El Frente de Todos logró este jueves que el juez Ariel Lijo le solicite al ex director de la Obra Social, Aldo Tonón, que se presente a declarar en el marco del juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

Tonón había sido citado tres veces como testigo ante la Comisión de Juicio Político pero nunca se presentó bajo el argumento de que está imputado en tres causas penales sobre presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social. Por eso, la semana pasada el oficialismo votó pedirle al juez Lijo -que entiende en dos de las causas- que lo obligue a comparecer mediante la fuerza pública.

“Notifíquese a Aldo Juan Tonón en la forma que resulte más expedita, que deberá presentarse en el día de la fecha en la Comisión de Juicio Político”, resolvió el juez.

“Esto fortalece a la comisión”, planteó Leopoldo Moreau a Infobae luego de que la presidenta de la comisión Carolina Gaillard anunciara la decisión de Lijo. Para el oficialismo esto marca un importante precedente que los favorece en el marco de la disputa que mantienen con la oposición, desde el inicio del proceso, relacionada con las facultades para citar a testigos reticentes por la fuerza. En la bancada oficialista entienden que la decisión del magistrado influirá en futuras citaciones de testigos que se niegan a declarar.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón se presentó voluntariamente y no estuvo obligado por el juez, ya que la notificación no menciona ningún apercibimiento de venir por la fuerza pública. “Si lo hubieran traído por la fuerza pública no lo habríamos permitido”, aclararon desde la oposición.

Ante la consulta de Infobae, el abogado de Tonón reconoció que se presentaron “porque los citó Lijo” pero aclaró que el juez “no lo ordenó”. “No hizo uso de la fuerza pública”, detalló Mauricio D’Alessandro.

Durante el interrogatorio, en varias oportunidades Tonón se negó a contestar para no correr riesgo de autoincriminarse en las causas abiertas. “Como estoy imputado en tres causas sobre el funcionamiento de la Obra Social, voy a hacer uso de las facultades del artículo 18 de la Constitución Nacional”, dijo.

La semana pasada, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Marchi, declaró por segunda vez como testigo ante la misma comisión y apuntó contras los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti por irregularidades en la gestión de la obra social del Poder Judicial. También denunció que fue desplazado el mes pasado de la Secretaría General de Administración, tras 15 años en el cargo, como represalia por haber entregado a la comisión cuatro informes de auditoría internos de la obra social.

En sede judicial, Marchi declaró que en 2008 se aprobó el estatuto para la Obra Social que estuvo vigente hasta 2021. Había un Directorio, un juez supremo a cargo (Maqueda) y ello rigió durante 13 años sin ninguna participación de la administración. En esa línea, contó que el 7 de abril de 2008 se designó directores a Aldo Tonón, Claudia Madies y Francisco Ramos en el Directorio. Y que al poco tiempo, según declaró el ex administrador, Maqueda hizo renunciar a Ramos y a Madies quedando solamente Tonón, quien habría estado a cargo durante gran parte del período donde las auditorías detectaron irregularidades.

“No hay ningún elemento probatorio que conste alguna irregularidad”, dijo Tonón respecto a los informes de auditoría elaborados por Marchi. Sin embargo, durante su testimonio reconoció que la Obra Social funcionaba sin sistema contable, que no se certificaban los balances y que había cargos bacantes en el Directorio.