Un juez ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".
El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, dispone: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia
La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.
La denuncia
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral". Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.
Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.
Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
Para el Gobierno, "no se trata de una filtración casual", sino "de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral". En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo "fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales".
A través de un comunicado emitido por la Vocería de la Presidencia, el Gobierno también advirtió que "el objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas".
Además, denunció: "El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial".
La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual "prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas". En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y "preservar la transparencia del proceso electoral".
Finalmente, un juez hizo lugar al pedido y ordenó frenar la difusión de los audios.
Fuente: Ámbito Financiero.
