De ANÁLISIS

El Ministerio Público Fiscal decidió ampliar la investigación penal de la causa de la "Mesa de Dinero" de Paraná, en la que se investiga la presunta maniobra delictiva de un grupo de personas a través de una financiera que captaba inversores con promesas de altos rendimientos. Ahora, en la mira quedaron los dueños de una conocida concesionaria de la capital entrerriana. El caso estalló en octubre, cuando varias personas reclamaron su dinero. Más de 40 se presentaron en la justicia con una denuncia penal.

En un inicio, la causa se concentró en tres personas: Matías Santa María, Andrés Gamarcia y Cristian Vital. La empresa clave en el caso es San Mar Sociedad Anónima Simplificada (SAS), pero también aparecen otras orbitando. 

En la apertura de causa, el fiscal Santiago Alfieri indicó que se investigará "si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”, de los cuales enumera a 13 de ellos”.

Este viernes, ANÁLISIS supo que el fiscal amplió la investigación a dos personas: Maximiliano Wagner y Gustavo Bupo. Concretamente, los comenzó a investigar por el presunto delito de encubrimiento. Bupo es propietario de la concesionaria de autos de alta gama y de lujo V12, ubicada en Avenida de las Américas, de Paraná, y que fue allanada semanas atrás. Entonces, también fueron revisados dos depósitos ubicados en Avenida de las Américas y Lisandro de la Torre. 

Como contó ANÁLISIS, los policías fueron en busca de una camioneta Toyota Hilux, una Toyota Prado y un auto Audi A3, que no fueron localizados. Secuestraron documentación y planillas. En el local comercial había 29 autos y seis motos, en uno de los depósitos había 20 autos y en otro 11 autos y 14 motos. Todos se verificaron y ninguno tenía pedido de secuestro ni adulteraciones.

Sin embargo, la División de Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones informó al fiscal una serie de posibles maniobras para ocultar los vehículos buscados. Por ello, este viernes el fiscal amplió la investigación a los antes mencionados.

El hecho a investigar es el siguiente: "Si, Maximiliano Wagner y Gustavo Bupo, a sabiendas de la existencia de pedido de secuestro de los vehículos marca Toyota, modelo Land Cruisser Prado; y automóvil marca AUDI, modelo A5 3.2 Quatro Pro Cupé; requeridos en el marco del caso en que se investigan defraudaciones por parte de Andres y Julio Gamarci y Matías Santa María, realizaron maniobras de ocultamiento de los automóviles, labraron -o hicieron labrar- documentación apócrifa insertando datos y firma de R.T. para ocultar bienes producto del ilícito principal”.

Y se agregó que “tal conducta encuadra en el delito de Encubrimiento, en los términos del art. 277 del Código Penal y les es atribuido en carácter de autor”.

Por esos motivos, el fiscal dispuso que Wagner y Bupo designen un abogado defensor y mantener una entrevista con R.T. -un hombre cuya firma aparece estampada en los documentos-. También se entrevistará con Dos denunciantes por el Audi y con uno por el Toyota.

Sustitución de embargo

Este viernes cerca del mediodía, se resolvió en los Tribunales la sustitución de un embargo que pesaba sobre Andrés Ferreyra, dueño de la firma JIFA SAS, que controla un corralón de Paraná.

El fiscal Alfieri, junto con un grupo de abogados querellantes, informó sobre un acuerdo alcanzado con José Velázquez, representante legal de Ferreyra y de la firma JIFA SAS. Según el acuerdo, se levantó el embargo sobre dos cuentas bancarias de JIFA en el BBVA Francés, que tenían un total de 17.720.000 pesos, y, en su lugar, se embargó un vehículo de alta gama: un Mercedes Benz B34AMG GTS Coupe 2016, cuyo valor de mercado se estima en 150.000 dólares, cifra superior al monto de las cuentas.

La jueza de Garantías Paola Firpo aprobó esta medida, considerando el acuerdo entre las partes. En consecuencia, dispuso el levantamiento del embargo sobre las cuentas de JIFA y la aplicación de un embargo judicial sobre el automóvil. La jueza también indicó que el vehículo se encuentra en un estacionamiento techado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y que tanto las llaves como la tarjeta verde del auto están a disposición de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación.