El próximo 18 de julio se cumplirán 25 años del atentado a la AMIA y, como gesto político hacia la causa que tramita la Justicia, el oficialismo buscará avanzar en las próximas semanas con los proyectos de ley de juicio en ausencia, resistidos por una fracción de los familiares de las víctimas.

“Vamos a avanzar con el proyecto en los próximos días. Hay un buen nivel de consenso para dictaminar”, adelantó a Parlamentario la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), si bien reconoció las dificultades para convocar a una reunión a poco del receso invernal y en medio de la campaña electoral para las PASO.

Sobre el tema hay varios proyectos, presentados por los macristas Daniel Lipovetzky, Pablo Tonelli y Jorge Enriquez, y el radical Luis Petri, además de otra iniciativa impulsada desde el Senado por el chubutense Mario Pais, que en 2017 contó con acompañamiento de Cambiemos.

La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió a Burgos y Lipovetzky para reimpulsar el debate en el Congreso.

La ley es apoyada también por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y busca reglamentar el juicio en ausencia para delitos graves como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, y también para los casos de delitos perpetrados por el crimen organizado, como el narcotráfico.

En el marco de la causa por el atentado a la AMIA, la reforma -que permitiría juzgar y condenar a los iraníes involucrados- es respaldada por la DAIA y rechazada por los familiares nucleados en APEMIA, Memoria Activa y la propia AMIA.