Recca Ríos, Rafael Cotorruelo, Elisa Zilli y el presidente de la institución, Alejandro Cánepa.

Cabe señalar que la gestión anterior del organismo no mostró acompañamiento a la procuradora Adjunta destituida, Cecilia Goyeneche.