De ANÁLISIS
Este jueves por la tarde, el juez de Garantías Pablo Zoff dictó la probation para Eduardo “Lalo” Soñez, dirigente del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), quien había sido imputado por aprietes sindicales ocurridos en el marco de un paro llevado a cabo en diciembre de 2022 en la ciudad de Paraná, durante la gestión del intendente Adán Bahl.
Soñez accedió a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, con la condición de cumplir con varias reglas de conducta. Entre las principales obligaciones que deberá respetar durante este período se incluye la prohibición de molestar, por sí o a través de terceros, a los trabajadores que denunciaron los aprietes, supo ANÁLISIS. De la audiencia participaron el fiscal Martín Wasinger y el abogado defensor de Soñez, Eduardo Gerard.
El dirigente sindical está vinculado a Osvaldo "Pacha" Palacios, quien junto con otras personas de su entorno también enfrenta cargos en una causa abierta por compulsión a la huelga.
Los aprietes sindicales, que se desarrollaron en el contexto de un intento de paralización del municipio, fueron parte de una serie de presiones ejercidas por un sector del Suoyem en su intento por lograr más poder dentro de la estructura municipal de Paraná. El conflicto se originó cuando el sector liderado por Palacios comenzó a exigir beneficios adicionales luego de que el intendente Bahl decidiera restringir las licencias gremiales y las asignaciones extras.
Entre los días 13 y 15 de diciembre de 2022, la ciudad fue escenario de hechos que interrumpieron gravemente la recolección de residuos. Estos sucesos incluyeron una cuestionada asamblea sindical, la declaración de una retención de servicios y el paro en las unidades municipales, así como el bloqueo de las puertas de las unidades del área de Servicios Públicos.
Ante la falta de adhesión al paro por parte de algunos trabajadores, se registraron agresiones en la vía pública hacia los choferes y recolectores que intentaron retomar sus tareas. Un video presentado por la Municipalidad, como parte de la denuncia realizada por el entonces secretario de Legal y Técnica, Pablo Testa, mostró el accionar violento de los integrantes del grupo de Palacios.
En una primera instancia, por estos hechos, la Justicia imputó a ocho personas bajo el artículo 158 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a tres años para quienes ejerzan violencia sobre otros con el fin de forzarlos a participar en huelgas o boicots. Entre los imputados se encuentran Osvaldo "Pacha" Palacios y Juan "Rulo" Escobar, un empleado municipal también vinculado a una causa por narcotráfico.
El principal foco de las agresiones fue la Unidad Municipal N°1, ubicada en calle Montevideo, donde un automóvil Chevrolet Onix blanco persiguió a trabajadores que intentaban retomar sus labores en un camión, siendo luego dirigido hacia la unidad ante el impedimento de continuar con las tareas debido a los aprietes del grupo de Soñez.
