La militante del MST-Nueva Izquierda, Keili González, cargó contra el gobierno municipal de Adán Bahl respecto a la no reincorporación de las seis personas integrantes de la comunidad travesti-trans. 

El proceso comenzó con la decisión del Ejecutivo Municipal de dar de baja a contratados de forma irregular durante la gestión de Sergio Fausto Varisco. Esta decisión fue llevada a la Justicia por los trabajadores y trabajadoras que fueron afectados por dicha medida. 

Las integrantes de la comunidad travesti-trans acudió al Poder Judicial mediante la vía de amparo y recibió un primer fallo favorable que luego fue revertido por una instancia superior. Las afectadas buscaron mediante recurso extraordinario acudir a la Corte Suprema pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó esa posibilidad. 

En ese contexto, González aseguró: "La reincorporación laboral a la administración pública municipal de Paraná de las seis personas travestis y trans es una decisión política que Adán Bahl no quiere tomar".

"No es menor destacar que esto se da en el marco de un terrible ajuste que el mandatario del peronismo viene llavando a cabo. Implementa medidas que calan hondo sobre quienes venimos ocupando el último eslabón en la agenda de demandas. En lo que va de la gestión son innumerables las acciones que marcan la línea política en materia de retrocesos de derechos adquiridos. No tuvo la voluntad política de reincorporar a los más de 1600 trabajadores fueron despedides durante la gestión de Sergio Varisco, les quitó el pase a planta permanente 300 trabajadores y a muches más no les renovó sus contratos", aseguró González.  

Situación de la comunidad

González contextualizó la situación de la comunidad travesti-trans en la provincia y los municipios entrerrianos: "El abandono y la desidia en la que viven les travas y trans es histórica y en el marco de esta pandemia mundial por el coronavirus (COVID-19), la problemática en todo el país se agravó. La actual situación que atraviesa el colectivo ha afectado considerablemente sus condiciones de vida y la crisis socio-económica, como siempre, se ha expresado de modos disímiles en las diversas poblaciones y espacios del territorio nacional".

"Nuestro colectivo tiene una expectativa de vida de 35 años de edad, resultado de la violación sistemática a los derechos humanos y a la falta de políticas públicas que nos confinaron a lugares de extrema vulnerabilidad y pobreza estructural. Mientras que las sobrevivientes, compañeras adultas mayores se encuentran desprotegidas, tras haber sobrevivido a las múltiples violencias de la represión estatal durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica, como en la democracia posterior hasta la actualidad", explicó.