El pasado 6 de diciembre se cumplió un año de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aceptó la queja interpuesta por la exprocuradora Adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, contra su destitución en 2022. El máximo tribunal del país declaró “admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y se deje sin efecto la sentencia apelada”, que había sido dictada por el Superior Tribunal de Justicia, por entonces bajo la presidencia de la vocal Susana Medina (quien ahora enfrenta un pedido de juicio político por sus ausencias y gastos injustificados).
Además, los jueces dispusieron que el expediente vuelva “al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente y remítase la queja”.
En su resolución, los jueces de la Corte habían realizado un repaso de las dos denuncias contra Goyeneche, de la conformación del Jurado de Enjuiciamiento y la resolución de apartamiento de sus funciones el 30 de noviembre de 2021, en pleno juicio contra el exgobernador Sergio Urribarri. Recordaron todos los planteos de la exprocuradora contra la conformación del Jurado y quiénes aparecían como responsables del contralor sobre la constitucionalidad del proceso. Mencionaron las decisiones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos sobre el proceso de enjuiciamiento, como la designación de un fiscal Ad hoc, dejando afuera al Ministerio Público Fiscal (MPF), el órgano previsto en la Constitución Provincial para acusar.
La Corte ordenó un año atrás que los planteos de Goyeneche vuelvan a la instancia del Superior Tribunal de Justicia para que se adopte una nueva decisión respecto del control de constitucionalidad que hicieron al enjuiciamiento que terminó con su destitución, mediante un fallo contra derecho y violando lo indicado por las leyes y la Constitución provincial.
Pero el regreso del expediente se demoró varios meses más, ya que faltaba decidir quién debería afrontar las costas del proceso, por lo cual finalmente, en agosto de 2025, fue condenado el Gobierno de Entre Ríos a pagara ese trámite ante la Corte.
A mediados de noviembre, se conformó el Tribunal del STJ que debe resolver según los criterios marcados por la Corte y anular el Jury. Todos los vocales del máximo tribunal entrerriano debieron apartarse, salvo Carlos Federico Tepsich, quien no había sido designado en este cargo cuando sucedió aquella polémica resolución. Sus lugares los ocupan los jueces María Alejandra Abud, del fuero laboral; Aranzazú Quiroga y Marcelo Baridón, de la Cámara en lo Contencioso Admnistrativo de Paraná; Santiago Brugo y Mauricio Mayer, del Tribunal de Juicio y Apelaciones; el vocal de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Nicolás Cossy; la jueza de Familia de Paraná, Claudia Laferriere; el camarista Civil y Comercial, Andrés Marfil; y el mencionado Tepsich, designado presidente de este tribunal.
Los votos deben dictarse en este orden y, según pudo saber ANÁLISIS, ya se dictaron tres. El proceso que parecía ligero se estancó hace tres semanas en el despacho del cuarto vocal, quien aún no ha emitido su voto.
En este tipo de proceso no sería necesario que voten los nueve vocales. Con que se conforme una mayoría de cinco votos el expediente judicial ya estaría resuelto. Solo en caso de diferencias de criterios se llega a que vote la totalidad de los vocales para conformar mayorías.
De confirmarse lo que indica la Corte, además de ser restituida Goyeneche en su cargo, luego se puede generar otro trámite y es el muy posible reclamo de salarios caídos que deberá hacer frente el Gobierno provincial, que se realizaría por intermedio de la Fiscalía de Estado.
