El abogado e integrante de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, consideró que "se debe realizar una doble investigación contra Susana Medina, política y penal".
El abogado e integrante de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, analizó el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, y sostuvo que el caso “no solo compromete la conducta de una magistrada, sino que pone a prueba la fortaleza institucional del Poder Judicial provincial”. Subrayó que la ciudadanía argentina “ya no tolera retrocesos en materia de independencia judicial” y afirmó que el proceso debería avanzar con “una doble vía: política y penal”.
En diálogo con ANÁLISIS, Wortman Jofré enmarcó la discusión en un proceso histórico. “Desde el juicio a los comandantes y el rol que tuvo la Justicia en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la sociedad tomó conciencia de lo que representa tener una Justicia independiente e imparcial. Hoy entiende a la Justicia como el último bastión de defensa de los derechos constitucionales”.
Luego recordó hechos recientes que reforzaron esa reacción social. La resistencia ciudadana al intento del Poder Ejecutivo nacional de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema.
La movilización colectiva frente a la postulación de procuradores que no cumplían las condiciones legales, uno de ellos con antecedentes académicos falseados, impulsados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“En todos estos casos, la ciudadanía actuó con firmeza, nos acompañó en campañas públicas y en acciones judiciales, y enseñó a la política el valor de la independencia judicial. Ese estándar no se negocia”, apuntó.
El caso Susana Medina
Al evaluar el pedido de juicio político, Wortman Jofré remarcó que “la investigación periodística que dio origen a la denuncia es lo suficientemente grave como para activar dos procesos en paralelo”. Consideró que “por un lado, la investigación política, propia del juicio político, que revisa cuestiones de desempeño funcional, decoro, integridad, transparencia y garantías de imparcialidad”.
Por otro lado, la investigación penal, que debe determinar si hubo o no comisión de delitos. “Entre Ríos ha atravesado escándalos de enorme envergadura, con un exgobernador condenado y un ex jefe de Gabinete detenido en Paraguay con 200.000 dólares en un bolso. La provincia ya vivió la experiencia de la corrupción estructural. Por eso es indispensable que el Ministerio Público inicie una pesquisa penal seria”.
Advirtió además que la propia causa anticorrupción contra la fiscal Cecilia Goyeneche reveló la tensión entre el poder político y sectores del Poder Judicial. “Ese caso mostró cómo se intenta domesticar a los jueces independientes. La ciudadanía entrerriana aprendió de esa experiencia”, dijo.
El abogado fue contundente al señalar que el caso Medina involucra a la institución completa. “Cuando una vocal del Superior Tribunal de Justicia es cuestionada, lo que se discute no es solo su conducta, sino la credibilidad del tribunal y su capacidad de controlar a sus propios miembros”.
Según su visión, la respuesta institucional marcará un precedente determinante. “Si hay un manto de protección, si se dilata o se minimiza, la señal para la ciudadanía sería devastadora. Reforzaría la idea de privilegios y desigualdad ante la ley. En cambio, si se avanza con transparencia, se fortalece el Poder Judicial”.
También subrayó el rol de los propios magistrados. “La prueba está en manos del Poder Judicial. Por eso es clave que los pares de Medina no obstaculicen la investigación y garanticen que se pueda llegar a la verdad”.
El factor institucional, la Asociación de Magistradas y Juezas
Wortman Jofré introdujo un aspecto adicional, la responsabilidad institucional de la Asociación de Magistradas y Juezas de Argentina, que preside Susana Medina.
Recordó que “en 2024 la vicepresidenta de esa organización, Norma Abate de Mazzuchelli, fue destituida por un jury en La Rioja y procesada penalmente por pedir dinero a una ciudadana”.
“Se trató de un hecho gravísimo. Y era la vicepresidenta de la institución que hoy conduce Medina”, subrayó.
Por eso reclamó un examen interno profundo. “Una organización que dice representar los estándares éticos de las mujeres juezas debe revisar qué está pasando en su conducción. Se impone una autocrítica seria, porque dos casos de esta magnitud, uno detrás del otro, obligan a revisar los mecanismos internos de control”.
“El juicio político ordena la vida republicana”
Para el abogado, la importancia del juicio político es estructural. “El juicio político no es un castigo ni una persecución. Es la herramienta que preserva el equilibrio de poderes. Ordena la vida republicana. Garantiza que quienes ocupan los cargos más altos no queden al margen de los controles democráticos”.
Y concluyó con un mensaje directo a la sociedad entrerriana: “Los magistrados deben ser guardianes estrictos de la Constitución y del Código Penal. Medina tiene derecho a defenderse, pero la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Entre Ríos necesita marcar un límite. La investigación debe avanzar, porque no hacerlo sería un daño mayor que cualquier acusación”.
