A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, la cuestión de las privatizaciones sigue siendo uno de los ejes centrales del debate político y económico argentino. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que hoy contó con la conducción de María Eugenia Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y la propia Barragán. En este contexto, Florencia Barragán, periodista especializada en economía, presentó en Infobae un detallado balance sobre el avance y los desafíos que enfrenta el proceso privatizador prometido por el oficialismo, marcando que “la única privatización concretada hasta el momento fue la de YMSA, mientras que otras, como AySA, Transener e Intercargo, apenas comienzan a recorrer caminos formales en ese sentido o encuentran serias dificultades para atraer capital privado”.
Barragán hizo foco en la brecha entre los anuncios de campaña y la realidad efectiva del proceso privatizador. “No estamos ni en la segunda ni en la tercera generación de privatizaciones: apenas estamos arrancando. Solo una empresa pública, YMSA, ya está en manos privadas, y hay tres más que, según fuentes oficiales, podrían avanzar próximamente”, explicó. La periodista detalló que el caso de YMSA, empresa clave del sector metalúrgico mendocino, marca el inicio de esta etapa bajo el actual Gobierno. Se trata de una compañía que fue estatizada por crisis financiera, y que ahora, de la mano de ARC Energy, capitales estadounidenses, vuelve al sector privado. “Lo interesante del caso YMSA es que ahora está exportando grúas y material nuclear a Estados Unidos, gracias a la convergencia de negocios y geopolítica entre Argentina y Estados Unidos”, remarcó, y añadió que la operación también supuso la refinanciación de una deuda de USD 500 millones.
Barragán subrayó que la agenda inmediato-futura de privatizaciones está concentrada en tres empresas: las represas hidroeléctricas sobre Neuquén y Río Negro, la transportista energética Transener y la operadora aeroportuaria Intercargo. En el caso de las represas, “ya se avanzó bastante en la licitación y es inminente el traspaso”, detalló. Sobre Transener, remarcó que “es una empresa muy apetecible para el sector privado por operar el transporte de alta tensión, aunque el hecho de ser un monopolio regulado incrementa los riesgos para eventuales inversores ante cambios en la política tarifaria”. Actualmente, Pampa Energía controla un 25% de la compañía, el resto está en manos del Estado Nacional y cotiza en bolsa.
Respecto a la venta de Intercargo, Barragán indicó que la apertura del mercado, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzener, modificó el atractivo original: “Intercargo era muy cotizada por su posición monopólica, pero la desregulación hizo que ahora enfrente competencia de nuevos actores en el sector de servicios aeroportuarios, lo que impacta en su valuación. Si bien hay interesados, ya no constituye el negocio cerrado de antes”.
Otro caso relevante es el de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), cuya venta podría abrirse en el primer trimestre del año. Barragán enfatizó el carácter estratégico de la compañía —provee servicios a unos diez millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense— y explicó que su equilibrio financiero reciente es clave para despertar interés inversor: “El Gobierno ya no quiere que sea deficitaria ni subsidiada, por eso hubo fuertes aumentos de tarifa. Así, el próximo comprador recibe una empresa equilibrada y con potencial real, aunque las inversiones necesarias para sostener y expandir el servicio serán un desafío central”.
La periodista también reveló que, aunque el oficialismo impulsa la privatización de al menos ocho empresas, según la conocida “ley Bases”, no todas generan atractivo: “En algunos casos, desde el propio Gobierno reconocen que hay empresas invendibles porque no las quiere nadie. Yacimientos Carboníferos Río Turbio es un ejemplo: opera con enormes pérdidas, no exporta carbón, y sirve principalmente para sostener el salario de miles de trabajadores. Además, la central termoeléctrica asociada jamás llegó a funcionar plenamente”. La dimensión social de este tipo de compañías convierte cualquier intento de privatización o cierre en un dilema político y humano de alto voltaje.
El tópico de la nacionalidad del capital interesado apareció reiteradamente en el análisis de Barragán. Por ejemplo, en el caso de las represas, quienes se postularon fueron “en su mayoría grupos argentinos, aunque también hay empresas brasileñas y europeas observando el proceso”. Sobre AySA, detalló que hubo menciones a “interés francés y regional” y la prensa especuló con nombres como el de Gornekean, pero las versiones no fueron confirmadas oficialmente. “Son servicios regulados y sujetos a la política tarifaria, por lo que los inversores externos evalúan su participación en función de las perspectivas económicas y la certidumbre institucional”, agregó.
