El artículo 66 del Presupuesto 2012 aprobó la creación del “Fondo Fiduciario Gasoducto Noreste Argentino (GNEA)”, que será alimentado con un nuevo “cargo a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y distribución, los consumidores que reciben directamente el gas de los productores y las empresas que procesen gas natural”.
Los recursos que ingresen al fondo se usarán para “financiar, avalar y pagar las inversiones, tributos y gastos conexos” que sean necesarios para la construcción del GNEA y las nuevas redes domiciliarias de las zonas que serán abastecidas por el gasoducto.
En tanto, el artículo 67 creó otro cargo tarifario que la administración podrá utilizar para un amplio abanico de obras que abarca a gasoductos troncales y regionales, redes domiciliarias e instalaciones internas que permitan el acceso de nuevos usuarios al suministro de gas natural.
En ambos casos, el encargado de fijar y administrar los cargos será el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, quien deberá informar cada tres meses al Congreso sobre los montos recaudados y la ejecución de las obras.
Los nuevos componentes tarifarios se sumarán a los que ya vienen desembolsando desde 2006 los medianos y grandes clientes industriales para pagar las obras de ampliación de las transportadoras TGN y TGS y al cargo extra creado en 2008 para atender las importaciones de gas que alcanza a casi todos los usuarios residenciales, comercios e industrias, consignó Clarin .
Según los últimos cálculos oficiales, el proyecto integral del GNEA implicará una inversión superior a los $ 24.000 millones.
Se trata de un megaemprendimiento de infraestructura para aumentar las actuales importaciones de gas de Bolivia de 7,7 millones de metros cúbicos a 28 millones de metros cúbicos diarios.
La obra –que permitirá extender el servicio de gas a las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe– se viene anunciando desde 2004, pero hasta ahora no se pudo poner en marcha por la falta de fondos y porque Bolivia no está en condiciones de garantizar las mayores entregas que han sido pactadas para los próximos años.
Fiscal federal Fernando Domínguez.
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