José Amado
(De ANÁLISIS)
El impedimento de contacto es una figura legal bastante frecuente en los Tribunales entrerrianos donde la Justicia interviene con la premisa de la defensa del derecho del niño o niña. Un caso ocurrido en Paraná revela las artimañas que puede utilizar un hombre para prolongar el tiempo la interrupción del vínculo de su hijo con la madre, incluso pese a una orden judicial, sin que pase nada, sin ninguna consecuencia y sin que a ningún funcionario judicial le conmueva la situación.
A principios de octubre del año pasado, el padre denunció a la madre por impedimento de contacto. La joven se había quedado sin trabajo y debió regresar a su casa familiar en una localidad de la provincia de Santa Fe, y llevó consigo a su hijo, entonces de 4 años.
Se realizó la audiencia en los Tribunales de Paraná y la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo ordenó el restablecimiento de contacto del niño con el padre, dos días por semana (una semana en la localidad santafesina y otra en Paraná). Hasta acá, todos de acuerdo. A su vez, la magistrada comunicó esta resolución al Juzgado de Familia N° 2, a cargo de Noelí Gabriela Ballhorst.
Mientras, se tramitaba también en el Juzgado de Ballhorst la causa por el “centro de vida” del niño, donde se analiza el lugar y el ámbito donde debe vivir y crecer. Pero se trataba de un trámite paralelo ajeno a la cuestión de la tenencia del niño con su padre y su madre.
Pero el padre se llevó al niño y nunca más lo regresó a su madre. Se han intentado instancias de mediación, que el hombre no aceptó o no concurrió, a sabiendas de que debía ceder a la restitución del contacto de la joven con su hijo. Pero esto tampoco tienen ninguna consecuencia y la situación del niño arrancado del contacto con su madre se perpetúa.
Agotadas las instancias del fuero familiar y los intentos de mediación para lograr que el niño vuelva a ver a su mamá, la joven acudió a la Fiscalía. El abogado Jorge Legascue, quien la representa, solicitó la intervención del Ministerio Público por posibles delitos penales flagrantes que se demuestran en este caso.
La fiscal Melisa Saint Paul desestimó la denuncia y la archivó, al sostener que se trata de un pleito que se tramita en el Juzgado de Familia N° 2, aplicando la política del Ministerio Público Fiscal de no intervenir en causas como esta de impedimento de contacto, por cuestiones de “oportunidad y prioridad”, como lo autoriza la Constitución provincial.
El abogado Legascue solicitó la revisión de esta decisión de la agente fiscal ante la Coordinación de la Fiscalía, por no haber atendido a la cuestión de que en el Juzgado de Ballhorst no hay nada más que hacer. El pasado jueves, la Coordinación confirmó el archivo.
Como en todos los conflictos, hay versiones opuestas, argumentos diferentes y contrapuntos. El hecho que no se discute en este caso es que un niño está alejado de su madre hace más de un año, y que las acciones judiciales llevadas adelante por la mujer no resolvieron la situación.
La denuncia
En el escrito presentado en Fiscalía por Legascue se denuncia “un uso indebido del Juzgado de Familia N° 2 en el cual se está tramitando, exclusivamente, un proceso civil relacionado, estrictamente, a una supuesta violación por parte de la madre del centro de vida del menor. Nada más. En ese orden de cosas, el padre se presenta a la Jueza de Familia comunicándole que ‘ya tenía al niño’. Esto de exhibirle un indebido ‘trofeo’, vale decir un desmadre procesal impertinente, extraño al centro de vida pues en este proceso no estaba en discusión la tenencia de la madre, sino solo - y lo reiteramos- la restitución al centro de vida a Paraná, el cual y por lo demás, estaba concluido. Pero el padre no procedió en esa dirección y “aprovechó” para apropiarse del chico no devolviéndoselo jamás a su madre, peor aún, en el contexto de lo decidido por la jueza Bacaluzzo”.
En este sentido, definió que “el padre se apropió, literalmente, del menor, valiéndose, bastarda, burda y deslealmente, de un ilícito accionar judicial que, de ninguna manera, lo habilitaba para aquella apropiación, o sea se configura un delito continuado hasta la fecha”.
Los delitos que el abogado pide que se investiguen son impedimento de contacto y desobediencia judicial.
Asimismo, se cuestiona “el ardid de ‘colarse’ ante el Juzgado de Familia N° 2 que carecía y carece de facultades para modificar la tenencia propiamente dicha del niño, toda vez que tenía solo a su cargo (la magistrada de familia) la restitución al centro de vida, hacen o nos ponen ante un claro fraude procesal del padre. Esto último, es más que visible, aparte de burlarse del sistema judicial”.
Asimismo, con el objetivo de insistir en el agotamiento de la vía judicial familiar para, Legascue refirió que “frente a tan patética y cruel inconducta del denunciado, la madre del niño promovió en sede civil de familia juicio de restitución de tenencia del menor, el cual toda su vida vivió junto a su madre, además de haber sido acordado y homologado por sus progenitores”.
Y refirió que el contacto del niño y su mamá “viene siendo obstruido sistemáticamente por el imputado, incluso a nivel judicial, sea no llevando al pequeño cuando su madre venía de su localidad a alguna diligencia judicial, sea oponiéndose a una audiencia de mediación solicitada por la madre para acordar algún contacto con su hijo, etc. De ahí que, sostenemos y afirmamos, que el mencionado valióse crudamente hasta de los trámites y contingencias judiciales, que hubieran resultado aptas para el contacto”.
Por esto, solicitó que “el Poder Judicial, frente a esta tremenda acción delictiva y tratándose de un menor de edad, debe actuar e investigar urgentemente el hecho denunciado”.
Y en esta línea advirtió que “por su tipología y características, bien puede derivar en un ‘caso Loan’, donde todo quedaría burlado, habida cuenta de la maniobra fríamente perpetrada por su propio padre, quien ha hecho ‘lo que ha querido’, corolario perverso y demencial, pero no menos posible de acuerdo al relato de los hechos (…) que también demostrarán que la apropiación indebida endilgada al padre, se califica aún con mayor gravedad por otros factores colaterales que aquel está causando”.
Pedido de revisión
En el texto presentado ante la Coordinación de Fiscalía, Legascue fue muy crítico de la fiscal Saint Paul, por tardar 30 días en responder a la denuncia con una resolución de una carilla con citas “más parecidas a un copie y pegue” para fundamentar el archivo.
El abogado argumentó, entre otras cosas, que el padre del niño incurrió en “transgresiones penales” en un cuadro de situación que “está muy lejos de poder encerrar en un mero caso de una común índole familiar, exclusivamente”.
Por ello, pidió la reapertura de la causa y que se designe un nuevo fiscal para investigar esta situación. El pedido fue desestimado y el archivo confirmado. Ahora solo queda la vía de la querella particular.