El Radicalismo Autentico Nacional envió una carta al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales y le exigió pronunciamiento y acción sobre el caso de Lago Escondido.  

El mensaje firmado por Mario Cimadevilla, integrante de la Comisión Directiva del partido, hace referencia a la gravedad institucional del caso que involucra a integrantes del Poder Judicial, empresarios y políticos.

A continuación se reproduce el texto completo:

“Al señor presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Dr. Gerardo Morales
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica

Radical, en mi condición de integrante de la Comisión Directiva, en virtud de distintos acontecimientos que han tomado estado público, a partir del 5 de diciembre pasado, en función del mensaje que el titular del Poder Ejecutivo Nacional dirigió a la ciudadanía.

Tales acontecimientos involucran a personas que ocupan cargos públicos (a sueldo del erario público); varios magistrados del Poder Judicial de la Nación -de distintos fueros e instancias-, al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al titular de la cartera de Justicia y Seguridad del Gobierno de la CABA, los que -está acreditado documental y fílmicamente- viajaron a la provincia de Río Negro para participar -junto a otras personas- de un encuentro de varios días al que habrían sido invitados por quienes tendrían carácter de parte en procesos judiciales en trámite -o tramitados- ante los estados de los tribunales a cargo -o que integran- algunos de esos agasajados. Con posterioridad al mensaje presidencial, la Vicepresidente de la Nación difundió una serie de mensajes de un grupo de whatsapp conformado por los asistentes a dicho encuentro; mensajes que dan cuenta de la forma en que, jueces de la Nación y altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pergeñaban una estrategia para intentar justificar una -a todas luces- falsa ausencia de gratuidad del viaje y de la estadía en una -según se dice fastuosa residencia particular, emplazada en uno de los lugares más bellos de la región en la que nací y vivo, la Patagonia Argentina.

Como si todo este bochornoso episodio no fuera suficiente, el 29 de diciembre, algunos medios periodísticos difundieron nuevos mensajes que habrían sido extraídos del teléfono móvil del titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la CABA -asistente al convite- de los que surgen los términos de los diálogos mantenidos con un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien aparece “orientándolo” en la estrategia judicial y política a seguir por los integrantes del Senado de la Nación del Bloque de Juntos por el Cambio, en torno a la representación de la Cámara Alta en la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación. Existen, también, en esos mensajes difundidos, referencias a entregas de ‘sobres’ con dinero (de curso legal y de divisas extranjeras), a licitaciones vinculadas al estacionamiento vehicular en la CABA, a posibilidades de negocios con quien sería la más encumbrada autoridad política de esa jurisdicción, etc.

Frente a estos hechos, señor presidente, no podemos mirar para otro lado o hacernos los distraídos. Tampoco podemos apelar a la invocación de la irregularidad de la forma en que se ha accedido a esa información. La información está, se ha difundido, resulta altamente verosímil y la responsabilidad política no se juzga con los mismos parámetros que la responsabilidad penal.

Como al señor presidente del Comité Nacional le consta, he tenido el honor de integrar el Senado de la Nación y -por decisión del bloque de nuestro partido- el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en el período 2010-2014, en representación del Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical.

Mi preocupación y ocupación por la calidad de la prestación del servicio de justicia, estrechamente vinculada a la idoneidad técnica y moral de los jueces de la Nación, ha quedado plasmada en todos y cada uno de los dictámenes y votos que emití en ese órgano constitucional.

La extrema gravedad institucional de los hechos expuestos ante la opinión pública, en razón de la calidad, posición y función de los personajes a ellos vinculados, no puede ser soslayada por la Unión Cívica Radical.

Nuestro centenario partido no puede -ni debe- mantenerse en silencio frente a defecciones de semejante magnitud, las que sólo involucran a integrantes o personajes relacionados con el PRO, nuestro ‘socio político’ producto de un apresurado, nunca bien explicitado, ni mucho menos instrumentado, ‘acuerdo electoral’ del frente.

Como muchos, y a diferencia de varios, en la Unión Cívica Radical he aprendido y aprehendido ‘valores’ y ‘procederes’ que hoy se intentan presentar como ‘la vieja política’, porque no se compadecen con el pragmatismo que, con imprudencia y banalidad, se venera y se reclama y que, en la mayoría de los casos, se conecta más con el ‘negocio’ que con los ‘ideales’. Uno de esos valores que me ha inculcado mi militancia en la UCR es reivindicar la función moral de la política; otro es la obligación de dar testimonio, tanto en el llano como en los cargos públicos, de ese compromiso ético fundamental: ‘que se rompa pero que no se doble’, decía don Leandro N. Alem.

Es por esa obligación de dar testimonio que el silencio cómplice, la actitud genuflexa, la preservación del interés personal o del grupo, el oportunismo y otras ‘miserias humanas’ conspiran y violentan el compromiso con la función moral de la política -y de su práctica y ejercicio-, y entrañan procederes que destruyen la esencia del radicalismo, nuestra mejor tradición y -visto lo visto- la democracia y la República.

No debería ser necesario que recuerde que, cada renuncia a los valores morales de la actuación política, que son la esencia de la Unión Cívica Radical, encontrará finalmente ‘un tribunal’, social, político o de conciencia personal que, más temprano que tarde, terminará por condenarnos.

Este escándalo, derivado de la promiscua, interesada y crematística relación entre magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, funcionarios políticos del PRO, miembros del Ministerio Público Fiscal de la CABA y empresarios, habilita a suponer la ‘negociación’ de decisiones judiciales y actos de administración de gobierno (vgr. licitaciones).

Ante semejante escándalo, la Unión Cívica Radical debe sentirse interpelada y, por ello –reitero no debe mantener reprochable silencio -o mansa tolerancia- frente a la inmoralidad de la actuación de algunos militantes de un socio que, del rango de agrupación política vecinal, gracias al aporte de nuestro centenario partido en la conformación de un frente electoral, pudo -en su momento- alcanzar el control del Gobierno de la Nación y -por ahora- proyectarse a nivel nacional.

En función de todo lo expuesto, del señor presidente del Comité Nacional solicito, se convoque a la Comisión Directiva a los fines de lograr:

1.- Un expreso y urgente pronunciamiento de reprobación de la Unión Cívica Radical a estos hechos, a estas prácticas y a estos indignos personajes que no hacen más que bastardear la misión de la política y la justicia en el progreso y bienestar de la Nación;

2.- Se instruya a los integrantes de los bloques parlamentarios de nuestro partido en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así como a los representares de dichos bloques en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a adoptar las medidas que permitan el rápido desplazamiento de sus respectivos cargos, de todos los magistrados y funcionarios involucrados en estos repudiables procederes.

Sin más que decir, por el momento, saludo al señor presidente del Comité Nacional de la UCR con mi mayor consideración”.