Barragán advirtió que detrás del avance privatizador conviven las urgencias fiscales y la necesidad de construir reservas internacionales. “Con la licitación de las represas, el Estado espera sumar 700 millones de dólares en los próximos días. El doble propósito queda claro: por un lado, ingresar dólares frescos para reforzar las arcas; por otro, desentenderse de los gastos en subsidios y mantenimiento de compañías deficitarias”.
Dentro del repaso de empresas deficitarias, Barragán mencionó a ENARSA (energía), SOFSE (trenes), Casa de la Moneda y la propia AySA, detallando que algunas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, resultan casi imposibles de valorizar por la magnitud de sus pasivos y cargas salariales. “La pregunta esencial siempre es: ¿qué se vende realmente? Si la empresa cotiza en bolsa, tenés una referencia del valor y del balance. Pero hay casos donde el proceso es más parecido a un remate y se complica mucho ponerle precio a los activos”.
La periodista explicó la tensión inherente a transferir servicios públicos —especialmente esenciales como el agua— al ámbito privado: “La discusión es profunda, cruzada entre quienes defienden la gestión estatal de recursos naturales estratégicos y los que creen en la eficiencia privada. Hubo antecedentes en la región, como la crisis por la privatización del agua en Bolivia, o la creciente presencia de operadores extranjeros en Brasil. Pero aún en contextos favorables, el éxito de la privatización depende de la capacidad del Estado de regular a los nuevos operadores para evitar abusos y deterioro en la calidad del servicio”.
Al abordar el caso de YMSA, Barragán resaltó su relevancia como “laboratorio” de las nuevas privatizaciones. “La clave del acuerdo fue la asunción de una deuda monumental. ARC Energy pagó 30 millones de dólares y se hizo cargo de 500 millones más en pasivos. El caso evidencia que los valores de venta de empresas públicas pueden ser bajos si sus balances son negativos. Sin embargo, la oportunidad reside en el potencial industrial, tecnológico y de inserción internacional de la compañía. Hoy, YMSA exporta equipamiento de alta precisión a Estados Unidos, gracias a la ‘ventana’ que se abrió con la política estadounidense de friendshoring y el veto a proveedores chinos en sectores estratégicos”.
El contrapunto entre política y economía fue central en la columna de Barragán. Por una parte, reconoció la presión del oficialismo por apurar privatizaciones como vía para obtener resultados tangibles en materia de reservas, credibilidad ante los organismos multilaterales y cumplimiento de metas fiscales. Por otro, advirtió las resistencias internas, la debilidad de los mercados y las dudas de potenciales compradores frente a cambios regulatorios o escenarios de recesión.
En cuanto a la experiencia regional, Barragán relató: “Algunos países tienen servicios como el agua en manos privadas, otros los mantienen bajo control estatal. El dilema argentino pasa por la historia de subsidios, tarifas congeladas y la dificultad de lograr consensos para cambiar el modelo”. Además, resaltó que la regulación estatal seguirá jugando un papel clave y, en el peor de los escenarios, el Estado podría verse obligado a mantener o incluso rescatar empresas si los experimentos privatizadores no resultan funcionales.
El caso de Nucleoeléctrica, que opera las centrales nucleares, fue otro ejemplo citado por Barragán: “Genera ganancias y se piensa privatizar, aunque por la sensibilidad que despierta el sector nuclear, muchos se preguntan cómo operará la empresa bajo línea privada. La respuesta oficial es que la regulación garantizará seguridad y continuidad, pero el interrogante sobre la compatibilidad entre interés público y gestión privada persiste”.
Sobre el cierre, Barragán recordó el valor geopolítico de algunas empresas: “El vínculo con Estados Unidos permitió que YMSA empiece a exportar grúas y turbinas industriales para represas hidroeléctricas al mercado norteamericano, tras las restricciones impuestas a China. Este fenómeno ilustra cómo la política internacional incide sobre los modelos de gestión de empresas estratégicas”.
La discusión sobre las privatizaciones atraviesa de lleno la agenda nacional en la administración Milei: es un terreno minado de disputas ideológicas, urgencias de caja, estrategias geopolíticas e intereses privados, todo enmarcado por las dificultades reales del mercado para absorber activos estatales relevantes o deficitarios.
