El contador público y abogado, Roque Guillermo Benedetto, explicó sus cuestionamientos hacia la decisión de la Municipalidad de Concordia de no publicar los resultados de la auditoría realizada en la comuna.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Benedetto comentó que “el intendente de Concordia, Azcué dentro de su plataforma de gobierno y promesas de campaña, prometió a la ciudadanía realizar una auditoría de cómo recibía la Municipalidad de Concordia al momento de asumir su gestión en diciembre de 2023. Esto que me parece sano, porque mucho se habla en épocas de campaña política y se señala cantidad de inconductas o prácticas que rozan la ilegalidad, y era bien visto por la ciudadanía. En cumplimiento de esa promesa en marzo de 2024 se firmó un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para realizar esta auditoría”.
“Auditar es controlar y lo que hizo la UNL es una auditoría de gestión, que controla que todos los procedimientos cumplan con las leyes nacionales y provinciales y las ordenanzas municipales y que todo tenga su respaldo documental. Hasta ahí es un procedimiento normal y habitual, pero la sorpresa vino cuando, pocos días antes de las fiestas navideñas, aparece un informe de prensa fue muy impreciso y que, en vez de sumar claridad al debate y a lo que la ciudadanía esperaba de la auditoría, generó muchos claroscuros. Luego el Poder Ejecutivo Municipal sube un archivo con mayor grado de profundidad trata de esbozar algunas de las conclusiones de la auditoría, y en realidad lo que sube son sugerencias o cambios que podrían hacerse en los procedimientos que se venían implementando, pero que para nada dejan en claro el objetivo de la autoría que era establecer la situación económica y financiera del municipio y, de última, si hubo prácticas alejadas de la ley en el municipio”, explicitó.
Ante eso, comentó: “Todos nos preguntamos porqué se no publicó el informe completo de la auditoría que hizo la Universidad, y por eso me dediqué a buscar el convenio y justamente detecté una clausula donde dice claramente que ese informe de la auditoría en crudo no podía ser utilizado como información destinada a la ciudadanía o público en general”.
En este marco, opinó que “acá fundamentalmente creo que se confunde la actividad privada con la actividad pública. Cuando está en juego la gestión pública, la Constitución Nacional, la Constitución provincial, y la leyes y decretos de la provincia instan a comunicar los actos de gobierno y brindarlos con la mayor transparencia. Es poco feliz haber incluido esa cláusula porque es la ciudadanía la que pagó a través de sus tasas esa auditoría y estaba esperando su resultado. Lo que se transmitió en realidad tiene sabor a poco, casi no tiene sustento para decir si está bien o está mal. Es más, todas las sugerencias de modificación que se hacen, las hace de estilo el Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos, que es gente muy preparada y siempre observa los procedimientos que se pueden mejorar, y generalmente los municipios las van tomando”.
Consultado por la respuesta del municipio ante estos cuestionamientos, Benedetto sostuvo que “hay silencio de radio, no han dicho nada al respecto”. Y agregó que “incluso hay quienes me dicen que desconocían la existencia de este artículo que prohíbe la difusión del resultado de la auditoría”.
Asimismo, planteó que “otra de las grandes incógnitas es porqué se contrató a la UNL y no a la Universidad de Entre Ríos, porque la UNER es muy reconocida a nivel nacional e internacional, los profesores que forman parte de las cátedras de auditoría están especializados en la legislación municipal de Entre Ríos y los profesores del área jurídica, la gran mayoría son integrantes del Poder Judicial, de máxima excelencia y manejan muy bien la legislación de Entre Ríos. Por eso me pregunto por qué la primera invitación no se hizo a la UNER”.
“No hay duda de que se hizo una auditoría. Pero tenemos una ley que regula el ejercicio de la profesión de los profesionales en Ciencias Económicas, que obliga a que las personas que realicen auditorías contables tienen que ser profesionales de Ciencias Económicas y deben estar matriculados en Entre Ríos. Por esta desinformación, no sabemos si los profesionales que hicieron la auditoría son contadores y si están matriculados en la provincia. Ni siquiera se conoce quiénes son los profesionales que realizaron la auditoría. En caso de no hacerlo, el propio municipio que está tratando de exteriorizar prácticas contrarias a la ley, estaría generando un incumplimiento”, advirtió.
También criticó que “el informe que saca el municipio pone un manto de duda sobre la profesionalidad, la idoneidad, la honestidad de –sacando a los funcionarios políticos- aquel personal municipal de planta que son excelente, hace años que trabajan en esto, tienen título profesional, han permanecido durante diferentes gestiones y no tienen ninguna marca de que han hecho algo incorrecto. Y al tirar así en forma genérica, deja dudas y genera un malestar muy grande en profesionales de renombre, que son reconocidos a nivel Entre Ríos y que son hombres y mujeres de consulta de otros municipios también”.
En tanto, planteó que “el municipio de Concordia tiene una ordenanza que regula todos los controles administrativos, financieros y económicos y a ese control lo ejerce la Contaduría municipal. Luego está el área jurídica, tesorería y compras y suministros. Son todos personal capacitado, profesionales, gente de planta, que no entró ahora para hacerle los mandados al poder de turno. La gente que está en Contaduría ahora ya estaba trabajando desde el año 2007, con pequeños cambios, y son gente que ha trascendido las gestiones. Amén de este control que se hace en tiempo real y en el lugar, también está el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que es encargado de hacer estos controles, y no hay ninguna denuncia efectuada”.
Finalmente, en cuanto a lo informado de la auditoría, indicó: “No detecto ninguna irregularidad grave que indique que esto sea una inobservancia a las normativas. Al menos en el informe que subió el Poder Ejecutivo son vaguedades y generalidades. Es un copie y pegue de las observaciones y todas las sugerencias de estilo que hace el Tribunal de Cuentas, nadie podría decir que eso está mal, pero son sólo sugerencias y cosas a implementar”. “Sería muy interesante que la comunidad y los profesionales especialistas en esto tengan acceso al informe para poder evaluar si verdaderamente lo que se hizo tiene un valor agregado significativo para la ciudad y para mejorar las prácticas que se hacían o si es un trabajo que sugiere cambios, pero que en realidad no marcan cosas que se estén haciendo mal y que constituyan un delito para ser denunciado, que es el sentido de una auditoría”, concluyó.
