En caso de reunirse los tres cuerpos, los diputados estarían en condiciones -de acuerdo al reglamento de la Cámara- de poder emitir dictamen, en tanto y en cuanto se modifiquen los errores técnicos identificados en el proyecto del Ejecutivo y se llegue a un acuerdo político sobre determinados temas, entre ellos, el registro de propiedades, los límites a la titularidad de la tierra, el acceso a zonas fronterizas y la protección de recursos naturales y humanos.

Si el plenario vuelve a fracasar, esto es, si alguna de los titulares no convoca a sus respectivos cuerpos, numerosos diputados adelantaron que plantearán el tema en el recinto, según reprodujo Parlamentario.

El titular de Fedeco celebró el debate

Para Álvarez Maldonado, dirigente de Coninagro y titular de Fedeco, “no importa la premura” en el tratamiento de la Ley de Tierras, que esta semana comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. “Hay más de 14 proyectos de distintos partidos políticos sobre la Ley de extranjerización de la tierra y no podemos menospreciar ninguno”, agregó.

Para el dirigente, lo importante es que “una vez por todas, en Argentina se puede tratar este tema con libertad”, por lo que “desde el disenso tenemos que llegar al consenso”, señaló en declaraciones reproducidas por APF.

Algunos proyectos “pueden gustar más y otros menos, pero no hay que ser fundamentalistas, lo más importante es que está discusión que se está dando”, consideró.

Las críticas del FAP

Para el legislador Claudio Lozano “el proyecto del oficialismo no solo es tardío en su llegada al Congreso, sino que es viejo en términos conceptuales”, y “merece mucho estudio y profundas modificaciones”.

Según el diputado porteño, “de acuerdo a los números que hoy se manejan respecto a la extranjerización existente”, si se aplica el 20 por ciento como tope máximo a la titularidad de la tierra, “aún habría margen para que los extranjeros sigan comprando. Por ende, el tope pareciera demasiado alto”.

Además, Lozano consideró que el proyecto del Gobierno “no considera las actuales formas de producción, concretamente el arrendamiento, que permiten que el capital (vía el alquiler de miles de hectáreas) pueda explotar la tierra en una escala superior a la de sus propias propiedades”.

“Así, aún bajo control local de la propiedad, vía arrendamiento, el capital extranjero puede explotar la tierra sin inconvenientes”, expresó.

Por su parte, Ricardo Cuccovillo (PS), autor de uno de los proyectos en cuestión, destacó la importancia de “que se impida la venta de espejos de agua dulce, de lugares con reservas naturales y de zonas limítrofes, a la vez que se debe fijar un límite de compra importante”.

Sin embargo, entre otros puntos cuestionados al proyecto del Ejecutivo, el diputado socialista destacó que “hoy ya tenemos el 10 por ciento del territorio en manos de extranjeros y llevarlo al 20 por ciento como establece el proyecto del Gobierno es habilitar a que duplique ese número que ya es un despropósito, aspiramos a que esa cifra se pueda modificar”.