El proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento recibió cambios este miércoles en un plenario de comisiones del Senado, por lo que, de ser aprobado en la próxima sesión, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara baja tres meses atrás, pero su debate en el Senado se demoró porque el oficialismo decidió aplicarle modificaciones, aunque sin alterar el espíritu de generación de empleo y de divisas.

La nueva redacción fue consensuada con el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas y recibió dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda.

Juntos por el Cambio celebró que se haya destrabado el tratamiento de la iniciativa, pero pidió seguir revisando el texto y, eventualmente, hacerle más correcciones en la sesión, algo que no fue descartado por el Frente de Todos.

“Tenemos la voluntad de seguir recibiendo todas las sugerencias para poder construir la mejor ley posible”, confirmó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

El titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Exporesión, Alfredo Luenzo, destacó que la ley supone un esfuerzo de “18.000 millones de pesos” por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, publicó Parlamentario.

“Las modificaciones planteadas no lesionan los ejes principales del proyecto”, aclaró el chubutense.

Explicó que, entre otras cuestiones, se buscó “brindarle un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en residentes en zonas desfavorables y en provincias con menor desarrollo relativo”, incorporando a su vez una “mirada inclusiva y de género”.

En la nueva redacción se definen “con mayor precisión” los servicios profesionales alcanzados, y se establece que las empresas deberán acreditar que el 70% de la facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas.

Se mantiene la “estabilidad de los beneficios”, y, por otra parte, el oficialismo dispuso que el bono fiscal a otorgar -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.

Con ese bono, las empresas podrán cancelar distintas obligaciones, a excepción del impuesto a las Ganancias.

Sobre este punto planteó dudas Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que “puede generar un sesgo anti-exportador, porque lo puede usar la empresa solamente para pagar impuestos, de los cuales el más importante es el IVA, y las empresas que exportan tienen un saldo técnico a favor, porque pagan el IVA durante toda la cadena, pero exportan sin IVA”.

Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.

Por otro lado, se elimina el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, ya que el oficialismo consideró que eso podría subsanarse en la reglamentación, o bien se podría buscar otro mecanismo de asesoramiento.

La vigencia del régimen, recordó Luenzo, será del 1ro. de enero de este año al 31 de diciembre de 2029.

“Las modificaciones tienden a un principio de mayor justicia, mayor inclusión y fundamentalmente de apoyo a los sectores más vulnerables”, resaltó el senador.

Desde Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que “hay modificaciones significativas en el proyecto que demandan cierto estudio” y pidió al oficialismo abrir una ventana de negociaciones para seguir mejorándolo de cara a la sesión.

A su vez, el radical Víctor Zimmermann coincidió en que “debiéramos hacer un mayor esfuerzo” para promover el sector, y observó que con los cambios al proyecto “hay una reducción importante de los incentivos fiscales”.

Fernández Sagasti rechazó esa visión. “Las pymes y micropymes no tienen ninguna reducción de beneficios en esta propuesta del oficialismo. Creemos que son las grandes generadoras de empleo y es donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo”, sostuvo.

La senadora explicó que se decidió hacerle cambios al proyecto en lugar de avanzar con el de Diputados porque no se podía corregir a través de la reglamentación. “Era imposible para el Estado controlar y hacer cumplir los requisitos de la ley”, dijo.

Por el contrario, los radicales Zimmermann y Julio Martínez reclamaron avanzar con la aprobación sin modificaciones para no retrasar más el tratamiento.