N.B. de ANÁLISIS

Este miércoles se reanudó la remisión a juicio en la “causa coimas”, también conocida como Urribarri-Cardona Herreros. Se trata del segundo proceso por delitos de corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, en el que tiene un pedido de prisión efectiva de 10 años. Junto al exmandatario está imputado el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, y los exfuncionarios de Gobierno, Guillermo Smaldone; Miguel Ulrich; Luis Erbes, Humberto Flores y Carlos Haidar.  

La etapa de remisión a juicio comenzó entre febrero y marzo de este año y sufrió varias dilaciones. Se trata de un momento intermedio entre la investigación fiscal y el juicio oral. A principios de noviembre, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro realizaron las réplicas y, por estos días, los defensores contestan a los fiscales. Posteriormente, el juez de Garantías que controla el proceso, Julián Vergara, deberá tomar una decisión. Por último, en caso de que Vergara decida remitir a juicio la causa, las partes deberán tomarse otro tiempo para discutir cuál es la prueba que analizarán en un futuro debate oral. En Tribunales hay quienes sostienen que se sabrá recién el año que viene, y quienes aseguran que tal definición se conocerá antes de fin de año.

Según la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario. Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.  

Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.

Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.

A lo largo de la investigación fiscal, además de los funcionarios de Gobierno y Cardona Herreros, también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.

El proceso comenzó en 2017, tras una publicación de la revista ANÁLISIS que desnudó las relaciones entre Urribarri y Cardona Herreros. Producto de la amistad entre ambos, las empresas Relevamientos Catastrales y Relcat de Cardona Herreros hicieron jugosos negocios con el Estado provincial, proveyendo software para “modernizar y agilizar” las gestiones públicas. La investigación fiscal tuvo un avance importante en junio de 2018, después de los allanamientos que realizaron agentes del Ministerio Público Fiscal en las oficinas empresariales ubicadas en provincia de Buenos Aires. En ese momento, los fiscales se hicieron de miles de datos digitales, documentación y otros elementos que, con el correr de los meses, complicó la situación de las personas sospechadas. Las indagatorias comenzaron a tomarse en 2020, con todas las dificultades que supuso la pandemia. En 2022, los defensores pidieron el sobreseimiento de Urribarri, Ulrich y Haidar. Poco después los fiscales presentaron la investigación y pidieron que se discuta su elevación a juicio oral. Sin embargo, el juez que estaba a cargo del control de la causa en ese momento, decidió sobreseer a los tres imputados. Esa decisión enlenteció el proceso judicial. Recién a principio de este año la OGA pudo comenzarse con la elevación a juicio, después de algunas postergaciones, y en ese momento se encuentra la causa.   

Smaldone: “La evidencia de Fiscalía es insuficiente”

Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, respondió la réplica del Ministerio Público Fiscal en contra de sus planteos. La defensa del concordiense, hijo del exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Ramón Smaldone, se produjo este miércoles en el reinicio de la remisión a juicio. 

“No hay forma que Cardona Herreros haya ido con ventaja a la licitación”, dijo en referencia a uno de los hechos imputados por los fiscales, a partir del cual investigaron la contratación de Relevamientos Catastrales para elaborar un sistema informático para el Ministerio de Trabajo.

“El Ministerio Público Fiscal dijo que recibí un correo con el pliego que me envió Cardona, puede ser que figure en la pericia, pero también figura que no respondí. Ese día me casaba y no respondí ningún correo. Ese pliego fue usado en la primera licitación, supongamos que Cardona fue con ventaja en relación a otras empresas, pero la licitación fracasó. De modo que la segunda licitación que usó el mismo pliego que en la primera, no hay forma que Cardona haya ido con ventaja. Además, no sólo Smaldone recibió el pliego, la verdad se compone de todo. Yo no privilegié a Cardona”, manifestó el extitular de Trabajo este miércoles y se quejó: “Fiscalía dijo que no importa que los organismos de control hayan aprobado el procedimiento”.

En defensa propia, Smaldone recordó que entre la evidencia hay registros de pasajes al mundial de Sudáfrica que habrían comprado para los funcionarios públicos desde las oficinas del empresario paraguayo. “Fiscalía dice que el viaje a Sudáfrica es incriminatorio, fue en 2010 y no existía el Ministerio de Trabajo. Toda la prueba que colectaron en mensajes y mails, no existe. Hay un pasaje comprado en una agencia de turismo, pero no hay comunicación mía a Cardona pidiendo el pasaje. No sabía que Cardona era dueño de la empresa. Al pasaje lo pagué yo, con mis fondos propios”. “El MPF tiene el deber de alcanzar la verdad objetiva. Cuando uno decide sin tener en cuenta los hechos, está siendo arbitrario, no razonable y falta a la verdad”, subrayó.

Más adelante cuestionó que “hicieron allanamientos y trajeron a esta causa, sin autorización judicial, un mar de evidencia”. Ese es, justamente, uno de los puntos fuertes que desplegaron los defensores. Apuntaron a los allanamientos ordenados en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador y a Cardona como su presunto testaferro. “Denuncié un señalamiento a mi persona. No usaron ni un minuto para responderme y es una acusación grave. Me parece sobradamente grave que no exista explicación. Le pido a usted que no lo deje pasar”, interpeló el exministro de Trabajo al juez Vergara.

“Uno se desayuna cuando vienen con toda una marea de evidencia donde estoy nombrado diez veces. También en esa marea existe mucha evidencia que es desincriminatoria para mí y no lo dicen, ni se lo dicen a usted”, manifestó y acotó: “Hay un mail en que Cardona pregunta a sus empleados como es el número de Smaldone ¿cómo puede ser que haya sido íntimo, que contrató y después no tenía mi teléfono? Eso también forma parte, pero ya no encuentro ese correo que sí, existe”.

Sobre el final, dijo que “no hay elementos que permitan sostener la hipótesis fiscal”. “La evidencia es insuficiente porque tiene sospechas irrazonables. Existe un dato fundamental. Smaldone perjudicó a Cardona. ¿Cómo sostienen que lo beneficié? Él tuvo que empezar de vuelta con un expediente que declaré nulo. Es insuficiente porque no existe constancia de que haya un retorno. Hace siete años digo y trato que Fiscalía tome nota que renuncié el Ministerio de Trabajo antes que se paguen los supuestos sobornos. El contrato se firmó en enero y el primer mensaje de texto sospechado sobre un teléfono del Ministerio es en junio, en mayo me fui, deje de ser funcionario. Hay constancias objetivas que devolví ese teléfono, no era mío, era público, del Ministerio”.

“Pasar un expediente de una oficina a otra no es delictivo”

Leopoldo Lambruschini defiende al exsecretario de Hacienda del Gobierno provincial, Jospe Humberto Flores. Durante la respuesta a Fiscalía, el abogado aseguró que las réplicas y dúplicas son para cuestiones novedosas pero “el Ministerio Público Fiscal no hizo una réplica sino una ampliación de la fundamentación hecha en el escrito de la remisión”. “Esta alegación fue un exceso de sus facultades. Las réplicas y dúplicas no son una tercera instancia de fundamentación. De modo que la tenemos por no formulada a la réplica”, se quejó.

Dijo después que la dúplica “no es un adelanto del alegato de clausura”. “No se exigen solo los fundamentos sintéticos sino además el estándar de mérito de probabilidad que no se llegó, no se acreditó probable la intervención de Flores en el hecho y corresponde el sobreseimiento. No cualquier intervención en el hecho es relevante, sólo es relevante la intervención de carácter delictivo, pasar expediente de una oficina a otra no es delictivo. Corresponde el sobreseimiento”, reiteró y afirmó: “El tema de la dádiva es una cuestión central en la hipótesis acusatoria. Pero la conducta de Flores no es delictiva. Hay un problema de argumentación de los fiscales”.

“No hay coherencia ni sintonía”

Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa son los defensores de Luis Erbes. Consideraron que la imputación contra el exdirector de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía, no es “coherente ni guarda sintonía”. Aseguraron que en la acusación existe “insuficiencia probatoria”. Se quejaron porque al contador se le imputó el hecho 1, 3, 4 5 y 6. “No hay coherencia o sintonía. Comprendo que pueda haber dificultad en la imputación. Pero Fiscalía debe imputar correctamente. Son seis hechos. Erbes integró un supuesto plan sistemático y común, no se encuentra la coherencia. No sabemos si se trata de un delito continuado, si son hechos independientes. Esto va a plantear problemas a futuro en el debate. Hay que resolverlo acá. Esa desprolijidad, solicitamos al MPF que readecúe y no lo hizo”, cuestionó Bacigalupo.

“A Erbes le imputan hechos no correlativos. Nunca se estableció cuál es la conducta concreta. Si usted analiza temporalmente, Erbes no tenía manera de percibir una coima concreta”. “Es una manera defectuosa de imputar, no hay hechos debidamente circunscriptos y detallados. Hablamos de carencia probatoria en el sentido de las conductas”, consideró Azziani Cánepa.

Las dúplicas continuarán mañana, con las intervenciones de los defensores de Miguel Ulrich, Carlos Haidar y Sergio Urribarri.

Pedidos de pena

Los fiscales pidieron 10 años de prisión para Urribarri; una pena de 9 años para el empresario Cardona Herreros, 6 años para Carlos Marcelo Haidar; 5 años para el ex ministro de Trabajo Guillermo Smaldone; 5 años para Luis Alfonso Erbes; 4 años y medio para Miguel Ángel Ulrich; y 3 años de ejecución condicional para José Humberto Flores.