“Es un triunfo enorme de la comunidad de Gualeguaychú, de la vida y el ambiente”, destacó el intendente de Gualeguaychú, Esteban Marín Piaggio, al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al rechazar un recurso presentado por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la propia empresa Altos de Unzué.

De esta manera el Presidente Municipal calificó al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó lo resuelto hace dos años: Amarras deberá ser desmantelado y dejar la zona en su estado anterior.

“Pasó más de una década, cargada de organización, de reclamos, de medidas judiciales, de acusaciones y de todo tipo de argumentos. La sociedad civil organizada, ONGs y profesionales de la ciudad asumieron este enorme compromiso con el cuidado del ambiente y la vida, han dedicado mucho tiempo y recursos para llegar hasta esta instancia definitiva. En 2015 llegamos al gobierno convencidos de lo que teníamos que hacer. De hecho, el segundo día de mi gestión tuvimos la primera reunión con las organizaciones ambientalistas y grupos de personas autoconvocadas, para acompañarlos y delinear acciones en conjunto”, expresó el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ratifica su posición sobre el tema: la firma Altos de Unzué deberá desmantelar el complejo inmobiliario desarrollado sobre el río Gualeguaychú. 

“Era la última instancia judicial que Altos de Unzué y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano tenían. Hoy, tras este fallo, el proyecto Amarras es caso juzgado. Lo que configura un hito en la historia argentina, y también un ejemplo mundial, en la defensa del ambiente, de nuestros recursos naturales, de la salud y de la vida”, destacó el comunicado de prensa de la Municipalidad de Gualeguaychú.

“El conflicto fue muy largo, creo que eso merece el doble de reconocimiento a quienes trabajaron en defensa de nuestro río y de nuestro futuro”, expresó Piaggio, al referirse al proceso que se inició allá por el 2012, cuando comenzaron los desmontes, las quemas y el pedido al Municipio de Pueblo Belgrano para ampliar el ejido municipal.

Ante esta situación la sociedad civil y el Municipio de Gualeguaychú empezaron a realizar pedidos de información sobre el mega emprendimiento. En 2015, el gobierno provincial emitió un Certificado de Aptitud Ambiental al proyecto, a condición de cumplir cuatro requisitos: un plan de contingencia para inundaciones; uno para el tratamiento de residuos; otro de provisión de agua y, el cuarto, para el tratamiento de efluentes.

El Municipio de Gualeguaychú interpuso un recurso de apelación jerárquico y solicitó el cese de la obra. Ese mismo año, el abogado Julio Majul presentó una acción colectiva de amparo ambiental en ese mismo sentido, al cual adhirieron luego varias organizaciones ambientalistas y las firmas de más de 2 mil vecinos y vecinas de la ciudad.

Luego vinieron los fallos contra el emprendimiento de la Justicia de Gualeguaychú y los reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que rechazó los recursos presentados por Majul, habilitando, de esta manera, el recurso de queja presentado, finalmente, en la Corte Suprema.

En paralelo al expediente judicial tramitaba el expediente administrativo, donde la Municipalidad de Gualeguaychú propuso a la Universidad Nacional de La Plata para realizar los estudios de impacto ambiental. Los resultados de los mimos fueron contundentes: “alto impacto negativo al factor ambiental”.

En julio de 2019, la Corte Suprema revocó el fallo del STJ e indicó que dicte uno nuevo ajustado a derecho, destacando la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, como también el derecho a vivir en un ambiente sano. Además, se resaltaron dos principios de precaución y prevención a favor de los recursos naturales: “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, priorizar la defensa de la naturaleza y el agua en caso de duda. 

La Justicia entrerriana dispuso la “demolición y desmantelamiento” de Amarras y se ordenó “dejar la zona en su estado anterior”. De todas formas, Altos de Unzué y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano volvieron a recurrir a la CSJ, agotando la última instancia judicial posible para este conflicto. El fallo conocido este viernes pone punto final al mismo y en los próximos 180 días se deberá desmantelar todo lo edificado y restaurar lo afectado sobre la costa del río.