Las autoridades nacionales decidieron seguir adelante con los precios máximos de 2.300 productos que integran la canasta de consumo masivo.

La Resolución, que lleva la firma de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, establece también que este plazo podrá ser nuevamente prorrogado "en atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19".

Además, en el documento se intimó otra vez a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de todos estos productos a que aumenten "su producción hasta el máximo de su capacidad instalada" y tomen las medidas necesarias para "asegurar su transporte y provisión" durante la cuarentena.

Asimismo, la cartera aclaró que todos las comunicaciones necesarias entre las compañías y las autoridades nacionales deberán realizarse mediante la Plataforma de "Trámites a Distancia" (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que antes de esta medida se habían registrado "aumentos generalizados en el precio de venta" de algunos alimentos, así como también "de productos de higiene y cuidado personal" por parte "de empresas de diversa capacidad económica", los cuales "resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción".

Además, se resaltó que estas suban afectan "especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria" que derivó en una mayor "demanda de bienes de consumo esencial".

En este sentido, el Poder Ejecutivo destacó que "el contexto actual por el que atraviesa el país es una situación dinámica en la que pueden presentarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive dentro de las distintas jurisdicciones provinciales".

Para la Casa Rosada, esta pandemia que perjudicó tanto a la Argentina como al resto del mundo "podría provocar, si no se adoptan las medidas adecuadas, una potencial crisis social sin precedentes", por lo consideró necesario "asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas".