El Senado sancionó este jueves la ley que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. La votación resultó con 39 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.

La norma fue impulsada desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien había propuesto que esta herramienta pase de la órbita del Ministerio de Justicia a su cartera. Sin embargo, ésto no prosperó.

El mes pasado, durante la media sanción en la Cámara de Diputados, esa propuesta se rechazó -se cayó en la votación el artículo- y se mantuvo que el registro esté a cargo de Justicia, tal como originalmente fue dispuesto en la Ley 26.879.

Durante el debate en comisiones del Senado, funcionarios reclamaron que se modifique, para que vaya a Seguridad. Alegaron que el cambio “se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”. Sin embargo, no ocurrió, pues el proyecto se votó tal como vino de Diputados en la sesión de este jueves.

La palabra de los senadores

Como miembro informante habló la senadora santafesina Carolina Losada, quien resaltó que “hace bastante tiempo que nos están pidiendo que hagamos algo con respecto a la inseguridad, para que los delincuentes no entren y salgan, y este proyecto de ley no debería tener absolutamente ninguna grieta, porque ¿quién querría que un delincuente, violador o asesino no sea encontrado y pague las consecuencias de sus actos? No debería ser algo que resista la grieta”.

“Tenemos la oportunidad de hacer algo y tenemos un Senado activo”, valoró, remarcando que “cada uno puede aprobar un proyecto para que lleve justicia a las víctimas. Eso no va a hacer que no haya más violaciones u homicidios, pero sí que el que las hace las pague, y también que el que no las hace sea encontrado inocente”.

Losada detalló que el proyecto permitirá ampliar el actual Registro Nacional de Datos Genéticos de delitos sexuales para que pueda ser utilizado en la investigación de todo tipo de crímenes”. Y enfatizó que “esto amplía sustancialmente el registro”.

Este registro va a incluir a personas imputadas por delitos, procesadas o condenadas; víctimas con expresa autorización; cadáveres no identificados, y entre otros casos, todo miembro de fuerza de seguridad y cualquier persona mayor que voluntariamente quiera proporcionar sus datos.

Tras brindar cifras tales como que en la Argentina hay entre 6.000 y 10.000 personas desaparecidas, Losada hizo votos por “contar con todas las herramientas que hoy nos ponen a disposición los adelantos científicos. Hoy tenemos la oportunidad de encontrar a responsables de homicidios y violaciones”.

Sobre el final de su intervención, la senadora radical pidió a “aquellos que todavía tienen dudas, que piensen bien a quiénes representamos y a quiénes queremos representar”. Y les ofreció a sus pares que cualquier duda que pudieran todavía tener ella estaba dispuesta a responderlas a lo largo de toda la sesión. “Pero por favor les pido: votemos a favor de las víctimas y hagamos que sea ley esta ampliación del Banco Genético”.

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli consideró que “acá estamos avanzando un paso para adelante, pero en realidad estamos retrocediendo varios para atrás”. Y cuestionó que se diga que “los que apoyan están con las víctimas y que los que hacen objeciones están con los delincuentes; es una falacia, una mentira”.

Tras cuestionar el tratamiento en comisiones del dictamen, que consideró fue “irregular”, el neuquino recordó: “Esta ley fue sancionada, cosa que se olvidaron decirlo, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner”. Por eso reivindicó los resultados de esta “herramienta ágil y moderna”, pero cuestionó los cambios.

En ese sentido, opinó que deberían alcanzar solamente a “los delitos que tienen más de 6 años de pena”. “Aquí se está vulnerando la Constitución Nacional, la presunción de inocencia” y convenios internacionales, apuntó, al referirse a que se podrá tomar muestra genético no solamente de condenados, sino de imputados y procesados.

Celebró que en Diputados se haya mantenido el registro bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero por las objeciones sobre el proyecto pidió la vuelta a comisión, con una preferencia para que se trate en no más de 30 días y “mejorar la ley”.

De lo contario, Parrilli pronosticó que “vamos a sancionar una ley que no se va a poder aplicar” y “le va a cargar gastos operativos a las provincias”. “Todo va a quedar en la nada y en realidad los delincuentes van a poder entrar por una puerta y salir por la otra”, agregó. Luego se votó su propuesta, pero fue rechazada por 38 votos negativos y 22 positivos.

El riojano Juan Carlos Pagotto planteó que se trata de “una prueba más” y se desmarcó de su propio Gobierno al manifestar: “Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene que estar en manos del Ministerio de Justicia y justifica que se haga una oficina o división para que actúe con celeridad y eficiencia posible”.

“Hoy con el sistema acusatorio el fiscal es la contraparte y dejarle el control de la prueba al Ministerio Público Fiscal uno tiene sus dudas porque se busca más el resultado que la verdad real”, expresó y sumó: “Quizás esta ley no es la más perfecta, pero hay que empezar a caminar”.

El libertario consideró que “nos encontramos ante un adelanto de la ciencia que tiene una alta capacidad de ser infalible”, y cerró: “Toda ley es perfectible y por eso la voto a favor”.

Fue el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, el encargado de finalizar el debate al resaltar que la ley en tratamiento es “sumamente importante para el Gobierno porque es una herramienta más en la lucha contra la inseguridad”.

“La ley fue sancionada en 2013 y desde ahí hasta ahora la tecnología y la forma de recolección de datos han avanzado mucho al igual que los registros y, por ende, tenemos que avanzar hacia el resto de los delitos y la toma de datos genéticos entrecruzados para ayudar a la lucha contra los crímenes que cuesta mucho descubrir a los investigadores”, señaló Atauche.

El jujeño indicó que la ley viene “a acompañar un conjunto de decisiones del Gobierno y un viraje en materia de seguridad y jurídica”, y planteó: “A partir de ahora los delincuentes van a ser tratados como delincuentes y las víctimas como tales. Vamos a entender las cosas de forma lógica. Los criminales en las cárceles”.

“Este proyecto incluye avances tecnológicos, es una herramienta eficiente para que, con datos entrecruzados, se pueden descubrir rápidamente los hechos delictivos y cortar con la impunidad”, finalizó el oficialismo.

Principales puntos de la ley

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo a la ley, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la norma, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos”, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original enviado por el Gobierno, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

Fuente: Parlamentario.